Cambios en el ambiente y una transición lenta: el resumen del año de Moreno quien desde un inicio marcó un estilo distinto; abierto al diálogo y sin confrontación.
Este artículo fue publicado originalmente en fundamedios.org el 21 de mayo de 2018.
Cambios en el ambiente y una transición lenta. Así se podría resumir el primer año del gobierno de Lenín Moreno quien, desde un inicio, marcó un estilo distinto; abierto al diálogo y sin confrontación. Para el estado de la libertad de expresión, el bajar la polarización y el nivel de confrontación con la prensa fue una buena señal a la que hay que sumar hechos como la eliminación de los enlaces ciudadanos -como espacios de ataque y estigmatización a periodistas y ciudadanos críticos al poder-, el refrescamiento y cambios en la línea editorial de los medios en manos del Estado -acostumbrados a atacar y hacer campañas para descalificar a quienes pensaban distinto, la destitución del cuestionado Superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, y el envío de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), con la respectiva eliminación de la Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM), entidad que, desde su creación en octubre de 2013, se dedicó a sancionar y multar a los medios.
Las sanciones contra los medios de comunicación, el uso abusivo del poder estatal y las agresiones verbales, que en el gobierno de Rafael Correa ocupaban los primeros lugares, pasaron a un segundo plano. Con la salida de Carlos Ochoa de la SUPERCOM y las críticas a esta entidad, las multas y sanciones casi desaparecieron y el uso y abuso del aparataje estatal dejó de sumar cifras relevantes. Lo mismo ocurrió con las agresiones verbales que disminuyeron su intensidad tras el cambio de mando de gobierno y la eliminación de las llamadas sabatinas.
Sin embargo, esto no significa que las agresiones mencionadas no se produzcan, o que el total de agresiones dejen de ser preocupantes, de hecho, el 26 de marzo de 2018, el Ecuador vivió uno de los episodios más graves y tristes en la historia del periodismo con el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio, plagiados en la localidad de Mataje, ubicada en la frontera norte, en Esmeraldas por parte de grupos armados disidentes de las FARC, cuando ellos realizaban su trabajo de cobertura en la zona.
Además de este lamentable hecho, durante este primer año de gobierno de Moreno, los principales ataques se centraron en la vulneración a los derechos digitales, con hackeos, censura en internet, así como agresiones físicas, que en su mayoría, fueron perpetradas por agentes externos al Estado. Justamente, por hechos como lo ocurrido con el equipo periodístico y anteriores atentados en la frontera norte, que han cobrado la vida de cuatro militares, la principal preocupación de los últimos meses ha sido la inseguridad y el narcotráfico.
Por otra parte, a través del espacio de rendición de cuentas El Gobierno informa que se transmite todos los lunes, desde el 12 de junio de 2017 hasta el 14 de mayo del 2018 – primer año de gestión del presidente de la República, Lenin Moreno – se han realizado 47 enlaces, que suman 454 minutos con 1 segundo, lo que representa un total de 8 horas de un día laborable.
Los temas que más se trataron en este espacio fueron los políticos, específicamente los relacionados a la consulta popular, la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, y el informe sobre las actividades semanales del presidente Moreno y sus ministros.
Otro de los ámbitos desarrollados en Ël Gobierno Informa fue el aspecto social, como: Casa para todos y Misión Manuela Espejo. Y también los planes: Agua para todos y Menos pobreza más desarrollo.
Un año en cifras
El primer año de Lenín Moreno, contabilizado desde el 24 de mayo de 2017, hasta este 24 de mayo de 2018, registró un total de 156 ataques a la libertad de expresión. Una cifra que solo se equipara al número de agresiones registradas en los inicios del correísmo, cuando, en 2009, 2010 y 2011, se reportaron 103, 151 y 156 casos, respectivamente, contrastando con las cifras de 2015 y 2016, que cerró con 499 y 491 casos. Años que representaron la época más violenta para la libertad de expresión en el Ecuador, desde que se llevan registros.
2017 fue un punto de inflexión, ya que, además del cambio de gobierno que ocurrió el 24 de mayo de 2017, fue el primer año en donde se dio una baja en las cifras de agresiones, con 297 casos.
En marzo, abril y mayo de 2017, los últimos meses del gobierno de Rafael Correa, se reportaron 113 ataques, en contraste con los primeros tres meses del gobierno de Moreno, en donde ya se evidenció una caída mayor al 50% de las agresiones, con 54 casos, entre junio, julio y agosto. Desde ese momento ya se vio una tendencia a la baja en las cifras de ataques.
