"El Deber" enfrenta una denuncia puesta por un militar pero además dos ejecutivos del diario han sido convocados a testificar en otro juicio relacionado al caso.
(ANP/IFEX) – La Paz, 9 febrero de 2011 – La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) condena enérgicamente la decisión de la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz, de convocar a Pedro Fernando y Juan Carlos Rivero Jordán, ejecutivos del diario «El Deber», a testificar en el juicio por prevaricato que el General José Antonio Ágreda Mendívil, segundo comandante del Ejército, ha iniciado contra el Juez Omar Dorado, por haber dispuesto, con total apego a la ley, que una denuncia del mencionado militar contra el diario cruceño sea juzgada por un Tribunal de Imprenta.
«El Deber» publicó el 12 de agosto de 2008 una tira cómica en la que uno de sus personajes comenta que «no es lo mismo un comando del plata que un comando se lleve la plata», aludiendo a un Comando del Plata inaugurado y después olvidado en San Ignacio de Velasco.
El entonces coronel Ágreda Mendívil, responsable del comando, sintió que su honor y dignidad fueron mellados por la publicación e inició un juicio contra «El Deber». El juez Dorado declaró probada la demanda del periódico en sentido de que el caso debía ser tratado en un Tribunal de Imprenta y no en la justicia ordinaria. Para ello se basó en el artículo 28 de la vigente Ley de Imprenta que establece que «los funcionarios públicos que fuesen atacados por la prensa en calidad de tales, solo podrán quejarse al jurado» de imprenta.
La ANP protesta contra la actitud del militar de buscar, contrariando las normas, sancionar directa o indirectamente a un diario nacional.
Actitudes como esta demuestran los intentos de intimidar a la prensa boliviana mediante la convocatoria a periodistas y ejecutivos de medios de comunicación social a declarar en juicios ordinarios, lo que constituye, además, un inadmisible acoso contra «El Deber» y el periodismo y un atentado contra la libertad de expresión.
Así mismo, recomienda al mencionado militar, ceñirse y cumplir estrictamente la Constitución Política del Estado y la Ley de Imprenta, en casos como el que nos ocupa.
