Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifestó su preocupación sobre el impacto que la decisión de la FCC podría tener para la libertad de expresión y el derecho a la información.
Este artículo fue publicado originalmente en observacom.org el 23 de noviembre de 2017.
El Presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Ajit Pai presentó ante el resto de los comisionados su propuesta para «Restaurar la libertad en Internet», que será votada el 14 de diciembre de 2017. Consultado por OBSERVACOM, Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación sobre el impacto que la decisión podría tener para la libertad de expresión y el derecho a la información.
«Un retroceso en las reglas que garantizan la neutralidad de la red de Internet y la no discriminación en Internet que se produzca en Estados Unidos tiene el potencial de producir un impacto más global», aseguró Lanza a OBSERVACOM. «El temor es que nos enfrentemos a una Internet de primera, accesible para unos pocos, y a una internet restringida en velocidad y acceso a contenidos para la mayor parte de los ciudadanos, con el consiguiente impacto en la libertad de expresión, el derecho a la información y el disfrute de los derechos humanos en general».
Al presentar el borrador del proyecto para cambiar la clasificación del servicio de banda ancha, Ajit Pai señaló que con su propuesta, «el gobierno federal dejará de micro gestionar Internet». «La FCC simplemente requerirá a los proveedores de Internet que sean transparentes sobre sus prácticas para que los consumidores puedan comprar los planes de servicio que les resulte mejor y los emprendedores y otros pequeñas empresas puedan contar con la información técnica que necesitan para innovar», aseguró Pai según el comunicado de la FCC.
Cabe recordar que a fines de agosto, el Relator para la Libertad de Expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU), David Kaye, junto con Edison Lanza, manifestaron su preocupación ante la propuesta de la FCC para revertir la clasificación de acceso a Internet de banda ancha como servicio público, sancionada en 2015, durante la presidencia de Barak Obama.
En la nota enviada a la FCC como parte del proceso de consulta pública, los relatores expresaron que el cambio de clasificación podría significar «una reversión en la protección de la neutralidad de red y la interferencia indebida con la libertad de expresión en línea en Estados Unidos». Además expresaron su preocupación en relación a la posible revocación o debilitamiento de las reglas que impiden el bloqueo, reducción y priorización paga de tráfico. Otra de las preocupaciones expresadas por los Relatores fue el posible cambio en los estándares de conducta que refiere a la prohibición del proveedor de interferir en el acceso y la potestad de la Comisión para monitorear dicha conducta y hacerla cumplir. Dentro de los estándares de conducta, los Relatores se refirieron en particular a la práctica de «zero rating» (no cobrar por el uso de datos de ciertas aplicaciones). «Es un desarrollo que la Comisión debería continuar monitoreando de cerca… los programas de zero rating no deberían reemplazar a las políticas públicas que busquen tender un puente para achicar la brecha digital». Por último, los Relatores indicaron las implicancias que la eliminación de la regla de neutralidad de red podría generar para la transparencia, es decir, la obligación de los proveedores de brindar información a los consumidores sobre sus prácticas de gestión, términos comerciales, límite de datos, precios, entre otros.
Lanza confirmó a OBSERVACOM que la carta fue efectivamente recibida y tramitada por el Departamento de Estado, que la consideró «una contribución importante para el debate». «De hecho fue publicada en la página de la FCC como parte del proceso de consulta pública», informa el Relator de la CIDH, «por lo que esperamos que sea tenida en cuenta y que se responda a nuestras preocupaciones en el marco de esa consulta».
Consultado sobre las medidas o acciones que podrían adoptar las Relatorías para preservar la libertad de expresión en caso de que se concrete este cambio en EEUU, Lanza consideró que «las Relatorías tanto de Naciones Unidas como de la OEA tienen un marco de actuación y si se produce un retroceso o la violación de un derecho a través de normativa estatales hay mecanismos para acceder a los órganos de supervisión. Lo primero es conocer qué tipo de impugnación se verifica en la jurisdicción de cada país: si se interponen recursos judiciales hay que esperar a la dilucidación de los mismos en la jurisdicción nacional. También es posible que el Congreso intervenga en el asunto y finalmente hay que observar las posibles afectaciones en víctimas concretas. En lo que viene por delante, como sucede con todos los países de la región, la Comisión Interamericana y al Relatoría pueden recibir solicitudes de audiencias públicas sobre temas concretos que afecten la libertad de expresión, hasta casos individuales cuando se agotó la jurisdicción interna».
