En clara contradicción con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Corte Suprema de Justicia negó la copia del juicio oral y público de dos universitarios ejecutados por la policía.
En clara contradicción con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) que establece que la ciudadanía puede pedir cuentas a los servidores públicos sin motivación ni formalidad alguna, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través del Tribunal de Sentencias, negó la copia del juicio oral y público de dos universitarios ejecutados por la policía.
El Tribunal de Sentencias con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal para impedir el acceso a la información pública, consideró que la periodista, Wendy Funes, en su calidad de ciudadana, no expresa cuál es el objetivo que persigue al pedir la información pública.
En una misiva, con redacción ambigüa, la coordinadora del Tribunal de Sentencias, Lidia Margarita López, estableció que «no se expresa cuál es el objetivo, de los contenidos en el artículo 6 de la Ley de Transparencia, que se persigue con la misma».
Además, alega secretividad de la información que ya fue evacuada en juicio oral y público y arguye que no puede revelar los nombres de los testigos que ya comparecieron al juicio oral y público.
En el caso de los testigos protegidos, en la solicitud, hecha por Funes en ningún momento se pide revelar la identidad de los testigos, protegidos por el artículo 237 del Código Procesal Penal.
Como si la periodista formara parte del juicio, el Tribunal parece sólo conocer el Código Procesal Penal y desconoce la LTAIP puesto que en sus motivaciones -para mantener la opacidad de la información- indica que la ciudadana debió acreditar legitimo interés para pedir la información.
La periodista, en calidad de ciudadana, solicitó «una copia integra de la sentencia y de los tomos del expediente, que está en el Juzgado con Jurisdicción Nacional, en el que se condenó a los policías: José Rubén Pozo López y Santos Arnulfo Padilla, Wilson Córdova y Gabriel Marcía, condenados a inicios de agosto por doble asesinato y abuso de autoridad contra Héctor Alejandro Vargas Castellanos».
Los policías fueron condenados además por el asesinato del universitario Carlos David Pineda.
