Entre las violaciones destacan la intimidación, la censura y el hostigamiento. Los principales afectados siguen siendo los periodistas, medios y ciudadanos quienes constantemente son afectados por funcionarios, cuerpos de seguridad y las instituciones.
Este artículo fue publicado originalmente en espaciopublico.ong el 3 de septiembre de 2019.
El octavo mes del año cerró con 57 violaciones a la libertad de expresión, que corresponden a 23 casos, entre los que destacan la intimidación, la censura y el hostigamiento. Los principales afectados siguen siendo los periodistas, medios y ciudadanos quienes constantemente son afectados por funcionarios, cuerpos de seguridad y las instituciones.
Con las cifras de agosto suman 845 violaciones en el transcurso del año, intensificando los niveles de abuso según el contexto informativo y los intereses del poder para silenciar la expresión de los venezolanos.
¡Censura a la orden!
Este mes los casos de censura fueron recurrentes, la imposición de medidas administrativas cercó la expresión de humoristas, periodistas y ciudadanos. Resalta en agosto el caso de Emilio Lovera, quien denunció la noche del sábado 17 de agosto a través de su cuenta en Instagram que funcionarios del Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) suspendieron las presentaciones que el comediante tendría ese fin de semana en el anfiteatro de El Hatillo.
Lovera informó que los funcionarios vieron como “sospechoso” el hecho de que ni él, ni su compañía declararon el último año fiscal; a lo que el actor indicó que “deben saber que pertenecemos a una selecta élite de contribuyentes especiales a quienes nos acosan fiscalmente. El caso es que no se puede declarar lo que no se ha ganado; en el último año prácticamente no he trabajado porque en junio del año pasado fui diagnosticado con cáncer de colon y debido a la naturaleza de la enfermedad y a las complicaciones del tratamiento, tuve que retirarme de los escenarios para curarme”, expresó el comediante.
El actor quien había anunciado las funciones hace poco más de un mes, informó que las nuevas fechas las hará saber próximamente y aseguró la devolución del dinero a quien lo requiera. “Trataremos en el futuro de buscar la manera de evitar estas represalias en nuestros eventos, pues yo no me rindo ante ningún tipo de cáncer”, puntualizó.
Emilio Lovera es actor y humorista venezolano, conocido por su participación en el programa Radio Rochela de RCTV, por realizar el doblaje de todas las voces en la serie animada Isla Presidencial y por ser el conductor del otro talk show humorístico Misión Emilio.
Al igual que el show de Emilio, la Fundación Espacio Abierto se vio obligada a suspender el foro “El aislamiento internacional del régimen, alcances y consecuencias” el pasado 13 de agosto por presiones del gobierno, informó el portal digital Tal Cual.
El medio reveló que funcionarios del gobierno amenazaron al Colegio de Ingenieros de Caracas con sancionarlos si se llevaba a cabo el evento cuyos ponentes eran los internacionalistas y profesores universitarios: Giovanna de Michelle, Félix Arellano y el dirigente político Américo Martín.
La Fundación Espacio Abierto de acuerdo con su mandato, realiza un foro mensual sobre temas de actualidad desde hace varios años. Son un foro abierto a todas las ideas y tendencias políticas. Promocionan la democracia, los derechos humanos, el estado de derecho y de la libertad en sus eventos públicos
Otra de las víctimas de la censura este mes, fue el periodista Walter Martínez, conductor y productor del programa Dossier, transmitido por el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV). Martínez denunció que por órdenes de la directiva no pudo entrevistar al dirigente del partido Organización Renovadora Auténtica (ORA), Luis Reyes, en su programa, por lo que se vio en la obligación de suspender la emisión.
A través de la red social Twitter, el periodista informó que el presidente de VTV, Freddy Ñáñez, le comunicó que, por orden del ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, el invitado que tenía pautado entrevistar no podía salir al aire.
El uso del poder para amenazar
Durante este mes, funcionarios aprovecharon sus espacios de poder para hostigar a reporteros, ciudadanos y activistas. Uno de estos casos lo vivió el equipo de prensa del canal Venezolanos por la Información (VPITV), quienes fueron amenazados con dispararles luego de que grabaron unas imágenes frente a la sede de Alimentos Friosa, expropiada en el año 2010 por el fallecido presidente Hugo Chávez Frías.
