Las leyes de emergencia que se instituyeron en Bangladesh desde marzo siguen creando una atmósfera madura para el acoso y la violencia; también para los periodistas del país, dicen Human Rights Watch, el Committee to Protect Journalists (Comité por la Protección de los Periodistas, CPJ), la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y Reporteros sin Fronteras […]
Las leyes de emergencia que se instituyeron en Bangladesh desde marzo siguen creando una atmósfera madura para el acoso y la violencia; también para los periodistas del país, dicen Human Rights Watch, el Committee to Protect Journalists (Comité por la Protección de los Periodistas, CPJ), la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y Reporteros sin Fronteras (RSF).
En algunos distritos, el ejército emitió citatorios para periodistas y los fotografió en «descarados esfuerzos de intimidación», dice Human Rights Watch. Los periodistas de empresas de medios impresos y de radio y TV han estado recibiendo llamadas telefónicas de oficiales de inteligencia militar que les dicen que no publiquen nada que critique las fuerzas de seguridad.
Las advertencias causaron una autocensura amplia, especialmente entre las empresas de medios electrónicos, dicen los miembros de IFEX.
«La crisis política sólo se exacerba con los intentos de suprimir las noticias y opiniones», dice el CPJ. «Este Gobierno no debe abusar de los poderes extraordinarios de que goza bajo el estado de emergencia para mantener al público en la oscuridad».
Según Human Rights Watch y RSF, el Gobierno interino sacó del aire el único canal de noticias privado del país que transmitía las 24 horas supuestamente por operar con una licencia de difusión falsa. La maniobra del 6 de septiembre ocurrió unos días después de que se advirtió al canal que no emitiera tomas de recientes motines antigubernamentales. A otro canal privado, Ekushey Televisión, se le envió una advertencia pro escrito de no transmitir noticias «provocativas».
La censura gubernamental también mutiló dos artículos en «The Economist» acerca de manifestaciones y la política de Bangladesh antes de que se pudiera distribuir la revista, dice Human Rights Watch.
Los ataques intensificados a los medios siguen a un toque de queda impuesto a finales de agosto en la capital, Dhaka, y otras cinco ciudades que habían sido escenario de violentos enfrentamientos entre policías y estudiantes que pedían poner fin al estado de emergencia.
Aunque los funcionarios habían asegurado que los medios podrían operar libremente durante las horas del toque de queda sólo con su identificación de prensa, docenas de periodistas fueron atacados y detenidos por miembros de las fuerzas de seguridad mientras estaban trabajando, dicen los informes del CPJ y las noticias locales. El diario «Samakal» informó que 14 de sus periodistas fueron golpeados por las fuerzas de seguridad.
Durante el toque de queda, el asesor de ley e información Mainul Hosein recordó a los periodistas que las disposiciones de emergencia estaban en vigor y los instó a «ejercer un papel responsable». Según la BBC, Hosein dijo, «Pedimos que los canales dejen de difundir imágenes de violencia hasta nuevo aviso porque esto podría instigar más violencia».
Los canales de televisión privados en Bangladesh dejaron abruptamente de transmitir informes acerca de las manifestaciones callejeras, e incluso suspendieron los populares programas de debate político acerca de las noticias del día.
«Cuando un alto funcionario gubernamental comienza a decir a los medios lo que pueden y no pueden publicar o difundir hay un peligro real de que se imponga la censura», dice la FIP.
Las Reglas de Poderes de Emergencia de 2007, anunciadas después de que el Gobierno interino asumió el poder en enero para limpiar la corrupción, restringen las actividades políticas y sindicales así como la cobertura de prensa de noticias políticas. Los que violen las restricciones se enfrentan hasta a cinco años de cárcel. Las normas permiten al Gobierno prohibir o censurar las noticias impresas y de radio y TV acerca de manifestaciones y otras actividades políticas que sean «provocativas o dañinas». El Gobierno también puede decomisar material impreso y confiscar talleres de impresión y equipo de difusión.
Human Rights Watch dice que decenas de miles de personas han sido arrestadas bajo el estado de emergencia sin supervisión judicial adecuada. Un gran número de delitos se han declarado «sin derecho a fianza» – los detenidos pueden enfrentarse a una detención sin juicio indefinida.
Aunque el gobierno provisional decidió levantar parcialmente la prohibición a las actividades políticas el 10 de septiembre – lo que permite política «bajo techo» en Dhaka, para dejar que los partidos políticos celebren diálogos con la Comisión Electoral sobre la reforma electoral – no llegó a enfrentar las amplias restricciones a las libertades básicas y los descarados abusos contra los derechos humanos en el país, dice Human Rights Watch. La prohibición a las demás asambleas políticas seguirá en vigor.
Visite estos vínculos:
– Human Rights Watch: http://tinyurl.com/2ttg7b
– Página de Bangladesh de Human Rights Watch: http://tinyurl.com/37v777
– CPJ: http://www.cpj.org/news/2007/asia/bangla23aug07na.html
– FIP: http://www.ifj.org/default.asp?index=5245&Language=EN
– RSF sobre el cierre de estación de noticias privada: http://tinyurl.com/2tetpr
– RSF sobre el toque de queda: http://tinyurl.com/38fhul
(Foto: Estudiantes destruyen un automóvil cerca de la Universidad de Dhaka durante una manifestación para exigir un fin al estado de emergencia – agosto de 2007. Foto cortesía de e-Bangladesh.org)
(18 de septiembre de 2007)
