Representantes del ingenio El Pilar interpusieron una demanda por difamación y calumnia contra Rolando Miranda, corresponsal de Prensa Libre, debido a una nota en la que pobladores denunciaban la contaminación de un río y señalaban a la empresa de ser la responsable de ello.
Representantes del ingenio El Pilar, ubicado en el municipio de San Andrés Villaseca, departamento de Retalhuleu (178 kilómetros al suroccidente de la ciudad capital), interpusieron una demanda por difamación y calumnia contra Rolando Miranda, corresponsal de Prensa Libre, debido a una nota publicada en abril, en la que pobladores denunciaban la contaminación de un río y señalaban a la empresa de ser la responsable de ello.
La nota fue publicada el 25 de abril de 2013 en Prensa Libre con el título “Vecinos denuncian contaminación en río”. Personeros de la empresa aseguraron que debido a la información publicada, el Ministerio Público (MP) inició una investigación en su contra.
El 25 de julio el corresponsal fue citado al Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, de Retalhuleu, para efectuar la audiencia donde se integraría el jurado de imprenta, que se encargará del caso en su contra.
El Tribunal de Imprenta será integrado por miembros del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, de la Asociación de Periodistas Guatemaltecos (APJ) y de la municipalidad local, quienes serán responsables de deliberar si el periodista cometió o no una falta en el ejercicio de su profesión.
La audiencia estaba programada para las 10:30 horas, sin embargo luego de esperar por un lapso de 40 minutos, Miranda fue notificado que la vista había sido suspendida por acumulación de procesos, por lo que sería reprogramada.
Miranda señaló que cuando se presentó al juzgado en compañía de su abogado, observó el movimiento de varios hombres con armas de fuego, como probable acto intimidatorio en su contra.
En la nota publicada, Miranda recogió la postura de vecinos de los cantones Pajales Central y Los Chunes, en el municipio de San Andrés Villa Seca, quienes señalaron que las aguas del río Ixpaquibán estaban contaminadas y culparon de ello al ingenio.
Además, el periodista dio a conocer las declaraciones de la jefa del área de salud del departamento, de un delegado del Ministerio de Medio Ambiente, así como del encargado de relaciones públicas del ingenio, quien aseguró que habría una investigación a la denuncia de los vecinos.
Para el 12 de agosto está prevista que se realice la audiencia para conformar el tribunal de imprenta, fecha en la que varias organizaciones de derechos humanos señalaron que acompañaran a Miranda como muestra de solidaridad.
Ileana Alamilla, coordinadora del Observatorio de los Periodistas de Cerigua, condenó este acto contra un profesional de la prensa, al que tildó de absurdo debido a Miranda únicamente daba a conocer información que recogió con los vecinos de los cantones.
Alamilla afirmó que este tipo de demandas no proceden ni siquiera cuando se trata de un artículo de opinión para dar a conocer hecho de contaminación, como los reflejados en la nota.
El periodista está cumpliendo una función social, protegida por derechos constitucionales y una reglamentación internacional; hizo su trabajo, señaló.
ACCIÓN RECOMENDADA:
Recordar que el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
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