El Acuerdo de Asociación Transpacífico, que se discute en Lima, Perú, es objeto de intenso debate porque su texto no sólo habla de libre comercio sino también regula temas tan delicados como acceso a medicamentos, libertad de expresión e innovación en entornos digitales.
Lo que sigue fue escrito por Miguel Morachimo, Director Ejecutivo, Hiperderecho y Katitza Rodriguez, Director de Derechos Internacionales de EFF, ambos radicados en Perú.
El 15 de mayo de 2013 el gobierno peruano se iba a reunir en Lima con los representantes de Estados Unidos y otros diez estados para discutir el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). Este es un nuevo acuerdo comercial en negociación entre los países del Asía Pacífico muy poco discutido en el Perú. Sin embargo, en países como Japón, Chile o Nueva Zelanda es objeto de intenso debate porque su texto no sólo habla de libre comercio sino también regula temas tan delicados como acceso a medicamentos, libertad de expresión e innovación en entornos digitales.
El texto del acuerdo es secreto aunque hace dos años se filtró el capítulo de Propiedad Intelectual propuesto por Estados Unidos, que contenía disposiciones alarmantes para los derechos fundamentales, la innovación tecnológica y la Internet. Para muchos académicos y usuarios de Internet, esta propuesta remite al polémico proyecto de ley SOPA o al tratado ACTA, ambos rechazados mayoritariamente por afectar libertades y derechos en línea. Con el TPP, Estados Unidos regresa sobre la misma estrategia y plantea exportar algunos de los peores aspectos de su ley de derechos de autor.
La respuesta del gobierno peruano hasta ahora ha sido asegurar que el TPP no es distinto del Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito con Estados Unidos en el 2007. Sin embargo, nada respalda esta declaración ya que no conocemos el texto real del tratado y el capítulo de propiedad intelectual filtrado hace dos años, aunque similar en estructura, va más allá que el TLC del Perú con Estados Unidos en varios aspectos. Peor aún, todo lo que conocemos tiene dos años de antigüedad y fue solo la propuesta inicial de Estados Unidos. Nos preocupa el espacio que pueden tener los países dominantes en la negociación luego de que muchos países como Perú han anticipado su entusiasmo por firmar el TPP a toda costa.
La propuesta de Estados Unidos amplía todavía más los plazos y supuestos de protección, reduce excepciones que favorecen al público en general y plantea endurecer aún más varias de las ya estrictas medidas de aplicación de los derechos de autor del TLC. Así, por ejemplo, plantea que los intermediarios en Internet (como las empresas prestadoras de servicio o las propias páginas web) colaboren con los titulares de contenidos protegidos por derechos de autor retirando, bloqueando e identificando a los usuarios que comentan infracciones en sus redes. La negativa a formar parte de este sistema de privado de justicia puede conllevar responsabilidad por parte de las empresas intermediarias. Este es un tema que ya estaba en nuestro TLC, que todavía no hemos implementado localmente, y que Estados Unidos podría intentar llevar más allá, en vista de sus recientes proyectos legislativos sobre el tema (ej. SOPA, PIPA, ACTA). Medidas de este tipo no sólo ponen en riesgo la libertad de expresión y la privacidad de los usuarios de Internet sino que también significan una carga excesiva para la mayoría de empresas intermediarias en Internet, lo que aumenta los costos para cualquier emprendedor empresa local nueva o start up que desea hacer negocios por Internet.
De la misma manera, se establece una prohibición amplia de romper las cerraduras digitales o medidas de protección tecnológica que se colocan en los soportes o archivos que contienen obras (ej. software, libros y videos). Esta disposición crea un nuevo derecho de acceso a una obra digital, una protección que está por encima de la protección de los derechos de autor. La norma criminaliza a quien rompa un candado digital que controla el acceso a las obras protegidas incluso si aquel acceso no está asociado a una infracción a los derechos de autor (ej. copiar y pegar un extracto de un libro electrónico o ripear un DVD de música y pasarlo a tu iPod). Una aplicación estricta de esta norma colocaría a discapacitados visuales, investigadores, usuarios de software libre y desarrolladores informáticos en la ilegalidad. Si bien estas disposiciones tienen el propósito legítimo de proteger a los titulares de derechos de autor contra el uso no autorizado de sus obras digitales, disposiciones similares en los Estados Unidos han demostrado ser demasiado amplias, y en los últimos 15 años se han utilizado para muchos fines diferentes a los previstos por el Congreso de EE.UU. que no tienen nada que ver con la detención de obras no autorizadas por los derechos de autor.
Pero los acuerdos internacionales de derechos de autor como el TPP no solo afectan a usuarios y empresas locales de Internet. También significan un obstáculo para las reformas tan necesarias a la ley de derecho de autor en Perú, donde no existen suficiente excepciones para el uso legítimo de obras en el entorno digital ni siquiera para que las bibliotecas públicas o privadas presten películas. Sin embargo, sí tenemos una excepción escrita que permite que las tiendas que venden televisores puedan exhibir series o películas al público. Asumir obligaciones internacionales también asfixian nuestra libertad para crear y mejorar nuestras propias leyes haciéndose más difícil cambiar nuestras leyes locales al atarse a un estándar legal que no elegimos democráticamente y que no se adapta a nuestras necesidades locales. Incluso si esas obligaciones internacionales no se trasladan a las normas locales inmediatamente, estarán a disposición de grupos de presión y lobbystas para que obliguen a nuestro Congreso y autoridades a adoptarlas o detener reformas positivas y modernas bajo pena de sanciones internacionales.
No nos oponemos al libre comercio ni a la apertura de mercados. Nos oponemos a que los tratados de libre comercio regulen libremente nuestros derechos y libertades esenciales de espaldas al público en general. Creemos que medidas de ese tipo pueden tener un efecto negativo en la inversión local, nuestra economía y nuestros derechos fundamentales. Si tú también crees que el Estado debe de fijar límites no negociables en el TPP, te pedimos que te unas a la petición en línea propuesta por un grupo de organizaciones de la sociedad civil. Con el TPP, Todos Podemos Perder.
