En Venezuela se han contabilizado entre el 11 de febrero y el 1 de marzo de 2014, 65 casos de violaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información. Entre estos casos, IPYS-Venezuela registró, a través de contactos directos, que 69 reporteros han resultado afectados por esta situación.
En Venezuela se han contabilizado entre el 11 de febrero y el 1 de marzo de 2014, 65 casos de violaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información. Entre estos casos, IPYS-Venezuela registró, a través de contactos directos, que 69 reporteros han resultado afectados por esta situación. Entre estas violaciones se cuentan detenciones arbitrarias por parte de funcionarios de seguridad del Estado, y agresiones por parte de estos mismos cuerpos de seguridad y protestantes que simpatizan con los sectores oficialistas y de oposición.
Han prevalecido las detenciones arbitrarias contra periodistas que se encontraban cumpliendo funciones informativas. Miembros de equipos reporteriles que han resultado heridos con perdigones (balas de plástico) mientras realizaban cobertura de los hechos.
A las 7 de la noche del 1 de marzo de 2014, la reportera gráfica free lance, Francesca Commissari, de nacionalidad italiana, cumple 24 horas detenida, luego de que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, la detuvieran en Altamira, zona este de la ciudad de Caracas, donde cubría un enfrentamiento entre estos funcionarios militares y un grupo de manifestantes. IPYS pudo corroborar que la reportera se encuentra en buen estado de salud y permanece en el Regimiento de Seguridad Urbana, ubicado en la sede del Fuerte Tiuna (principal destacamento militar de la ciudad) a la espera de su trasladado a los tribunales para la audiencia de presentación.
Así como, la reportera Francesca Commissari, numerosos reporteros de prensa nacional e internacional han denunciado haber sido víctimas en los últimos días de agresiones y detenciones arbitrarias por parte de funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado venezolano y manifestantes que simpatizan con el oficialismo y la oposición.
Por ejemplo, la detención arbitraria por más de 12 que sufrió Gianfranco Di Giacomantonio, periodista de nacionalidad italiana y corresponsal de Abruzzo 24, televisora italiana, el 24 de febrero pasado, cuando fue detenido por funcionarios de la policía del estado Aragua, región central del país. Di Giacomantonio se encontraba cubriendo una protesta en el sector El Limón, capital del municipio Mario Briceño Iragorri.
El viernes 21 de febrero de 2014, el viceministro del Ministerio de Información y Comunicación (MINCI), notificó a los reporteros del canal de noticias CNN en Español, Patricia Janiot, su productora; Rafael Romo, corresponsal de CNN Internacional; y Osmary Hernández, corresponsal; que se les había revocado el permiso que otorga el gobierno para trabajar como periodistas en Venezuela.
La periodista Patricia Janiot se encontraba produciendo, desde el jueves 20 de febrero de 2014, un trabajo especial sobre la situación política de Venezuela para la cadena CNN, y también estaba tramitando una entrevista con el presidente Maduro. Sin embargo, el viernes se le notificó que el permiso otorgado por el gobierno venezolano para trabajar en el país se les había sido retirado. La periodista se fue del país en horas del mediodía del viernes.
Por otro lado, se produjo una medida de censura por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones contra la señal que emitía la televisora internacional NTN24 a través de los servicios de televisión por suscripción, y seguidamente el bloqueo para el acceso al sitio web del canal. También se mira con preocupación la amenaza que hizo el presidente Nicolás Maduro en relación con sacar la señal de Cable de la programación de los canales ofrecidos por suscripción en Venezuela, luego de acusarlos de promover una propaganda de guerra en el país, relacionados con los hechos de violencia registrados en las manifestaciones estudiantiles en rechazo a su gobierno. (Ver alerta: Caracas: Presidente de la República Nicolás Maduro amenazó con sacar señal de CNN de las empresas que ofrecen servicios de televisión por suscripción).
De igual forma se ha registrado bloqueo parcial en la red social Twitter y lentitud e interrupciones en el servicio de internet ABA, que ofrece la estatal Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV), que provee el servicio a más del 80 por ciento de los usuarios del país.
Otro de los aspectos que han causado mayor preocupación ha sido el bloqueo informativo que realizaron los medios radioeléctricos del país a la cobertura de los acontecimientos del día 12 de febrero, negándole a la ciudadanía el derecho a la información de interés público y de relevancia para la propia seguridad de los habitantes de las ciudades donde se desarrollaban las manifestaciones. La Alianza para la Libertad de Expresión a la cual pertenece IPYS-Venezuela, emitió un Comunicado donde alerta sobre esta situación irregular y violatoria del derecho a la libertad de expresión y del derecho a la información (ver el comunicado).
También se han registrado ataques contra la sedes de las estatales Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y Venezolana de Televisión, en Caracas, en el cual resultó herida de bala una trabajadora de la planta de televisión estatal, y el camarógrafo de la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación del estado Mérida.
Todos estos hechos han ocurrido dentro del contexto de conflictividad que se registra en el país tras numerosas manifestaciones estudiantiles realizadas en las últimas semanas, en distintos estados, en rechazo a “los altos índices de muertes por hechos violentos registrados en el territorio nacional, la escasez de alimentos, medicinas y otros insumos, y el elevado índice de inflación que deriva en altos costos de bienes y servicios”. Protestas que han sido reprimidas con balas por cuerpos de seguridad o atacadas por grupos violentos, según denuncias de los periodistas que han estado cubriendo los acontecimientos. Como consecuencia se han registrado 6 fallecimientos, en la región central y decenas de personas detenidas o heridas, en todo el país.
La situación se ha agravado debido a las amenazas y advertencias hechas desde altos funcionarios del gobierno y por parte del Directorio de Responsabilidad Social (cuerpo colegiado adscrito a Conatel y responsable de supervisar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos) a los medios de comunicación radioeléctricos y electrónicos, de posibles sanciones que se podrían derivar de la cobertura que han hecho de las manifestaciones registrados en el país. Como consecuencia los principales medios de comunicación del país han incurrido en invisibilizaciones y omisiones informativas.
IPYS está investigando:
1. La renuncia de 8 periodistas de Globovisión que denunciaron silencio informativo.
2. La detención temporal de la periodista y funcionaria de la CAF Nathalie Gerbasi, por su vínculo familiar con el ex Embajador Fernando Gerbasi, para la emisión de las alertas correspondientes.
IPYS-Venezuela observa con preocupación que los casos en los que se registraron agresiones en contra de los trabajadores de la prensa, existe un uso excesivo de la fuerza por parte de los que cuerpos de seguridad del Estado que dificulta su labor reporteril y coarta el derecho a la información.
Asimismo, se aprecia abuso del poder estatal en relación con el bloque de contenidos multimedia a través de la plataforma de red virtual Twitter, denunciado por usuarios web de todo el país, así como también la orden de Estado sobre sacar la señal del canal internacional de noticias NTN24 de las empresas que ofrecen servicios de radio y televisión por suscripción.
Podrás acceder a los casos corroborados por IPYS-Venezuela haciendo click o ingresando en www.ipysvenezuela.org/alertas
De igual manera acceder al número de alertas graficadas haciendo click en 50 casos de violación a la libertad de expresión y el derecho a la información en 10 días.
