La visión que parece imponerse en el Estado argentino es que cualquier “avance” tecnológico es deseable en sí mismo. Y ello no es así.
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Fundación Vía Libre (FVL) expresaron su preocupación por el anuncio realizado por el Ministerio del Interior de la firma de un convenio con la Real Casa de la Moneda de España para que el documento nacional de identidad (DNI) argentino incorpore más tecnología. Las organizaciones consideraron que las políticas públicas en la materia deben estar informadas por una visión de derechos humanos que hoy parece ausente.
En efecto, según informaron varios medios, el ministro del Interior Florencio Randazzo firmó un convenio que busca incorporar al DNI una tecnología que haría que nuestro documento fuera “inteligente”. Según informó el diario La Nación, el documento tendrá dos chips, “uno con los datos identificatorios de la persona y en el otro cada persona podrá tener incorporados los datos de su historia clínica, de ANSES, de PAMI y de la tarjeta SUBE, lo que simplificará y mejorará los trámites, evitando papeles y múltiples identificaciones”.
Para la ADC y la Fundación Vía Libre resulta enormemente preocupante que la política de identificación de los ciudadanos se expanda sin control y sin una mirada que tome en cuenta los riesgos que la misma representa para la privacidad de las personas. La visión que parece imponerse en el Estado argentino es que cualquier “avance” tecnológico es deseable en sí mismo. Y ello no es así.
Desde el punto de vista tecnológico es necesario, en primer lugar, preguntarse por la necesidad de determinada información para los fines que busca satisfacer la tecnología en cuestión. Como la finalidad legal del DNI es la identificación de las personas, claramente la información de la SUBE, del PAMI, de ANSES o la historia clínica es innecesaria.
Pero desde el punto de vista constitucional, ese análisis de necesidad es aún más estricto. Las políticas de identificación masiva de la ciudadanía representan una afectación a la privacidad de los ciudadanos que pone en riesgo ese derecho fundamental. Ello explica por qué en muchos países que avanzaron con políticas masivas de identificación volvieron sobre sus pasos y desmantelaron los sistemas de control. «Si el Estado nos obliga a tener un DNI y a llevarlo con nosotros, el Estado debe hacerse responsable por los riesgos que ello implica», consideró Ramiro Álvarez Ugarte, abogado de la ADC. «Si nuestro DNI incluye —por ejemplo— nuestro domicilio y nuestros movimientos en la tarjeta SUBE, perderlo significa que quien lo encuentre sabrá dónde vivimos y en qué horario no estamos en casa», precisó.
Por su parte, Beatríz Busaniche de Fundación Vía Libre advirtió sobre la necesidad de contar con más información. “Por ejemplo, según dijo el Ministro, en caso de robo, el DNI se bloquearía. ¿Esto significa que tendrá algún tipo de contacto con algún servidor central que administre los datos? ¿En qué manos estarán esos datos sensibles, cuáles serán los resguardos, qué usos se harán de ellos?”, se preguntó. Asimismo, reclamó que haya “una evaluación profunda y una discusión amplia sobre la necesidad de recoger y centralizar semejante cantidad de datos personales por parte del estado” .
Tanto la Fundación Vía Libre como la ADC señalaron que es momento de cuestionar la lógica tecnológica que prima en la administración y llamaron a incorporar una visión de derechos humanos que –sostuvieron– hoy no está presenta en las políticas públicas de identificación y control de la ciudadanía.