La principal agresión en este primer año de gobierno de Moreno se dio en el mundo del ciberespacio, por vulneración a los derechos digitales, con 40 casos. Dentro de estos, se incluyen 17 ciberamenazas y acoso sistemático por redes y medios sociales; 17 hechos de censura por internet y 6 de hackeos a portales de medios nativos digitales, así como a portales de medios tradicionales.
En este apartado cabe mencionar casos como las ciberamenazas que cada vez han ido reemplazando a las amenazas tradicionales. Es el caso ocurrido el pasado 15 de octubre de 2017 en contra de la periodista y conductora del espacio de entrevistas Desayunos de 24 Horas de Teleamazonas, Janeth Hinostroza. Desde la cuenta de Twitter «Alerta-911», presumiblemente troll, se amenazó a la periodista con “meterle un tiro”. El hecho ocurrió en medio de una discusión entre Hinostroza y el exfuncionario de la Secretaría Nacional de Comunicación, Secom, Roberto Wohlgemuth. La periodista lo increpó en la red social por su defensa al vicepresidente Jorge Glas, quien ha sido investigado por actos de corrupción relacionados a la empresa Odebrecht.
En segundo lugar se ubican las agresiones físicas, con 26 casos. De estas, el mayor número se concentra en ataques a la integridad física de periodistas y ciudadanos; 9 por actos de intimidación, acoso o persecución; 5 por impedimentos de cobertura y el hecho más grave de este período, con el secuestro y asesinato del periodista Javier Ortega, el fotoperiodista Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra.
Las semanas más tristes para el periodismo ecuatoriano
El episodio que vivió el Ecuador el pasado 26 de marzo de 2018 ha sido calificado como uno de los más impactantes en la historia del periodismo. La noticia se conoció a través de un comunicado emitido por la Secretaría de Comunicación SECOM, que informó la madrugada del 27 de marzo, de la presunción de secuestro a los comunicadores. En ese sentido, el gobierno dijo que activó todos los protocolos de seguridad y de investigación a fin de precautelar la integridad de los periodistas. «Ministros de Defensa, del Interior y el Fiscal General del Estado se reunieron con los familiares y representantes del medio de comunicación para adoptar las acciones pertinentes» apuntó el comunicado oficial.
Horas más tarde, en una rueda de prensa, el ministro del interior César Navas confirmó que el secuestro de los comunicadores ocurrió en la mañana del día anterior, tras pasar un retén de control militar en donde fueron advertidos sobre los peligros de circular en la zona. En su momento, aseguró que los periodistas están bien, que podrían estar en territorio colombiano y que se había dado un primer contacto con los secuestradores, sin dar más detalles. Tras esto, hizo un llamado a los medios a acudir a las fuentes oficiales para obtener la información y anunció que, en este caso, la vocería será exclusiva del Ministro del Interior, a través de la Secretaría de Comunicación. Esa misma noche, periodistas, familiares, amigos y activistas realizaron la primera vigilia en la Plaza Grande, en el Centro Histórico de Quito y en la Plaza San Francisco en Guayaquil. La convocatoria se hizo bajo el hashtag #Nosfaltan3.
El 29 de marzo de 2018, el ministro César Navas desmintió una información que fue enviada desde medios colombianos en donde se aseguró que se liberó al equipo periodístico. Al respecto, el ahora exMinistro indicó que la liberación es un dato falso y calificó como «una irresponsabilidad» la actuación de los medios colombianos y afirmó que el anuncio entorpeció las negociaciones. Eso lo dijo minutos antes de reunirse con los familiares de los secuestrados.
En la madrugada del 03 de abril de 2018, nuevamente los medios colombianos enviaron información sobre el caso. Ese día, Noticias RCN de Colombia difundió un video de la prueba de vida, en la que los tres secuestrados se dirigen al presidente Lenin Moreno y exponen las condiciones requeridas por los captores para su liberación.
En el video casero difundido por Noticias RCN, se observa a los tres hombres con cadenas que rodean sus cuellos y candados, con semblante de preocupación y tristeza. Se escucha a Javier Ortega, periodista secuestrado, decir: «Presidente Lenín Moreno en sus manos están nuestras vidas. Ellos lo único que quieren es el intercambio de sus tres detenidos en Ecuador por nuestras vidas para ir sanos y salvos a Ecuador. Y también la anulación de ese convenio que tiene Ecuador y Colombia para acabar con el terrorismo».
Hasta ese momento se conocía de la existencia de dos videos que daban fe de que el equipo periodístico de Diario El Comercio continuaba con vida. En el primero, el cual fue presentado por autoridades ecuatorianas a los representantes de los familiares de los secuestrados, se observa que ellos no están encadenados y se los ve estables, mientras en el segundo las condiciones de los periodistas cambian.
