(FLIP/IFEX) – Lo que sigue es un informe de la FLIP: DIAGNÓSTICO DE LA LIBERTAD DE PRENSA EN COLOMBIA, JULIO DE 2003 EN BREVE En julio, además de las violaciones a libertad prensa por los ataques físicos contra los periodistas, hubo diversas discusiones entorno a los efectos que sobre la libertad de prensa podría tener […]
(FLIP/IFEX) – Lo que sigue es un informe de la FLIP:
DIAGNÓSTICO DE LA LIBERTAD DE PRENSA EN COLOMBIA, JULIO DE 2003
EN BREVE
En julio, además de las violaciones a libertad prensa por los ataques físicos contra los periodistas, hubo diversas discusiones entorno a los efectos que sobre la libertad de prensa podría tener los contenidos de algunos documentos oficiales y las decisiones tomadas en los estrados judiciales. Al tiempo que el Gobierno lanzó el documento sobre Seguridad Democrática en el que incluye algunas consideraciones relacionadas con los medios de comunicación y los periodistas, la Defensoría del Pueblo emitió una resolución sobre la protección que deben recibir los periodistas dentro del conflicto armado. Diferentes entidades judiciales tomaron decisiones que inciden sobre la libertad de prensa. A su vez, los embates contra esa libertad materializadas en amenazas contra los periodistas se incrementaron con respecto al mes pasado.
VIOLACIONES A LA LIBERTAD DE PRENSA
En el plano de las violaciones a la libertad de prensa, fueron las amenazas, el indicador más preocupante en el mes de julio.
Amenazas
* José Dimas Rico, director de la emisora Eco Llanero en Villavicencio, afiliada a la Corporación Minuto de Dios, ha recibido continuas amenazas por la lectura de los comunicados que emite la Brigada del Ejército con sede en esa ciudad y los emitidos por la gobernación del Meta. Presuntamente dichas amenazas provienen de las FARC. Rico fue amenazado en las instalaciones de la emisora y ha recibido constantes amenazas telefónicas que han sido extensivas a su familia.
* Carlos Fernández Bonilla, columnista del Diario de Occidente de Cali, recibió una amenaza telefónica después de publicada una columna de su autoría donde presentaba una panorama de la situación de la empresas públicas de Cali, EmCali.
* Wiston Viracachá, corresponsal del Canal Caracol Televisión, fue conminado a salir del departamento de Nariño, al sur occidente colombiano, por medio de un comunicado de la Autodefensas Unidas de Colombia en el que advertían que le quedaba prohibido realizar cualquier labor periodística en el país. Posteriormente, las Autodefensas desmintieron la expedición de ese comunicado y el contenido del mismo y aseguraron no haber proferido amenazas contra el comunicador.
Atentados
* Amaury de Jesús Monsalve, locutor y fundador de varias emisoras de radio comunitarias en Bolívar y otros departamentos del caribe colombiano ha venido siendo víctima de amenazas y atentados contra su vida desde 1992. El último atentado ocurrió el 7 de junio de este año, por lo que debió salir de Magangué (Bolívar), ciudad donde trabajaba como director de un magazín cultural en la emisora radio Maguey. Entre otros temas, informaba sobre la situación de orden público en la región y denunciaba la presencia de los actores armados ilegales en la zona urbana de Magangué.
ALGUNOS PERIODISTAS RETORNAN
Seguimiento al caso de Arauca
En cumplimiento de la labor que ha sido encomendada a la FLIP de hacer seguimiento a la implementación de las medidas de protección ofrecidas por el Gobierno Nacional y acordadas con el grupo de periodistas de Arauca, a continuación presentamos un resumen de la situación actual en la que se encuentran estos periodistas.
En marzo de 2003, 16 periodistas fueron amenazados. 13 de ellos salieron de la región hacia Bogotá pero uno se regreso casi de inmediato, pues era jefe de prensa de la Gobernación y ésta se comprometió a brindarle protección. Los 12 periodistas que se quedaron en Bogotá fueron acogidos por el Programa de Protección del Ministerio del Interior.
