El clima para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en San Luis Potosí se encuentra en su punto histórico más bajo. El temor se ha instalado en el gremio; varios periodistas de la entidad reportaran agresiones provenientes de funcionarios públicos
Este artículo fue publicado originalmente en articulo19.org el 27 de octubre de 2017.
El clima para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en San Luis Potosí se encuentra en su punto histórico más bajo. El temor se ha instalado en el gremio; varios periodistas de la entidad reportaran agresiones provenientes de funcionarios públicos después de la desaparición forzada, tortura y asesinato del fotoreportero de nota policiaca Edgar Daniel Esqueda Castro, colaborador de los medios Vox Populi y Metrópoli San Luis, el 6 de octubre de 2017.
Varias fuentes que pidieron permanecer anónimas reportaron a ARTICLE 19 que una semana después de la desaparición y asesinato de Esqueda, Julio Cevallos, ex-policía judicial filtró en un acto público un video en donde presuntamente el fotorreportero de nota policiaca menciona vínculos de integrantes de los medios El Pulso de San Luis, El Sol de San Luis y Código San Luis y otros periodistas locales con el crimen organizado. De ser legítimo, este video podría haber sido obtenido bajo tortura por lo que la veracidad de sus contenidos deben ser severamente cuestionados.
La filtración y difusión de este video constituye una forma de criminalización y ha consolidado una campaña de desprestigio contra los medios en San Luis Potosí a través de la instrumentación de una narrativa en la que, independientemente de la alusión individual a periodistas de diversos medios, «todos los reporteros de los periódicos» están relacionados en actividades criminales.
Otras fuentes anónimas corroboraron a ARTICLE 19 que el video fue presentado por el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, en actos a puerta cerrada en la casa de gobierno, donde asistieron personal de la PGE, la Secretaría de Gobierno del estado y empresarios. En dichos actos este material se ha presentado como legítimo.
La criminalización de medios desde el poder ejecutivo del estado es de suma gravedad ya que la reproducción de mensajes de este tipo abonan a la construcción de juicios mediáticos sin una previa investigación judicial exhaustiva, diligente e imparcial. Esto genera un ambiente adverso en la opinión pública y contraviene el acceso a la justicia.
La difusión mediática de este tipo de videos incriminadores contra la prensa por parte de servidores públicos de alto nivel viola los derechos humanos y genera un efecto corruptor en el sistema de la justicia. Esto contrasta con la ausencia de información veraz y oportuna que imperan respecto al avance de las investigaciones de agresiones recientes contra la prensa en la entidad ya que fomenta la elucubración y la formulación de hipótesis desviadas respecto de los hechos ocurridos, sin garantizar el derecho a la verdad.
ARTICLE 19 ha documentado cómo medios mencionados en el video difundido como El Pulso de San Luis han sido atacados previamente a través de campañas de desprestigio en videos, memes y publicaciones en redes sociales enfocadas a vincular al medio con el crimen organizado. Tal es el caso de una publicación de pago en Facebook que asocia lo asocia como un «narcoperiódico», en la página «Periodistas Unidos por San Luis», difundida el 17 de octubre de 2017, la cual desapareció días después.
Además, se ha documentado cómo este medio ha sido objeto de diversas agresiones, entre ellas, la violencia institucional. Pablo Valladares, su director, ha enfrentado el inicio de diversos procedimientos penales y la judicialización a través de una demanda de daño moral, interpuesta el 28 de septiembre de 2017 por parte de Manuel Barrera Guillén, diputado local y dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el estado, a raíz de una investigación periodística sobre enriquecimiento ilícito.
La cobertura de El Pulso de San Luis es crítica en temas de corrupción y transparencia, como ejemplifica la investigación periodística «La Ecuación corrupta» que devela corrupción de diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y PVEM en auditorías a nivel de alcaldías locales.
Además de las campañas de desprestigio, la intimidación presencial por parte de funcionarios públicos ha dejado verse. Otro reportero del medio –que pidió reservar su identidad– dijo a ARTICLE 19 que el 18 de octubre, aproximadamente a las 10:30 de la noche, fue víctima de intimidación cuando policías arribaron a su domicilio: «llegó una patrulla número 2414 de la Policía Metropolitana con tres policías a preguntarme mi nombre». El periodista fue interrogado sobre varios nombres de colegas del gremio y también se le cuestionó «si había puesto una demanda pidiendo protección a periodistas». Al periodista no le fue mostrado ningún oficio, al requerir una orden judicial así como el acompañamiento de abogados para la indagatoria en su domicilio, los policías se retiraron.