Carlos Suniaga, reportero del Canal 1, señaló que estaba junto a su camarógrafo José Medina y el chofer Darío Jiménez en la sede de Friosa ubicada en el estado Bolívar, tomando las fotografías que requería para un reportaje especial que está haciendo sobre las empresas que habían sido confiscadas por el gobierno hace nueve años.
“Estábamos en la calle, ni siquiera fue que pasamos a la empresa, y desde adentro nos grita alguien –que suponemos que era de seguridad– y nos amenaza con darnos un plomazo”, dijo Suniaga.
El equipo logró grabar el momento en que fueron amenazados y posteriormente se retiraron del lugar porque “consideramos que ya no era seguro estar allí y cuando nos retirábamos siguieron diciendo groserías”, dijo Suniaga.
Las amenazas no son solo durante la cobertura, ni van exclusivamente dirigidas solo a periodistas. El pasado martes 13 de agosto, la presidente de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, denunció a través de la red social Twitter que ella y su esposo fueron amenazados vía telefónica, la tarde de ese día.
San Miguel informó que recibieron llamadas telefónicas de parte de un hombre no identificado, que la llamó por su nombre y les advirtió tener información de que ella y su esposo eran el objetivo.
“En llamadas realizadas a mi teléfono y al de mi esposo, entre las 16:00/16:30 hrs recibimos amenazas de un sujeto que me identifica junto a mi grupo familiar como objetivo”, detalló Rocío en la red social.
Rocío San Miguel es una reconocida activista de la sociedad civil venezolana, cuya labor en favor de la defensa de los derechos humanos puede incomodar a un sector del poder, pues ha denunciado la politización de la Fuerza Armada Nacional así como la proliferación de grupos armados al margen de la ley con anuencia del Estado venezolano.
En el estado Sucre, Ariana Agreda, corresponsal del canal digital VPI TV fue amenazada por tres funcionarios de la GNB mientras culminaba su trabajo periodístico en el sector La Trinidad de la ciudad de Cumaná.
Agreda estaba en el lugar dando cobertura a una protesta de vecinos por el desborde de unas aguas servidas, que invadieron sus casas razón por la cual sus habitantes tuvieron que maniobrar con varias herramientas para poder entrar y salir de sus hogares. La periodista tomó testimonios de los afectados y, al culminar, llegaron algunos funcionarios de obras públicas estatales, quienes conminaron a los residentes del lugar a que ellos mismos limpiaran los drenajes de las cloacas, acción que se tornó en molestia para los afectados. Posteriormente, se presentaron tres funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y amenazaron a la reportera con quitarle su teléfono celular si seguía grabando.
El peligro de hacer coberturas
Cuerpos de seguridad y funcionarios públicos impidieron el acceso a los trabajadores de la prensa a distintos hechos; uno de estos fueron los equipos de Caraota Digital, Caracol, El Venezolano Tv y Univisión que cubrían la graduación de bachiller de Rufo Chacón.
El personal de la Zona Educativa fotografió y grabó a los periodistas al tiempo que le negaron el acceso al acto de grado del joven que se realizó en el auditorio de la Casa Sindical de San Cristóbal estado Táchira.
Durante la restricción del paso, los reporteros fueron golpeados por un civil que luego de hostigarlos se puso violento «no nos dejaron ingresar, me dieron unas patadas, yo tuve que defenderme con el trípode» comentó a Espacio Público el periodista, Rafael Urdaneta de El Venezolano Tv.
En el estado Monagas, el equipo periodístico de Globovisión, VPITv y Venevisión fueron desalojados por funcionarios de la GNB cuando cubrían una protesta de transportistas en la sede de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) la mañana del jueves 28 de agosto, en la capital del estado.
Los periodistas Johnny Ulloa, Luis Bustamante y Mariana González, fueron amenazados por un trabajador de la estatal quien insistía en que desalojaran el lugar «por las buenas» al tiempo que los transportistas que protestaban intentaban protegerlos de los motorizados que enviaron para intimidarlos. En el hecho, la periodista Mariana González fue agredida por un funcionario de Pdvsa protegido por los efectivos de la GNB.
