La ley para controlar la libertad de expresión aprobada por el gobierno de Ecuador comenzó a cobrar sus primeras víctimas, con el anuncio de la clausura de la revista Vanguardia, denunció la Sociedad Interamericana de Prensa.
La ley para controlar la libertad de expresión aprobada por el gobierno de Ecuador comenzó a cobrar sus primeras víctimas, con el anuncio de la clausura de la revista Vanguardia de ese país, denunció la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Vanguardia, que desde su nacimiento hace más de siete años desarrollaba investigaciones periodísticas sobre temas de actualidad, dijo que, con la nueva ley impulsada por el presidente Rafael Correa, simplemente ha quedado inhabilitada de hacer su tarea.
La “ley mordaza” ha sido considerada por la SIP como el retroceso “más grave” para la libertad de expresión en los últimos años y criticada por otras organizaciones periodísticas internacionales, así como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los directivos de Vanguardia en carta hecha pública, hicieron conocer la decisión de no aceptar las disposiciones de la ley según las cuales el gobierno puede determinar los temas que debe abordar, nombrar a “un comisario censor” para la revista y prohibir la publicación de noticias judiciales “hasta que exista sentencia ejecutoriada de última instancia”.
Tampoco están dispuestos a cumplir las nuevas normas que impiden reseñar asuntos penales y de corrupción, obligan a los medios a asumir “responsabilidad por las opiniones de terceros”, habilita al Estado a disponer cómo se titulan los artículos y encarga a un superintendente designado por el presidente Correa a supervisar, fiscalizar y sancionar a la prensa “que se salga de la línea oficial”.
“No lo toleraremos jamás; sería indigno y contrario a los valores que defendemos”, dijeron los directivos de Vanguardia en un comunicado.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, lamentó el anuncio del cierre de Vanguardia y responsabilizó al presidente Correa por estar aplicando “una política sistemática y liberticida con el propósito de acallar todas las voces disidentes”.
“Es comprensible la reacción de la revista Vanguardia ante el panorama de cerrojo a la libertad de prensa impuesto por la ‘ley mordaza’ de Correa y, también, es lamentable que continúen silenciándose voces en Ecuador a raíz de úcases presidenciales con forma de ley que conculcan los derechos humanos más elementales”, destacó Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda.
El viernes 28, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH manifestó su “preocupación” por la nueva ley ecuatoriana y llamó al gobierno de Correa a “adecuar su normativa a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”.
Según la Relatoría, las “restricciones” a la libre circulación de informaciones e ideas que contiene la ley “podrían impedir de forma severa el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y generar un fuerte efecto intimidatorio incompatible con una sociedad democrática”.
“La gravosa regulación que se impone a todos los medios de comunicación —impresos, de radio, televisión, audio y video por suscripción, así como a los medios cuyos contenidos pueden ser generados o replicados a través de Internet— parte de considerar que el ejercicio de la libertad de expresión mediante cualquier medio de comunicación es un servicio público. En esa medida, entendido como servicio público, el Estado asume facultades exorbitantes de regulación sobre el ejercicio del derecho fundamental a expresarse libremente mediante el medio que cada persona escoja para hacerlo”, precisó la Relatoría.
“La ley —añadió la Relatoría— establece un riguroso marco regulatorio que impone decenas de obligaciones aplicables a todos los medios y periodistas, autoriza a los órganos administrativos para controlar e intervenir en los contenidos de dichos medios, consagra responsabilidades y causales de falta administrativa de notable vaguedad y otorga a un funcionario, elegido por un órgano administrativo de una terna enviada por el presidente de la República, la facultad de vigilar el cumplimiento de dicha ley, aplicarla e imponer las correspondientes sanciones”.
Paolillo recordó que, antes de la promulgación de la “ley mordaza” en Ecuador, “Vanguardia había sido víctima de un continuo hostigamiento mediante confiscación de equipamiento, embargos, robos, multas desproporcionadas, acoso burocrático y destrucción de archivos”.
“El régimen de Correa hace con la libertad de expresión en Ecuador lo mismo que hacían las dictaduras sudamericanas de los años ’70 y ’80”, afirmó Paolillo.
El mismo día del pronunciamiento de la Relatoría de la CIDH, el Comité Coordinador de Organizaciones de Libertad de Prensa aprobó una resolución alertando sobre la progresiva pérdida de la libertad de prensa en Ecuador y expresó su solidaridad con los periodistas y medios de comunicación independientes.
“La SIP manifiesta su esperanza de que, más temprano que tarde, la revistaVanguardia pueda volver a sus lectores para ejercer el sagrado derecho a expresarse libremente”, concluyó Paolillo.