La instrumentalización de narrativas criminalizadoras ponen en riesgo ulterior y agravado a los periodistas de los medios incriminados. Un periodista local refirió: «están usando estos videos para golpetear a los compañeros periodistas. Hay datos inciertos y la opinión pública no sabe lo que realmente está pasando. Después del asesinato de (Edgar) Daniel nadie quiere cubrir (nota) policiaca». Uno de los periodistas criminalizados en el video difundido por autoridades narró a ARTICLE 19: «temo por mi integridad y la de mi familia, no tomo esto a la ligera, ya en el pasado trabajando nota en el estado me han golpeado policías mientras cubría un enfrentamiento de nota policiaca, no les pareció mi trabajo.»
Este tipo de campañas en San Luis Potosí crea un ambiente restrictivo para la libertad de prensa. Sobre todo cuando en este estado prevalece la opacidad sobre información de seguridad pública y que suma el grave antecedente reciente de tortura, desaparición forzada y asesinato de un periodista con indicios que participación de agentes ministeriales.
Un periodista ajeno a los medios mencionados en el video contó a ARTICLE 19 cómo antes del asesinato de Esqueda ya existían indicios de la infiltración grave del crimen organizado en las filas de las policías locales y añadió que a pesar de que policías ministeriales del estado estaban posiblemente implicados en el crimen contra Esqueda estas fuerzas «no se mencionan en el video difundido inicialmente». Otro periodista de la entidad dijo: «nadie en San Luis Potosí investiga realmente cosas de seguridad. No nos podemos meter a reportear temas de ejecuciones ni decomisos a fondo, sólo nos limitamos a cubrir lo que sacan las autoridades, nadie quiere investigar por el peligro que implica.»
En este contexto, destaca la renuencia de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) para atraer la investigación en las agresiones contra Esqueda y la difusión del video obtenido bajo tortura, dados los indicios de la participación de autoridades estatales. Ante la falta de una investigación diligente y exhaustiva por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de San Luis Potosí, la FEADLE tiene la obligación de atraer el caso.
La situación se agrava cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí no han sido proactiva en acreditar las violaciones de derechos e implementar acciones efectivas tras el conocimiento de las agresiones reiteradas contra la prensa en el estado. «Las instituciones oficiales en materia de libertad de expresión y derechos humanos en San Luis Potosí son deficientes; carecen de experiencia y conocimiento para enfrentar la violencia contra la prensa», declaró un defensor de derechos humanos con conocimiento de terreno del estado de censura a esta organización.
Por lo anterior, ARTICLE 19 exige a la FEADLE, de la Procuraduría General de la República (PGR), atraer como establece su mandato constitucional en el Art. 73 fracción XXI, la investigación de los crímenes en contra de Esqueda y de otros periodistas en San Luis Potosí, privilegiando las líneas de investigación relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión sin descartar aquellas que vinculan a funcionarios públicos en la comisión de crímenes. Dicha investigación se debe efectuar de forma diligente, técnica, objetiva, exhaustiva e imparcial en aras de garantizar los derechos de acceso a la justicia, la verdad y la reparación del daño.
Al gobierno del estado de San Luis Potosí, en específico a su ejecutivo Juan Manuel Carreras, exige se abstenga de criminalizar y ejercer violaciones de derechos mediante la promoción de narrativas estigmatizadoras que generan condiciones negativas y obstaculicen la libertad de prensa, en especial la de medios que promueven la cobertura de temas de seguridad pública, transparencia y corrupción en la entidad, información de interés público relevante para las y los potosinos.
Al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), implementar medidas coordinadas de protección tanto colectivas para los medios como individuales que así lo requieran contemplando medidas de reconocimiento como mandata la Ley Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de tal manera que se revierta el impacto de campañas estigmatizadoras por parte de servidores públicos que ponen en riesgo a periodistas en San Luis Potosí.
Requerimos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a través de su «Programa de agravio a periodistas y defensores civiles» atraiga la investigación por las posibles violaciones a derechos humanos y emita recomendaciones específicas dirigidas a autoridades estatales y federales para que se tomen medidas correctivas subsecuentes en el actuar de las mismas.
