El Ministro de Comunicación e Información dirigió mensajes de “instigación al odio” y calificó como “retaguardia del facismo” al Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, organización no gubernamental, relacionada a un informe sobre un incendio en varios instituciones públicas de salud.
El 19 de abril de 2013, el Ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas dirigió mensajes de “instigación al odio” y calificó como “retaguardia del facismo” al Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), organización no gubernamental (ONG) venezolano con sede en Caracas. Esta reacción se produjo a través de su cuenta en Twitter (@VillegasPoljakE) y se generó luego que la ONG publicara una investigación en su página web en la que desmentía que la información oficial difundida relacionada al incendio de varios Centros Diagnósticos Integrales (CDI), instituciones públicas de salud el 15 de abril de 2013. Medios Públicos y voceros estatales, también, cuestionaron el trabajo de la organización. El ministro, además, criticó informaciones difundidas por El Nacional, periódico privado, y Globovisión, planta televisiva privada.
Según la información oficial -desmetida por Provea- apuntaba que la quema de 8 Centros Diagnósticos Integrales fue producto de los hechos de violencia, que supuestamente fueron propiciados por simpatizantes opositores, como parte de una serie de protestas a nivel nacional tras los resultados electorales del Consejo Nacional Electoral que dieron como ganador a Nicolás Maduro, con un diferencia estrecha por encima de su contendor Henrique Capriles Randoski, respaldado por fuerzas políticas de oposición, y quien no aceptó los resultados y pidió al ente electoral realizar una auditoría.
Ernesto Villegas, escribió en su Twitter: “Lástima que Provea actúe como retaguardia del fascismo, certificando que ‘no hay pruebas’ de los desmanes de bandas que atacaron al pueblo”. Agregó: “Provea promueve el negacionismo en relación con la violencia desatada tras el desconocimiento del resultado electoral por parte de Capriles”, al tiempo que dijo que esta ONG “antepone su antichavismo (connotación utilizada en el país para calificar a quienes adversan al gobierno nacional) a la obligación de defender los DDHH de las víctimas de la intolerancia”.
El hecho
El 15 de abril de 2013, voceros oficiales y medios estatales denunciaron que varios Centros Diagnósticos Integrales, dependientes del Ministerio de Salud, fueron quemados y destruidos. Responsabilizaban de estos hechos a partidarios de Henrique Capriles Radonski.
Provea, ONG dedicada a la promoción y defensa de los DDHH en el país, desarrolló acciones para monitorear la situación, recibir denuncias y realizar las investigaciones correspondientes, el día de las elecciones presidenciales y la semana siguiente, la cual estuvo marcada por una serie de conflictos políticos en varios estados del país. El 18 de abril de 2013, el equipo de Monitoreo, Investigación y Difusión de la ONG difundió en su web, una nota sobre una investigación realizada en la que determinaba: “Provea corrobora falsedad en la denuncia de CDIs quemados en el país”.
En el texto refería que luego de “un exhaustivo arqueo en medios digitales e informativos estatales, Provea no consiguió ninguna evidencia acerca de los Centro de Diagnóstico Integral (CDI) que supuestamente habían sido incendiados por partidarios de la oposición, según fue denunciado en un medio de televisión del Estado y divulgado por la Agencia Venezolana de Noticias”, portal informativo del Estado. Además, agregó que “la foto que sugería ese nivel de agresión, en los mensajes electrónicos, correspondía a la quema de la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), de la que después circuló un video donde aparecen sus responsables materiales.
El 19 de abril, Ernesto Villegas llamó, vía telefónica, al coordinador general de Provea, Marino Alvarado, para manifestarle su sorpresa sobre la información divulgada por la organización e indicó “que el gobierno tenía suficientemente documentada la diversidad de agresiones que se habían cometido” contra los CDI. Según una nota divulgada por la organización, el ministro se comprometió a compartir información con esta ONG sobre los registros que tiene el gobierno en relación a las agresiones de los centros asistenciales.