En julio, 7 de estos 12 periodistas retornaron a la zona debido a la falta de recursos para su sostenimiento en Bogotá y a la imposibilidad de ejercer su profesión en la capital. Para garantizar su seguridad el Ministerio del Interior organizó un esquema de seguridad especial. Por su parte, los periodistas conformaron la Asociación de periodistas de Arauca que tiene por objeto organizar a los periodistas en riesgo para facilitar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno.
En términos generales la actual situación de riesgo de los periodistas que retornaron es menor a la que tenían antes de su salida, aunque dos de los periodistas que retornaron han recibido alguna clase de amenaza. Además, los reporteros manifiestan que se han presentado varias irregularidades en las medidas de seguridad diseñadas para su protección. La Flip estudió los compromisos asumidos por el Gobierno y la situación actual de los periodistas en Arauca. Esto fue lo que encontró:
1. Lo acordado: Los periodistas que regresen contarán con la asistencia y la protección inmediata de las autoridades en Arauca. Para ello las autoridades locales actuarán de forma rápida y efectiva ante cualquier indicio de riesgo.
Lo que ha pasado: Para cumplir con este acuerdo la policía se comprometió a realizar rondas policiales que permitieran una rápida respuesta. Estas rondas se vienen realizando de manera irregular y no cubren a todos los periodistas dentro del programa.
2. Lo acordado: Se creará una red de comunicaciones mediante la designación de tres oficiales de enlace en Arauca ? Policía, DAS y Ejército ? y se hará entrega de teléfonos celulares al grupo de periodistas que regrese a Arauca.
Lo que ha pasado: La entrega de celulares se hizo pero algunos de ellos están dañados y no han sido remplazados aún.
3. Lo acordado: Se contratarán cuatro vehículos para el desplazamiento de los periodistas en Arauca, cada uno de ellos con un escolta del DAS o la Policía.
Lo que ha pasado: Sólo se asignaron dos carros (uno de la Policía y otro del DAS). La alcaldía y la gobernación se comprometieron a suministrar semanalmente la gasolina para los vehículos pero éste se hace de manera tardía e irregular. Según informe de la misma Policía, la cantidad de combustible suministrada no es suficiente para los recorridos.
4. Lo acordado: La coordinación de rutas será realizada por un periodista designado por el resto del grupo y deberá tener en cuenta las recomendaciones de las autoridades sobre el riesgo de determinados movimientos.
Lo que ha pasado: Hay un periodista encargado de organizar las rutas pero éste manifiesta que no hay coordinación entre el vehículo del DAS y de la Policía para el transporte de los periodistas. También manifiesta que los vehículos son utilizados por periodistas fuera del programa de protección y que en ellos se transporta personal uniformado.
5. Lo acordado: Los vehículos deberán tener un medio de comunicación que permita la coordinación con los periodistas.
Lo que ha pasado: Los dos vehículos, el de la Policía y el del DAS cuentan con un teléfono. Sin embargo, el del Das está dañado.
6. Lo acordado: El DAS realizará cursos de autoprotección en Arauca para los familiares de los periodistas.
Lo que ha pasado: El 8 de agosto de este año la Policía realizó un curso de autoprotección y tiene programado otro para el 17 de octubre.
7. Lo acordado: El DAS y la Policía analizarán la situación individual de cada periodista, a fin de determinar su nivel de riesgo. revaluarán cada tres meses el resultado de cada estudio de riesgo de los periodistas en la zona.
Lo que ha pasado: Los periodistas manifestaron que, desde su retorno, a ninguno se le ha hecho un nuevo estudio de riesgo en la región.
8. Lo acordado: Se tomarán medidas especiales para los periodistas de Saravena, toda vez que algunas de las medidas incluidas en los esquemas colectivos de seguridad no pueden ser implementadas en ese municipio.
