(CENCOS/IFEX) – A tres años del «secuestro legal» de la periodista Lydia Cacho Ribeiro por parte de elementos de la Policía Judicial del Estado de Puebla a las puertas del Centro Integral de Apoyo para las Mujeres en Cancún, Quintana Roo (sureste), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió recomendaciones a los gobernadores […]
(CENCOS/IFEX) – A tres años del «secuestro legal» de la periodista Lydia Cacho Ribeiro por parte de elementos de la Policía Judicial del Estado de Puebla a las puertas del Centro Integral de Apoyo para las Mujeres en Cancún, Quintana Roo (sureste), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió recomendaciones a los gobernadores de Puebla, Mario Marín y Quintana Roo, Félix González Canto, respecto a la detención irregular y tortura física y psicológica a la que fue sometida el 16 de diciembre de 2005, aproximadamente a las 12:30 hora local.
Las violaciones a los derechos humanos de la periodista se suscitaron tras la publicación del libro «Los demonios del Edén, el poder que protege a la pornografía infantil», que pone al descubierto la protección que recibía de políticos y empresarios Jean Succar Kuri, propietario de los negocios Coral Reef, Villas Solymar, acusado de comandar una red de prostitución y pornografía infantil con ramificaciones en Los Ángeles, California. En el libro se menciona la participación en esta red de Kamel Nacif Borge, empresario textilero conocido como «El Rey de la mezclilla», quien demandó a Cacho Ribeiro por difamación.
Agentes de la Policía Judicial de Puebla detuvieron a la periodista con una supuesta orden de aprehensión y lejos de presentarla ante las autoridades correspondientes la torturaron física y psicológicamente durante horas. Posteriormente, fue trasladada al Centro de Readaptación Social del estado de Puebla, donde fue torturada nuevamente.
A partir de los hechos y las evidencias, la CNDH hace una serie de recomendaciones mismas que a continuación se enlistan:
«A usted señor gobernador del estado de Puebla:
PRIMERA. Gire sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que se realicen los trámites necesarios para la reparación del daño que proceda conforme a derecho a favor de la señora Lidia Cacho Ribeiro.
SEGUNDA. Se dé vista a la Contraloría Interna en la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, a efecto de que se determine respecto del inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los elementos de la Policía Judicial, a quienes se instruyó el cumplimiento de la orden de aprehensión que se giró en contra de la periodista Lidia Cacho Ribeiro, en atención a las observaciones vertidas en el presente documento.
TERCERA. Se dé vista al procurador general de Justicia para que esa instancia inicie la averiguación previa respectiva en contra de los elementos de la Policía Judicial que participaron en la detención y traslado de la periodista Lidia Cacho Ribeiro, a fin de determinar respecto de su responsabilidad penal, en atención a las observaciones vertidas en el presente documento.
CUARTA. Se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones establezca ejes y acciones para la adecuada prevención de la tortura, a través de la capacitación de los elementos de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, con la finalidad de evitar que se repitan las conductas descritas en la presente recomendación.
QUINTA. Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que se brinde capacitación a todos los servidores públicos del gobierno de esa entidad en materia de derechos humanos y libertad de expresión, a fin de que en el ejercicio de sus funciones se apeguen a la legalidad y omitan realizar acciones o pronunciamientos que puedan implicar violaciones a los derechos humanos.
A usted señor gobernador del estado de Quintana Roo:
PRIMERA. Se dé vista al Órgano de Control y Evaluación Interna de la Procuraduría General de Justicia del estado, a efecto de que se determine respecto del inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del agente de la Policía Judicial comisionado para proporcionar el auxilio en el cumplimiento de la orden de aprehensión que se giró en contra de la periodista Lidia Cacho Ribeiro, en atención a las observaciones vertidas en el presente documento.
SEGUNDA. Se dé vista al procurador general de Justicia de ese estado, a fin de que esa instancia inicie la averiguación previa en contra del agente de la Policía Judicial que participó en la detención de la señora Lidia Cacho Ribeiro y se determine respecto de su responsabilidad penal.
TERCERA. Se instruya al procurador general de Justicia de esa entidad a fin de que identifique a los demás elementos de la Policía Judicial de esa entidad que proporcionaron el apoyo a sus similares del estado de Puebla, para salir de la ciudad de Cancún, respecto de los cuales se deberá determinar el inicio del correspondiente procedimiento administrativo de responsabilidad por la omisión de informar acerca de su participación en el operativo que se implementó para la detención y traslado de la señora Lidia Cacho Ribeiro.»
Llama la atención que en las recomendaciones no existe mención sobre la responsabilidad del Estado mexicano y los diferentes niveles de gobierno de la necesidad de proteger el ejercicio y goce pleno de la libertad expresión, cuya razón generó las acciones que generaron la detención de la periodista. La privación de la libertad de Cacho Ribeiro por ejercer su derecho a la libertad de expresión al denunciar actos ilícitos, es un caso emblemático entre autoridades y redes criminales en el que se mantiene la ausencia de justicia.
A tres años de lo ocurrido, y al haberse agotado las instancias jurídicas nacionales, la periodista acudirá al terreno internacional a denunciar la ausencia de justicia en este tipo de casos.
En este contexto, CENCOS hace un llamado a las autoridades estatales de Puebla y Quintana Roo a considerar con responsabilidad las recomendaciones de la CNDH y a dar cumplimiento y seguimiento a cada una de ellas. Sólo de esa manera será posible afirmar que existe un verdadero compromiso de quienes encabezan los gobiernos mencionados para reparar el daño hecho a la periodista Lydia Cacho y con ello se dará muestra de la existencia de un compromiso real con los derechos humanos de los ciudadanos.
Actualiza el caso Cacho Ribeiro:
http://ifex.org/es/content/view/full/94209
