Unas 30 organizaciones de Honduras e internacionales lanzaron una declaración para rechazar la aprobación del “Proyecto de Ley Nacional de Ciberseguridad y Medidas de Protección ante los Actos de Odio y Discriminación en Internet y Redes Sociales”.
Este artículo fue publicado originalmente en observacom.org el 20 de mayo de 2019.
Unas 30 organizaciones de Honduras e internacionales lanzaron el viernes una declaración para rechazar la aprobación del “Proyecto de Ley Nacional de Ciberseguridad y Medidas de Protección ante los Actos de Odio y Discriminación en Internet y Redes Sociales”, al considerar que afecta la libertad de expresión. La iniciativa fue impulsada por la organización local C-Libre, con el apoyo de Artículo 19 México.
“Rechazamos la aprobación de este proyecto de ley y cualquier otro que genere herramientas para promover y legalizar censura y el control de nuestra libertad de expresión en cualquier espacio digital”, señala el documento. Los firmantes, entre los que se encuentra OBSERVACOM, consideran que el proyecto “abre la posibilidad a interpretaciones subjetivas, arbitrarias y que son proclives a ser utilizadas nocivamente en el funcionamiento de una democracia, con el objetivo de perseguir y criminalizar cualquier conducta relacionada con la libertad de expresión y con acciones legítimas de protesta en línea”.
Las organizaciones sostienen que la normativa “institucionaliza la persecución política de quienes usan los espacios digitales para opinar sobre temas de interés público y que estas opiniones sean consideradas como ofensivas por parte del Estado”.
También manifiestan preocupación por el mecanismo de remoción de contenidos exigido a las plataformas en un plazo de 24 horas, sin que haya requerimiento judicial o debido proceso, lo cual podría resultar “un incentivo para retirar contenidos que perfectamente bien podrían ser legítimos y lícitos, teniendo un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión en su conjunto”.
En relación al diseño institucional para la supervisión y aplicación de la ley, las organizaciones expresan que la entidad que será creada carece de representatividad al estar integrada exclusivamente por el sector privado y gubernamental, y que no brinda certeza jurídica ni contribuye a la transparencia de procesos.
Por último, las organizaciones consideran que el proyecto contiene sanciones “altamente desproporcionadas”, que “podrían crear un efecto inhibidor a la libertad de expresión”.
Cabe recordar que, el año pasado, los Relatores de libertad de expresión de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestaron su preocupación sobre el proyecto, que consideraron que contiene previsiones que “podrían amenazar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en línea”.
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