Lo que ha pasado: Se les dieron algunas recomendaciones de seguridad. No se les ha asignado una protección física, según lo manifestado por ellos, porque esto los pondría en mayor riesgo. Por el momento no hay comunicaciones vía celular pero se piensan reestablecer. Los periodistas de Saravena tienen contacto directo con el batallón y mantienen un bajo perfil.
El informe completo sobre la situación de Arauca se enviará a la Vicepresidencia de la República para alertar sobre las falencias que ha venido presentando el esquema colectivo de seguridad e instando al Gobierno para que se hagan los ajustes necesarios para su cumplimiento. También se enviará una copia a los periodistas de Arauca para que hagan exigibles esos acuerdos.
DOCUMENTOS QUE GENERARON DISCUSIÓN EN TORNO A LA LIBERTAD DE PRENSA
La seguridad democrática y los medios de comunicación
A mediados de julio la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa dieron a conocer su Política de defensa y seguridad democrática. Según lo manifestado por el Presidente, la implementación de dicha política permitirá «recuperar el orden y la seguridad para garantizar la protección de los ciudadanos». Dentro de la propuesta del Gobierno se incluyen objetivos y líneas de acción relacionadas con los periodistas y los medios de comunicación.
El Gobierno manifiesta que «muchos colombianos requieren atención especial, por ser víctimas inmediatas de las organizaciones armadas ilegales». Incluye dentro de ellos a los periodistas. Para proteger a este grupo vulnerable el Gobierno dice haber invertido más recursos en el Programa de Protección del Ministerio del Interior, no específica sin embargo, para cuáles programas dentro del Ministerio, pues éste también protege a defensores de derechos humanos, concejales, sindicalistas, entre otros.
Es cierto que los periodistas necesitan una «atención especial», pero la necesitan porque son los garantes principales del valor democrático por excelencia que es la libre expresión de las ideas. Así lo ha reconocido el Estado colombiano desde la firma misma de la Carta de Naciones Unidas y con la ratificación de los diferentes tratados internacionales de derechos humanos como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.
La propuesta del Gobierno también menciona a los periodistas y a los medios de comunicación dentro de su línea de acción de «comunicar las políticas y acciones del Estado frente al terrorismo».
En el documento se dice que:
«El manejo responsable de la información no es sólo tarea de todas las entidades del Estado. Igualmente, corresponde a los medios de comunicación, en cumplimiento del mandato constitucional, ser veraces y responsables, en especial, a la hora de divulgar información que pueda poner en peligro la vida de las personas y el desarrollo de operaciones. Cumplir con estos preceptos constitucionales es una tarea especialmente difícil en un país democrático que, como Colombia, está asediado por organizaciones terroristas. Éstas no sólo atentan contra la libertad de prensa mediante la intimidación y la violencia, sino también divulgando falsa información, manipulando la opinión y sembrando confusión. El Estado promoverá y respaldará la reflexión por parte de los periodistas y de los medios acerca de cuál debe ser su papel en una democracia en peligro: si sus prácticas periodísticas respaldan los valores democráticos, qué fuentes de información legitiman y cuáles son los efectos del lenguaje que utilizan».
Por tratarse de una política de seguridad, es comprensible que el Gobierno haga énfasis en que a la hora de divulgar información que pueda poner en peligro la vida y el desarrollo de las operaciones, los medios deben actuar con especial cuidado. Sin embargo, no hay que perder de vista que el grado de responsabilidad de los medios al momento de divulgar información debe ser igual indistintamente de los hechos que estén comunicando, pues esto es un deber constitucional.
En materia de medios de comunicación y periodistas la política de seguridad presentada por el Gobierno deja muchas dudas sin resolver. Entre ellas: ¿puede la política de seguridad de un Estado incluir como parte de su estrategia a personas civiles, como los medios de comunicación y los periodistas? ¿Cuál va a ser la manera en que el Gobierno piensa «promover y respaldar» la reflexión sobre ciertos temas sin ingerir en la libertad de expresión de medios y periodistas?
