La ANP advierte que los medios son castigados con impuestos y medidas políticas.
Este artículo fue publicado originalmente en anp-bolivia.com el 26 de enero de 2018.
La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) denunció que 11 leyes y decretos que obligan a la difusión gratuita de campañas gubernamentales, la persecución tributaria a medios independientes y la amenaza de imponer otra carga equivalente a una tercera parte del Impuesto a las Transacciones (IT) amenazan la estabilidad financiera de radios, canales de televisión, portales web y diarios hasta empujarlos al borde del cierre.
La ANP informó que sindicalistas afines el Gobierno están impulsando el pago de un nuevo impuesto destinado a un fondo «privado» que representa un tercio del Impuesto a las Transacciones (IT), bajo el argumento de crear un seguro de vida para periodistas, pero este proyecto es cuestionado, según la Asociación, por su falta de transparencia.
Este «nuevo golpe financiero determinará el cierre de pequeñas y medianas empresas de noticias, y en lugar de garantizar el seguro de vida para periodistas, conducirá al cierre de medios de comunicación. En consecuencia, los potenciales beneficiarios corren el riesgo de perder su empleo», alertó esta organización que representa a los principales diarios del país y una agencia de noticias.
La institución, mediante un comunicado de prensa, calificó de «irracional» la aplicación del aporte de 1% del ingreso real y efectivo de los diferentes medios de comunicación (escritos, radiales, televisivos y digitales privados) señalado en el artículo 6 de la «inconstitucional» Ley 554.
Además, consideró que la cuestionada normativa es discriminatoria porque favorece a los productores independientes autogestionarios, medios de comunicación de naciones y pueblos indígena originario y comunitarios con solo la cuarta parte del impuesto, es decir, el 0,25%.
La ANP aseguró que la intención de la Ley es descargar el mayor peso en las empresas privadas de comunicación, que al momento ya se encuentran muy golpeadas por diferentes determinaciones que se asumieron en los 12 años del Gobierno actual.
Agregó que ahora lo que se busca crear un millonario fondo que, según la Ley 315, generará excedentes que «podrán ser destinados para cubrir otros beneficios de carácter general». Sin embargo, la ANP propuso la contratación de un seguro de vida exclusivamente para los dependientes de cada medio impreso, con mejores condiciones de cobertura para los asegurados, lo que significaría una inversión menor, viable y con una sostenibilidad garantizada para las empresas de comunicación.
La ANP dijo que es innecesaria la generación de «excedentes» a costa de la estabilidad laboral de los trabajadores y la estabilidad financiera de los medios para fines indeterminados.
«Actualmente, las empresas legalmente establecidas pagan el seguro social obligatorio y realizan aportes a los fondos de pensiones en fiel y estricto cumplimiento del artículo 48 de la Constitución Política del Estado. (Por eso) la imposición de un doble aporte que afecta a las primas de los trabajadores y su propia estabilidad laboral, es inconstitucional», justificó.
Aunque la organización también aclaró que a pesar de ser un doble aporte, la ANP está dispuesta a contratar seguros de vida en favor de sus propios dependientes de manera directa y no a un «inconstitucional fondo privado».
Los medios, el sector más castigado
La Asociación también denunció que mientras otros sectores obtienen estímulos a sus actividades económicas, comerciales y productivas, los medios de comunicación independientes son los más castigados con políticas gubernamentales dirigidas a debilitar y asfixiar sus finanzas.
Muestra de ello es que la semana pasada, el propio presidente Evo Morales promulgó la onceava norma que obliga a publicar avisos a todos los medios generando altos costos adicionales, pero sin ninguna compensación. El decreto tiene por finalidad proteger a los niños, pero incluye un artículo que violenta otra vez a la frágil economía de los medios privados.
«La ANP lamenta y condena las acciones del Gobierno tendientes a la asfixia económica de los medios independientes», aseveró el presidente de la organización, Marcelo Miralles Iporre.
El decreto dispone que los canales de televisión difundan mensajes elaborados por el Ministerio de Justicia durante 15 minutos al mes. Las radioemisoras incluirán 25 minutos de avisos gratuitos y los diarios un mínimo de una página al mes.
«Es un atentado contra la libertad de prensa ya que si continúa esta tendencia, llegará el momento en que no existan espacios para difundir noticias en los medios impresos», explicó Miralles. «Las 11 normas (impuestas) son inconstitucionales porque nadie puede ser obligado a prestar un servicio sin su consentimiento y sin una justa retribución», acotó.
Asimismo, la ANP señaló que tras la publicación de noticias incómodas para el Gobierno, agentes de la oficina tributaria visitan las casas periodísticas con la finalidad de hallar errores en el pago de tributos, y en muchos casos aplican sanciones económicas arbitrarias.
El 2016, la propia ANP sufrió el congelamiento de cuentas bancarias y una pesada multa.
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