La Fiscalía General pidió a varios medios de comunicación que identifiquen a sus periodistas que cubrieron la violenta represión a indígenas, registrada el 25 de septiembre, en la población de Yucumo.
(ANP/IFEX) – La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) expresó su rechazo a la petición de la Fiscalía General del Estado Plurinacional para la identificación y presentación de periodistas, en calidad de testigos, en el proceso de investigación de la violencia policial ejercida contra marchistas indígenas, el 25 de septiembre de 2011 en la población rural de Yucumo, al norte de Bolivia.
El presidente de la ANP, Marco Dipp, expresó que se debe respetar el espíritu de la Ley de Imprenta que en su artículo 2 señala como responsables a directores de diarios, revistas y publicaciones periodísticas. En su artículo 3, la legislación señala como responsables, en segunda instancia, a los editores.
Dipp recordó que el pasado 10 de mayo, el fiscal General del Estado, Mario Uribe, ratificó la vigencia plena de la Ley de Imprenta de 1925, y con ello «se reconoció explícitamente las limitaciones, atribuciones e incompatibilidad en esa materia», expresó.
«Cuando se solicita la identificación de los periodistas para que se presenten como testigos, contradice el reconocimiento a la vigencia de la Ley de Imprenta», declaró Dipp.
En el caso de la solicitud fiscal de los materiales gráficos obtenidos durante la represión policial, Dipp explicó que es aceptable la entrega de las imágenes, específicamente, aquellas publicadas en los medios.
El fiscal Uribe justificó la convocatoria e identificación de los periodistas para que «autentiquen» las imágenes difundas con posterioridad a la violencia registrada en la población de Yucumo.
En la ciudad de Sucre, el fiscal de Recursos de la Fiscalía General, Orlando Riveros, no descartó la posibilidad de convocar como testigos a periodistas que estaban haciendo cobertura y conocen de la represión que sufrieron los indígenas pero, de ninguna manera, para involucrarlos en el proceso penal.
La Fiscalía General trata de establecer las responsabilidades y la autoría de la represión desatada con el propósito de frenar el avance de una marcha de un millar de indígenas, una protesta que finalmente culminó con la llegada de los manifestantes a La Paz, el 19 de octubre.
La acción respaldada por diferentes sectores sociales, obligó al presidente Evo Morales a suspender un proyecto vial que debía atravesar el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), localizado en la región central de Bolivia.
Riveros confirmó el envío de requerimientos a algunos medios de comunicación para recabar grabaciones de video y fotografías con fines investigativos de los hechos denunciados. «Se solicitó prácticamente a todos los medios de comunicación que puedan aportar estos videos y algún medio ya envió una representación indicando que reutilizan sus medios magnéticos y ya no tienen esas copias; entonces, eso queda ahí, ya es una justificación de una imposibilidad», afirmó Riveros.
Sin embargo, dijo que si el Fiscal General considera importante el aporte de periodistas que estaban en el lugar, «se los convocaría en calidad de testigos para una entrevista que apoye en la labor investigativa; de ningún modo, desde la causa que conoce la Fiscalía General se podía involucrar a los periodistas», enfatizó.
El secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Ramiro Echazú, declaró a la petición fiscal como «un amedrentamiento al trabajo de los medios».
