La reciente decision jurídica argentina de sentenciar a ocho personas a cadena perpetua por el asesinato del fotografo de prensa José Luis Cabezas señala una victoria para la libertad de expresion y un golpe a la impunidad en toda América, dice la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Toni Pederson, presidente de SIP, dice que «pese […]
La reciente decision jurídica argentina de sentenciar a ocho personas a cadena perpetua por el asesinato del fotografo de prensa José Luis Cabezas señala una victoria para la libertad de expresion y un golpe a la impunidad en toda América, dice la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Toni Pederson, presidente de SIP, dice que «pese a que sabemos que este fallo no le devolverá la vida a Cabezas, se está sentando un precedente importante en las Américas y se envía un mensaje de que la impunidad puede ser vencida». Cabezas fue asesinado el 25 de enero de 1997. La SIP declara que el veredicto debe servir para «garantizar el respeto y la seguridad física de los periodistas, que cese el terror contra la prensa, desaparezcan los asesinos, que se entierre la impunidad y prevalezca la libertad de prensa».
Mientras tanto, el Gobierno argentino está considerando actualmente algunas propuestas que harían de Argentina será el primer país de América Latina en «despenalizar los delitos de calumnias e injurias a funcionarios públicos», inform Periodistas (Asociacion para la Defensa del Periodismo Independiente). Las propuestas, que fueron elaboradas recientemente por PERIODISTAS fueron enviadas por el partido gobernante para su consideracion en el Congreso. Según la propuesta, si un funcionario público se siente ofendido podrá buscar satisfaccion en un juicio civil, pero no en uno penal. Según PERIODISTA, la aceptacion de la propuesta significaría que «ya nadie más podrá ser amenazado con la pérdida de la libertad por ejercer su derecho a la libertad de expresion e informacion sobre asuntos de interés público». Las enmiendas al codigo penal también resultarían en resoluciones más expeditas de los casos tanto para funcionarios como para los periodistas.
El Gobierno Argentino hace esta maniobra un año después de que PERIODISTAS presento por primera vez una denuncia formal del Gobierno Argentino por violaciones a la libre expresion ante la Comision Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) por intermedio del relator especial de la OEA, Santiago Canton. En el mes de octubre la Comision convoco a ambas partes a una audiencia, y quince días más tarde el gobierno nacional acepto una propuesta de solucion amistosa planteada por PERIODISTAS. Esta solucion consistía en que las autoridades nacionales «impulsaran el proyecto de reforma de los codigos civil y penal» elaborado por esta organizacion.
