Este artículo fue publicado originalmente en anp-bolivia.com el 20 de Julio de 2018. Una aparente contaminación por el vertido de la tinta empleada por el diario El Gran Chaco fue el argumento de la Alcaldía de Yacuiba (Tarija) para la clausura del medio independiente, en la tarde del jueves 19 de julio, mientras la Asociación […]
Este artículo fue publicado originalmente en anp-bolivia.com el 20 de Julio de 2018.
Una aparente contaminación por el vertido de la tinta empleada por el diario El Gran Chaco fue el argumento de la Alcaldía de Yacuiba (Tarija) para la clausura del medio independiente, en la tarde del jueves 19 de julio, mientras la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) rechazó el atropello por considerarlo contrario al Artículo 296 del Código Penal y las libertades constitucionales que protegen el trabajo periodístico, y exigió la inmediata reapertura.
Una contravención a la Ley del Medio Ambiente es el argumento empleado por la autoridad municipal para justificar la imposición de un precinto a la entrada del diario, una formalidad que impidió la circulación del rotativo hoy viernes 20, según denunció a la Unidad de Monitoreo de la ANP el director del medio, Jorge Molina.
La clausura registrada a las 16.00 horas del jueves 19, es la segunda acción impuesta contra el diario instalado en la ciudad fronteriza con Argentina, y a 1.385 kilómetros al sur de La Paz. La primera fue aplicada el 9 de julio y por 20 minutos, bajo la supuesta falta de una licencia de funcionamiento. En esa oportunidad, Molina acudió hasta las oficinas ediles y enseñó el registro para el retiro de la suspensión.
La ANP lamentó que la ciudad de Yacuiba sea nuevamente escenario de acciones que atropellan las libertades de prensa y de expresión. En marzo pasado, un juez otorgó una sanción simple por un caso de tentativa de homicidio contra el periodista Adolfo Yavarí, y liberó al responsable de la agresión tras un proceso abreviado.
El 29 de octubre de 2012, el radialista Fernando Vidal y su operadora Karen Anze fueron atacados por cuatro personas que los rociaron con combustible y les prendieron fuego, durante un programa de radio Popular de Yacuiba en el que se transmitían denuncias de supuesta corrupción en el Control Operativo Aduanero.
El 21 de junio de 2008, el Canal 4 de Televisión fue dinamitado y un oficial de ejército fue detenido por el hecho.
La supuesta falta contra el medio ambiente es una de varias acciones de fiscalización que aplicó la Alcaldía de Yacuiba contra el diario que comenzó actividades el 22 de marzo de 2018.
Las medidas de control siguieron a la publicación de denuncias como el despido de una persona con discapacidad de la entidad municipal y las críticas contra el alcalde, Ramiro Vallejos, elegido en las filas de la opositora Unidad Departamental Autonomista (UD-A) en 2015, y que el pasado jueves 12 de julio, juró como militante del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).
“Se trata de una persecución al periódico. A algunas autoridades no les ha gustado que les hagamos notar que hay falencias en las instituciones”, expresó el director de El Gran Chaco.
La ANP que representa a los principales diarios, revistas y una agencia de noticias, reiteró que está vigente el Artículo 296 del Código Penal que contempla los delitos contra la libertad de prensa.
“Será sancionado con reclusión de seis meses a tres años y multa de treinta a doscientos días, el que ilegalmente impidiere o estorbare la libre emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión así como la libre circulación de un libro, periódico o cualquier otro impreso”, expresa la norma.
En una declaración difundida por la Agencia de Noticias Fides (ANF), el alcalde Vallejos señaló que la clausura se hizo dentro del marco de la ley y que es “absolutamente falso” que se trate de un intento por acallar al medio”.
“Se ha hecho con anticipación notificaciones para que puedan cumplir con una serie de requisitos que habilitan el funcionamiento de medios de comunicación”, apuntó la autoridad municipal y explicó que la clausura se debe a una cuestión ambiental por el tratamiento de la tinta que utiliza el periódico, según la versión de ANF.
En febrero pasado, el presidente de la ANP, Marcelo Miralles Iporre, presentó denuncia documentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reunida en Bogotá, Colombia, sobre la persecución tributaria, la asfixia financiera, la censura y las acciones gubernamentales orientadas a silenciar la voz independiente de periodistas y medios de información.