El gobierno de Ecuador, a través de un comunicado, manifestó su profundo malestar. «Rechazamos enérgicamente la mediatización del video por parte del canal de televisión colombiano y reiteramos el pedido a los medios de comunicación nacionales para un uso responsable y correcto de la información, que no lesione a los familiares, ni afecte de modo alguno el proceso de investigación….», rezaba el documento.
Tras días de vigilias y una escasa respuesta de parte del Estado, los familiares del equipo reporteril de El Comercio se reunieron la mañana del 10 de abril con el Presidente Lenín Moreno y su equipo ministerial en el Palacio de Carondelet y una de las propuestas hechas al Ejecutivo fue aumentar el nivel de comunicación con los captores para estar seguros del estado de salud de los plagiados.
La mañana del 11 de abril medios colombianos como Revista Semana, Radio Blu, entre otros dieron la primera alerta al divulgar un comunicado atribuido al frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las FARC que opera en el suroccidente del país, en el que daban por hecho los asesinatos. En el documento se afirmaba que los gobiernos de Ecuador y Colombia «no quisieron salvarle la vida» a los tres comunicadores secuestrados y se fueron por la vía militar, haciendo desembarcos en varios puntos donde se encontraban los retenidos, lo cual produjo su muerte.
Navas se limitó a desmentir información respecto a que se hayan realizado operaciones ofensivas en la zona. «Hemos realizado operaciones de control permanente pero no ofensivas, y del mismo modo, una vez que conocimos del secuestro pedimos que no se ejecuten operaciones que comprometan la integridad de los tres compatriotas secuestrados», apuntó el Ministro. Sobre este supuesto comunicado, la Secretaría de Comunicación también informó a través de su cuenta oficial en Twitter, que las autoridades están verificando la información y que una vez que se cuenten con datos verídicos al respecto, lo darán a conocer a través de los canales oficiales.
Tras este comunicado, el 12 de abril llegó a FUNDAMEDIOS fotografías que dieron cuenta de la situación de los tres comunicadores. Tras recibirlas de manos del medio colombiano RCN, se envió inmediatamente a verificación de las autoridades. Cerca de las 20:00, el ministro del interior, César Navas y el Coronel Fausto Olivo, coordinador de criminalística informaron que se realizaron análisis periciales a las fotografías, y que pudieron concluir que, por métodos pre científicos, las prendas son coincidentes con las dos personas secuestradas y por medio del análisis biométrico del rostro, existe una alta probabilidad de que sea coincidente con la identidad de otro de ellos. Horas más tarde, el presidente Lenín Moreno, quien se encontraba en Lima para la Cumbre de las Américas, anunció su retorno inmediato al país y cerca de la medianoche dio una rueda de prensa en donde dio un plazo de 12 horas para que los secuestradores envíen una prueba de vida de los comunicadores.
Cerca de las 13:00 del 13 de abril y al cumplirse el plazo de 12 horas que dio el presidente Lenín Moreno, el Primer Mandatario confirmó de manera oficial el asesinato del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra. «Lamentablemente tenemos información que confirman el asesinato (…) los criminales nunca tuvieron la voluntad de entregarlos sanos y salvos, querían ganar tiempo», apuntó Moreno, quien anunció que se tomarán medidas enfocadas al combate de estos grupos armados.
Un nuevo comunicado atribuido al ‘Frente Oliver Sinisterra’, al mando de alias ‘Guacho’, anunció el 16 de abril de 2018 la suspensión de cualquier tipo de actividad humanitaria con relación a la entrega de los cuerpos de los comunicadores de diario El Comercio. El documento, que estaba dirigido al Comité de la Cruz Roja y familiares de los periodistas, mencionó cuatro puntos en donde detalló las razones de esta suspensión. Una de ellas es que los gobiernos de Ecuador, Colombia y los «gringos», insisten en la represión, enviando a más tropas a la zona; también mencionan que los gobiernos de ambos países continúan «secuestrando a gente inocente». Según RCN, el comunicado ya está en conocimiento del Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional, de los gobiernos y familiares de los tres periodistas ecuatorianos.
Hasta el cierre de este informe, no ha sido posible recuperar los cuerpos de los comunicadores pese a los pedidos e intentos de diálogo entablados por los familiares de las víctimas, con las autoridades de Ecuador y Colombia. Por esta razón, legalmente, los periodistas están en situación de desaparecidos, no de asesinados
Mientras tanto, los familiares, Fundamedios y la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, de Colombia pidieron a la CIDH la conformación de un Grupo de Expertos que acompañe las investigaciones sobre el secuestro y desaparición de los periodistas. Este pedido ha sido aceptado por el Gobierno ecuatoriano y después de una reunión de las familias con el presidente colombiano Juan Manuel Santos, Colombia también se uniría a la conformación de este grupo investigador.
