Lejos de proteger la libertad de expresión, el gobierno guatemalteco la asfixia.
Este artículo fue publicado originalmente en cerigua.org el 26 de febrero de 2018.
La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) lamentó que el Estado guatemalteco no tome en serio su función de garantizar por todos los medios a su alcance el derecho a la libertad de prensa y de expresión, como lo establece la Constitución Política de la República y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La máxima gremial de prensa del país considera que, por el contrario, el esfuerzo del Estado está enfocado en restringir, acallar y abusar de su autoridad para establecer controles directos e indirectos, descarados o solapados, y hasta de criminalizar aquellas opiniones que no sean de su parecer o que despierten en su mórbido interés particular sobre el general.
La APG se solidariza con la Cámara de Medios de Comunicación que denunció el artículo 31 del proyecto de decreto que supone reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, considerado en análisis que contiene atropellos a la Libertad de Expresión.
Asimismo, se pretende que estén sujetas bajo control del Tribunal Supremo Electoral para personas individuales o jurídicas que divulguen campañas cívico-políticas por cualquier medio de comunicación social, redes sociales, para que den cuenta del financiamiento aplicable a organizaciones políticas.
La APG levanta su voz de protesta y rechaza todo intento por vulnerar el derecho de opinar, de establecer fronteras y de tener el acceso a todo medio de expresión, al derecho de la libre empresa.
Finalmente, exige que inmediatamente y de acuerdo s los procedimientos, se retire el artículo 31 del proyecto de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, para garantizar el libre acceso a los medios de comunicación; igualmente exige que se suspenda la discusión y se retire la ley mordaza que pretende criminalizar las manifestaciones y la libertad de expresión del pensamiento, por retrógrada y amenazante a los elementales derechos del ser humano.
