Un informe hace un llamado de atención al hecho de que pese a que la Constitución Política del Estado establece el deber y responsabilidad de éste en defender y garantizar la libertad de prensa, las agresiones provengan de este mismo sector en un gran porcentaje.
Este artículo fue publicado originalmente en ipys.org el 22 de mayo de 2019.
Un 66.3% de los casos de agresiones a la libertad de expresión registrados en el 2018 en Bolivia fueron “promovidos” por el Estado, según Página Siete, medio que tuvo acceso al informe sobre el derecho a la libertad de opinión, de expresión y de prensa elaborado por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Fundamedios y el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) de Bolivia.
Fueron en total 92 casos de agresiones los registrados el año pasado: el 66.3% promovido por el Estado y privados de manera simultánea, mientras que el 28,3% promovido por privados.
Dicho reporte menciona también a la estigmatización del trabajo periodístico, la publicidad gratuita a favor del Estado y asfixia financiera, la judicialización penal del periodismo, entre otros, como formas de agresión existentes.
Estos datos fueron registrados mediante la Unidad de Monitorea y Vigilancia de la Libertad de Prensa y Expresión en Bolivia de la ANP.
El informe hace un llamado de atención al hecho de que pese a que la Constitución Política del Estado establece el deber y responsabilidad de éste en defender y garantizar la libertad de prensa, las agresiones provengan de este mismo sector en un gran porcentaje.
Tras ocho años de registro de la ANP, entre el 2010 y 2018, se han presentado 631 agresiones contra periodistas y medios de comunicación. Mas esta es la primera vez que se presentan un informe para el EPU, así lo señaló Franz Chávez, director ejecutivo de la ANP para Página Siete.
El EPU, mecanismo del Consejo de Derechos Humanos que implica un examen a los Estados miembros de la ONU sobre el avance en materia de DD.HH., se da cada cinco años. Esta es la tercera vez en que Bolivia será evaluada.