Los periodistas están protegidos por el DIH
En la Resolución Defensorial número 16, que se dio a conocer al público en el mes de julio de 2003, la Defensoría del Pueblo concluyó que «los hechos de violencia cometidos contra los periodistas por los diferentes actores que participan en la confrontación armada en el país, constituyen graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario». Afirma que los periodistas que cumplen sus labores en zonas de conflicto armado interno deben ser consideradas personas civiles, por lo que gozan de la protección e inmunidad del Derecho Internacional Humanitario. Por lo anterior concluye que «quienes atacan civiles y en particular periodistas desconocen el principio de la inmunidad de las personas civiles y el principio de distinción entre combatientes y no combatientes, ejes fundamentales de las normas humanitarias». Con esa conclusión se busca evitar que las partes en conflicto consideren a los periodistas combatientes o miembros de uno u otro grupo por el hecho de ejercer su actividad.
La Defensoría agrega que el Estado debe investigar todas las situaciones de agresiones que se presenten en contra de los periodistas en virtud de la obligación de garantizar los derechos de las personas consignadas en el artículo 1º de la Convención Americana de Derechos Humanos. Además de eso reafirma que el Estado puede ser responsable internacionalmente por acciones no directamente imputables a éste cuando «1) no haya puesto la debida diligencia para prevenir la violación; 2) cuando no haya puesto los medios a su alcance para investigar y sancionar a sus responsables». Esa afirmación está acorde con los principios sobre Libertad de Expresión, en particular con el principio 9º según el cual «(?) Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada».
Igualmente, insta a la Fiscalía General de la Nación a que impulse las investigaciones penales por hechos de violencia contra los periodistas en el marco del conflicto armado. En relación con el programa de protección del Ministerio del Interior, como se mencionó anteriormente, pide que se adopten los correctivos que necesite el Programa de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales y «recomienda revisar la forma como se adelantan los estudios de seguridad, con el propósito de asegurar que los mismos se realicen en el lugar donde residen y desempeñan sus funciones los periodistas y por el personal cualificado. Asimismo, sugiere un mayor seguimiento y control a las medidas que se brindan, para garantizar su efectividad y Cumplimiento».
Por último, la Defensoría incluye a los medios de comunicación dentro de las recomendaciones con el fin de que éstos presten a sus periodistas las condiciones adecuadas y el respaldo necesario en el cubrimiento del conflicto armado.
El Consejo de Estado sienta un precedente
Un fallo de la sección tercera del Consejo de Estado en contra del DAS por suministrar información sin confirmar le otorgó una indemnización a Gilberto Márquez Henao. El DAS difundió entre los medios de comunicación información que resultó ser falsa por lo que la Sala responsabilizó a esa fuente por la información suministrada y liberó a los medios de comunicación de cualquier responsabilidad por haberla difundido. El Tribunal Administrativo del Valle había fallado en contra del DAS; el Consejo de Estado confirmó la decisión.
En relación con la responsabilidad que le cabría a los medios, la sección tercera señaló que: «Debe descartarse de plano que exista, en este caso, responsabilidad de los medios de comunicación, los cuales se limitaron a presentar una noticia de cuya certeza no podían dudar, esto es, el contenido del informe del Departamento Administrativo de Seguridad, con el despliegue que merecía, dado el interés legítimo que tenía la ciudadanía en conocer los resultados de las investigaciones adelantadas en relación con la Masacre de Caloto, así como la necesidad de divulgar el ofrecimiento de recompensas por el director de dicha entidad».
Con este fallo del Consejo de Estado deja en claro que existe cuota de responsabilidad de las fuentes al suministrar la información, pues éstas se encuentran en la obligación de confirmar lo que va a entregar a los medios. Si bien esto hace a las fuentes responsables de su información, el caso debe servir de ejemplo para que los medios y los periodistas confronten diversas fuentes y no repitan sin verificar información aunque ésta sea oficial.