Al menos dos periodistas fueron detenidos este mes. El primer caso se trata de Paula Thomas quien fue detenida por funcionarios de la GNB mientras realizaba unas fotografías en la frontera entre Colombia y Venezuela el miércoles 14 de agosto.
Thomas estaba en Cúcuta trabajando en un fotoreportaje para la organización colombiana De Justicia cuando ocurrió el hecho. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó a través de la red social Twitter que Thomas fue liberada horas después. “La periodista colombiana había sido detenida por funcionarios de la Guardia Nacional venezolana, cuando hacía fotos en la frontera entre ambos países”, alertó.
Al día siguiente, en el estado Nueva Esparta, la periodista Lisbeth Miquilena, fue detenida por la GNB mientras realizaba fotografías al gimnasio vertical de la comunidad La Blanquilla, del municipio Tubores.
«La funcionaria que dirige el gimnasio me abordó cuando tenía más de una hora en el recinto y junto a dos GNB me obligaron a borrar las fotografías. Me preguntó por qué yo estaba tomando fotos» contó la periodista a Espacio Público.
Miquilena realizaba un trabajo sobre las actividades que desarrolla el gimnasio cuando fue trasladada al Comando de la Guardia Nacional en Punta De Piedra, Municipio Tubores, donde la mantuvieron detenida por más de dos horas. Durante el tiempo de detención fue interrogada y obligada a borrar el material que realizó en la instalación deportiva administrada por el Ministerio de Deporte.
La arremetida de la fuerza pública durante el ejercicio de labores periodísticas violentan los estándares de libertad de expresión e información pues dichas acciones tienen como objetivo impedir la difusión libre y plural de información, lo cual constituye una violación al derecho a la libertad de expresión, consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, la Carta Magna establece en su artículo 23 que los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional, así como en su artículo 19 expresa que es deber del Estado venezolano garantizar el goce y ejercicio de los derechos fundamentales, y el respeto y garantía de los mismos por parte de los órganos del Poder Público.
Las instituciones y sus trabas
Durante la emisión de su programa de radio, Contacto, el gobernador del estado Yaracuy, Julio León Heredia, ordenó la expropiación de la sede del El Diario de Yaracuy.
Con tono autoritario el Gobernador acusó al señor Gianfranco Napolitano de saquear y robar a Yaracuy y pidió a miembros de su equipo proceder con el proceso de expropiación:
«Le pido a la consultoría jurídica emitamos el decreto de expropiación inmediata de las instalaciones de un Diario que tiene por aquí y una casa que tiene por ahí bajando por la avenida La Paz, que bastante que la necesitamos, para las misiones» expresó el gobernador.
En la misma línea de desaparecer medios de comunicación, funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), decomisaron los equipos de la emisora Súper Estación 107.3 FM, en San Felipe estado Yaracuy, el viernes 9 de agosto.
Los funcionarios aseguraron que la medida se debió a que la emisora con más de 25 años al aire, operaba con la concesión vencida. Durante la inspección cargaron con dos micrófonos, 1 monitor, 1 mouse, 1 teclado, 1 cpu, 1 cónsola de audio, 1 transmisor de enlace y el teléfono Cantv de la radio.
En la Isla de Margarita, el programa Bajo La Lupa fue retirado de la parrilla del canal regional Unicable TV, luego de que Conatel amenazara con el cierre del canal sino se dejaba de transmitir el programa.
El espacio de opinión que era transmitido a través de la emisora Encuentro 88.7 FM, lo conducían Deudelis Oviedo y Jonás Jiménez, en el que los distintos actores de la vida pública del estado Nueva Esparta podían debatir acerca de la situación del estado. Dos días después también el programa radial también fue obligado a salir de la frecuencia radioeléctrica.
En entrevista a Espacio Público, Jonás Jiménez, indicó que el presidente de Unicable TV recibió una llamada del gerente de Conatel para pedir que el programa fuese sacado del aire o de lo contrario el canal tendría problemas jurídicos.
Entre las consecuencias de estas violaciones está el arraigo del temor a la denuncia, sumado a que los principales agresores son emprendidas por figuras de poder del Estado. Estas prácticas nos hacen retroceder en materia de libertad de expresión y las consecuencias reales se evidencian en la censura, la autocensura y la ausencia de espacios de intercambio libre, abierto y plural de ideas o información esenciales en las sociedades democráticas.
