Pedro Rivero Jordán, el director ejecutivo del periódico "El Deber", se sumó a un piquete de huelga en la plaza principal de Santa Cruz para exigir la anulación de los decretos 16 y 23.
(ANP/IFEX) – el 11 de octubre de 2010 – Pedro Rivero Jordán, el director ejecutivo del periódico «El Deber», de Santa Cruz, se sumó el 10 de octubre a un piquete de huelga de hambre que instalaron hace nueve días un grupo de periodistas en la plaza principal de la ciudad para exigir la anulación de los decretos 16 y 23 de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, que conculca la libertad de prensa y expresión.
«Un acto de conciencia. Llegué a concluir que de un tiempo a esta parte están ocurriendo cosas muy malas en el país y no es posible verlas y mirarlas de brazos cruzados. Estoy aquí como un ciudadano común y corriente que está dispuesto a luchar hasta el final, hasta donde las fuerzas lo permitan, porque no hay que dejar como herencia a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos un país amordazado», declaró el director de «El Deber» al asumir la medida, según publicó ese medio de comunicación.
El obispo auxiliar de Santa Cruz, en la homilía dominical señaló que «El Gobierno de Evo Morales debe escuchar a los sectores opuestos porque el país lo conformamos todos los que vivimos en Bolivia». Aseveró después que «conculcar estos derechos es segregar a las personas, es sacarles de su entorno, privarles de su dignidad de personas y de la libertad que debe tener todo hijo de Dios», enfatizó según refleja «El Deber» y concluyó que «se puede encadenar y acallar a las personas, a la prensa, manipular las leyes o la información, pero no la palabra de Dios».
El artículo 16 de la Ley establece sanciones económicas y suspensión de licencias a los medios de comunicación que difundan o cometan actos racistas o discriminatorios, mientras el artículo 23 establece una pena de uno a cinco años a la persona que por cualquier medio incurra en una manifestación de racismo. Además advierte que si son trabajadores o dueños de los medios de comunicación no podrán refugiarse en ninguna «inmunidad ni fuero», pese a la vigencia de la Ley de Imprenta.