Rafael Uzcátegui, coordinador de investigación de la organización, señaló a IPYS-Venezuela que la comunicación se realizó en un término de diálogo. Sin embargo, horas después de haber establecido esta comunicación, Ernesto Villegas dirigió una serie de mensajes a través de su cuenta oficial en Twitter que, además, generaron descalificaciones de parte de otros usuarios.
Provea dijo que los argumentos del ministro atentan contra la libertad informativa de la organización y colocan en riesgo la integridad de sus trabajadores. Afirmó que “en caso de cualquier consecuencia como producto de las declaraciones (del Villegas), Provea se reserva el derecho de ejercer acciones legales contra el funcionario”.
En horas de la noche del mismo día, en un contacto telefónico en el programa Contra Golpe, conducido por Vanessa Davies y transmitido en Venezolana de Televisión (VTV), televisora estatal, el ministro de Comunicación e Información en relación a Provea, dijo: “Por hacer esa crítica ellos me responsabilizan a mí de la vida e integridad de cualquiera de ellos”. Añadió: “el monstruo no es el que dispara contra personas que defienden un CDI sino el monstruo soy yo…la inversión, el mundo al revés. Resulta que el que tiene que ir preso soy yo porque soy potencialmente asesino cuando cuestioné eso y ejercí mi derecho a la expresión y en nombre de las propias víctimas”.
Sobre la labor de Provea, también, refirió: “Estoy sorprendidísimo cómo el antichavismo los ha cegado, insisten en relativizar la gravedad de las denuncias, que supuestamente el gobierno exageró”, resumió, señalando que sí existen las víctimas, y los CDI -como todo centro de salud- son protegidos por las leyes internacionales humanitarias y los ataques son una violación vergonzosa, peor cuando hay víctimas fatales.
“Yo les ofrezco el derecho a réplica por anticipado. Vamos a hablar, juntos, vamos a sentarnos en una silla y hablar con los papeles en la mano y con los testimonios. Invito públicamente al señor Marino Alvarado en este canal, a la hora y el día que él disponga, vamos a ir discutir este tema ante las cámaras y discutamos a ver cuáles son las categorías que ellos manejan”, añadió el ministro.
Contra los medios
En su cuenta de Twitter, Ernesto Villegas, también, criticó la agenda informativa de El Nacional, periódico privado; y Globovisión, planta televisiva privada. “El Nazional (El Nacional) tiene cinismo de atribuir las muertes al hampa y decir que los de La Limonera (localidad del Municipio Baruta, estado Miranda, donde se registraron conflictos) venían de verificar que no habían quemado al CDI».
Agregó: “Medios y ONG se unen para hacerse cómplices del acoso a médicos y pacientes asediados por caceroleros (personas que realizan cacerolazo, protestas pacífica que se realiza generando ruido con ollas de cocina), pistoleros y arrolladores al volante”.
Pronunciamiento de la Defensora del Pueblo
Por su parte, Gabriela Ramírez, Defensora del Pueblo, organismo del poder ciudadano, en rueda de prensa el 20 de abril de 2013, señaló que el informe divulgado por Provea, pretende “desmentir” los conflictos sociopolítico ocurridos en Venezuela, la semana después de las elecciones presidenciales. Además, “solicitó a Provea revisar sus mecanismos de investigación”, según lo reseñó del diario estatal Correo del Orinoco, el 21 de abril.
Libertades informativas en riesgo
Estas acciones de funcionarios estatales no se corresponden con las garantías de la libertad de expresión e información, establecidas en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, disposiciones que establecen la prohibición de las amenazas y presiones que tienen el objetivo de censurar contenidos que sean de interés público.
Éste es el segundo caso que afecta la labor informativa del Programa Venezolano de Educación Acción, organización que enfrenta un juicio por difundir información sobre una protesta de los Yukpa, comunidad indígena que realizó una protesta pacífica en 2010, para exigir la demarcación de su territorio, así como la liberación de Sabino Romero, líder de este grupo, quien para el momento se encontraba detenido de manera arbitraria, y que fue asesinado en marzo de 2013.
