El 11 de noviembre fue detenido Andrés Ricardo Ortiz Lara, señalado como el principal responsable de realizar un fraude cibernético en julio pasado contra La Prensa Gráfica de San Salvador.
Este artículo fue publicado originalmente en sipiapa.org el 13 de noviembre de 2015.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) resaltó su satisfacción por resultados positivos de investigaciones oficiales sobre ataques cibernéticos contra un diario salvadoreño, y destacó la importancia de denunciar estos delitos contra los medios y el periodismo libre.
El 11 de noviembre fue detenido Andrés Ricardo Ortiz Lara, señalado como el principal responsable de realizar un fraude cibernético en julio pasado contra La Prensa Gráfica de San Salvador. El diario denunció en esa oportunidad ante la Fiscalía General de la República la clonación de su sitio web, la violación de sus distintivos comerciales y la publicación (en versiones electrónicas clonadas) de entrevistas falsas presuntamente realizadas a José Roberto Dutriz, presidente del periódico.
Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, se mostró satisfecho por la investigación de las autoridades que ha llevado a identificar a un responsable, «evitándose así la impunidad del delito». Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda instó a su vez a los medios de comunicación a «estar alertas y ser constantes en la denuncia de los ataques cibernéticos».
A Ortiz Lara, programador y desarrollador de internet, se le imputan los delitos de violación a distintivos comerciales, falsedad material y violación a derechos de autor y conexos. Un documento de identidad decomisado reveló que en 2013 trabajó en la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción de la Casa Presidencial (gobierno anterior) durante seis meses. La Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia confirmó que la labor de Ortiz Lara consistió únicamente en la creación de un sitio web.
La Prensa Gráfica en su editorial de hoy destacó que: «Hay que ir sentando precedentes en la defensa continuada de la libertad de expresión y en el debido respeto al trabajo de los medios» y agregó que «este caso debería servir de impulso decisivo para que se apruebe la legislación directamente dirigida a perseguir y castigar los delitos cibernéticos».
Una comisión de seguridad pública de la Asamblea Legislativa salvadoreña analiza la propuesta de la Ley Especial de Delitos Informáticos y Conexos.
