Este crimen refleja el incremento de la violencia, impunidad y la situación de riesgo que viven las y los periodistas en México.
Este artículo fue publicado originalmente en articulo19.org el 18 de junio de 2019.
ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), la Red Nacional de Periodistas (RNP) y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, condenamos enérgicamente el asesinato de la periodista Norma Sarabia Garduza, cometido en la localidad de Huimanguillo, Tabasco. Este crimen refleja el incremento de la violencia, impunidad y la situación de riesgo que viven las y los periodistas en México.
La noche del martes 11 de junio, alrededor de las 21:25 horas, la reportera Norma Sarabia Garduza, colaboradora en los medios digitales El Sol del Sureste, Choco de la Chontalpa y Chontalpa Diario, fue asesinada por un sujeto armado afuera de su domicilio.
Norma Sarabia Garduza llevaba más 20 años dedicada al periodismo; durante su trayectoria, la periodista cubrió principalmente la fuente de seguridad y policiaca en Tabasco. Además de ser periodista, Norma era secretaria en una escuela secundaria, madre soltera y estudiaba el último año de la carrera de psicología. Según lo expresado por colegas y amigos: “Norma no tenía problemas con nadie, no era conflictiva, nada. Todas y todos en el gremio estamos muy asustados”.
Con base en las declaraciones de familiares, Norma fue además víctima de violencia laboral por parte de diversos medios para los que trabajaba y quienes le debían meses de sueldo. Estas condiciones de precarización y exclusión dentro de las redacciones, responden a violencias estructurales dentro de una sociedad misógina, las cuales generan condiciones de vulnerabilidad, además de incrementar la exposición a situaciones de riesgo.
Norma Sarabia es la primera mujer periodista asesinada en Tabasco, lo que da cuenta del riesgo y la violencia a la que la prensa está expuesta en la región. Tan sólo en 2018, ARTICLE 19 documentó 164 agresiones contra mujeres periodistas, entre ellas, 6 en Tabasco, incluyendo el asesinato de 2 comunicadores.
De acuerdo con CIMAC, 11 mujeres periodistas han sido asesinadas en México de los años 2012 a 2018. Cabe destacar que 5 de estos crímenes no fueron reconocidos o ligados a su actividad profesional por parte de las autoridades responsables de la investigación y procuración de justicia. En lo que va del año 2019, la organización ha documentado 56 casos de violencia en contra de mujeres periodistas.
Ante lo expuesto, es necesario retomar las recomendaciones de la Relatoría Especial para la libertad de Expresión de la CIDH “Mujeres periodistas y libertad de expresión. Discriminación basada en el género contra las mujeres periodistas en el ejercicio de su profesión”, en donde manifiestan la necesidad de “…Integrar la perspectiva de género en todas las iniciativas dirigidas a crear y mantener un entorno seguro y propicio para el periodismo libre e independiente. En particular, garantizar que las políticas y programas estatales dirigidos a prevenir, proteger y procurar justicia en casos de crímenes contra periodistas atiendan adecuadamente los riesgos adicionales o específicos que enfrentan las mujeres periodistas por razones de género” (164).
Quienes asesinaron a Norma no solo han privado a la sociedad del derecho a seguir recibiendo la información que ella reporteaba, sino también buscaron borrar su historia y su voz como periodista.
Ante este panorama, las organizaciones y redes firmantes exigimos:
A la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Fiscalia General de la República (FGR), en coadyuvancia con la Fiscalía General del Estado de Tabasco, realice la debida diligencia de acuerdo con el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión para que lleve como principal línea de investigación el trabajo de la periodista y conduzca a los responsables materiales e intelectuales ante la justicia.
Asimismo, es urgente que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), intervengan para que en la medida de sus responsabilidades brinden la atención respectiva a la familia y compañera/os de trabajo de la periodista a fin de evitar nuevos episodios de agresión.
Finalmente, instamos al gobernador del estado de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, así como a todas las autoridades, federales y locales, a crear las condiciones estructurales necesarias para que se ejerza el derecho a la libertad de expresión y los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia.
