CENCOS ha revisado los documentos de discusión oficiales de los Acuerdos y ha ubicado 10 puntos importantes, que si bien aún falta por construir en los próximos diálogos, también son fundamentales para su éxito o fracaso en la implementación.
(CENCOS/IFEX) – México D.F., 7 de julio de 2011 – En los últimos años hemos visto un deterioro de las condiciones y garantías para que defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación ejerzan sus derechos. Es importante señalar que la sociedad mexicana en su conjunto es vulnerada al ser afectados dichos derechos.
Desde 2008 diversas organizaciones civiles de derechos humanos nacionales e internacionales hemos desarrollado una tarea intensa para generar condiciones que garanticen el derecho a defender los derechos humanos y la libertad de expresión; una de ellas ha sido plantear la necesidad urgente de un mecanismo de protección que proteja a estas poblaciones.
Por un lado se ha trabajado para el ejercicio de la libertad de prensa en el marco general del derecho a la libertad de expresión, acudiendo a instancias internacionales, llevando acabo tareas de monitoreo y registro y generando propuestas para la protección de defensores y periodistas. En el caso de defensores de derechos humanos se han desarrollado diversas acciones visibilizar la problemática y el crecimiento de las agresiones en diversas zonas del país.
Hacia 2009 hubo un primer acercamiento entre defensores de derechos humanos y periodistas con autoridades federales que generó insumos de discusión y compromiso para plantear la necesidad de un sólo mecanismo de protección para permitir su atención en dos comités.
Sin embargo, el gobierno federal hacia finales de 2010 firmó el Acuerdo para el Convenio de Colaboración para la Implementación de Acciones de Prevención y Protección a Periodistas (en adelante Acuerdo Periodistas), con lo que separó la atención del problema en instancias diferentes. Así el caso de defensores y defensoras, siguió un proceso paralelo en el que las organizaciones civiles acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que presionó una reunión entre organizaciones y el gobierno federal, en diciembre del mismo año.
Ocho meses después, en el contexto de la visita oficial de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Oficina de Naciones Unidas, Navanethem Pillay, el Ejecutivo presenta un Decreto Presidencial para otro Acuerdo por el que se establecen las bases del mecanismo de protección de defensoras y defensores de los derechos humanos a partir de la instrumentación de acciones coordinadas que en el ámbito de sus atribuciones, desarrollarán la Secretaría de Gobernación, las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, y la Procuraduría General de la República (en adelante Acuerdo para defensores y defensoras) en el país.
Para el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), este tema es de interés y frente a estas nuevas respuestas del Estado, se hace necesario ubicar la situación del proceso actual que han asumido las instituciones desde el Poder Ejecutivo en torno a la construcción de posibles mecanismos institucionales de protección para ambas poblaciones. Para ello hemos revisado los documentos de discusión oficiales de los Acuerdos, que crean estas instancias por separado, en donde ubicamos 10 puntos importantes, que si bien aún falta por construir en los próximos diálogos, también son fundamentales para su éxito o fracaso en la implementación. Y que sin duda, son una preocupación para quienes trabajamos y hemos dado seguimiento a las agresiones y a las respuestas del Estado.
