La Sociedad Interamericana de Prensa condenó una nueva demanda del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela contra tres publicaciones a las que exige una millonaria indemnización.
Este artículo fue publicado originalmente en sipiapa.org el 26 de agosto de 2015.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó una nueva demanda del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela contra tres publicaciones a las que exige una millonaria indemnización, situación que la organización hemisférica calificó de “hostigamiento judicial y económico” que viola principios elementales de libertad de prensa que deben regir en democracia.
La SIP también se hizo eco de la preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “ante las reiteradas declaraciones estigmatizantes y el hostigamiento judicial desplegados durante los últimos meses contra los medios El Nacional, Tal Cual, La Patilla y sus directivos por parte de altos funcionarios del gobierno de Venezuela”.
El 12 de agosto el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, anunció en su programa televisivo que el tribunal admitió una demanda civil que presentó contra el diario El Nacional, el semanario Tal Cual, el portal digital La Patilla y sus propietarios. En su demanda exige una indemnización por “daños morales” de mil millones de bolívares. Tomando el tipo de cambio Sicad (Sistema de Cambio Complementario de Administración de Divisas) del Banco Central, ese monto equivale a $78 millones de dólares.
La nueva querella se basa en la reproducción en enero pasado de una información del diario ABC de España sobre supuestos vínculos del alto funcionario con el narcotráfico. En abril Cabello presentó una demanda penal contra 22 directivos y representantes de los tres medios por el delito de “difamación agravada continuada” por la reproducción del artículo del periódico español, prohibiéndosele a los periodistas imputados la salida del país y tener un régimen de visita ante los tribunales.
El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, dijo que “esta indemnización irrisoria busca el ahogo económico de los medios y de sus propietarios” (Miguel Henrique Otero de El Nacional, Teodoro Petkoff Malec de Tal Cual y Alberto Federico Ravell de La Patilla) y de “poner fin al periodismo indpendiente”.
Mohme, director del diario peruano La República, agregó que más allá de que en este caso no hay delito alguno por reproducir investigaciones periodísticas, lo que se destaca “es la desproporcionalidad del castigo, que evidencia que se trata de un castigo que el poder quiere hacer ejemplarizante para que todo el periodismo se autocensure por temor a sufrir represalias económicas”.
Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, expresó que “este caso refleja la falta de independencia de los poderes y sobre cómo estos están orquestados para limitar la libertad de prensa”.
Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, se refirió a que el Tribunal Supremo, sin que aún se haya realizado una audiencia judicial por el caso, expresó con antelación su solidaridad con el funcionario estableciendo que la divulgación de esa reproducción periodística, “al carecer de veracidad acarrean las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico nacional”.
La CIDH destacó también en su pronunciamiento que existe jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno a que “las declaraciones estigmatizantes efectuadas por altos funcionarios públicos contra personas que ejercen su libertad de expresión pueden ponerlos en una posición de mayor vulnerabilidad”, y su repetición “puede contribuir a exacerbar el clima de hostilidad, intolerancia y animadversión”.
Establece además que la jurisprudencia interamericana reconoce que la libertad de expresión otorga a los directivos de medios y a los periodistas “el derecho a investigar y difundir” sobre asuntos de interés público que incluso estén disponibles en la prensa extranjera, e indicó que “el uso del derecho penal – principal poder coercitivo del Estado – para sancionar, reprimir, inhibir aquellas expresiones críticas a la actuación de autoridades estatales o sobre cuestiones de interés público, es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
