11 organizaciones de derechos humanos venezolanas e internacionales han estado monitoreando y documentando desde hace años el deterioro constante de la emergencia humanitaria y de derechos humanos en Venezuela.
Este artículo fue publicado originalmente en espaciopublico.ong el 22 de agosto de 2019.
Durante su período de sesiones de septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas debería establecer una comisión de investigación que examine las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela, señaló hoy Human Rights Watch en un documento conjunto elaborado por 11 organizaciones de derechos humanos venezolanas e internacionales. Las organizaciones han estado monitoreando y documentando desde hace años el deterioro constante de la emergencia humanitaria y de derechos humanos en Venezuela.
Está previsto que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, brinde al Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe de actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela el 10 de septiembre. Esta presentación, que se realiza tras un informe lapidario publicado por su oficina en julio, es el último paso exigido por la resolución del consejo sobre Venezuela adoptada en septiembre de 2018, que fue la primera sobre este país.
“Las víctimas de la gravísima crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela merecen una respuesta contundente del Consejo de Derechos Humanos que asegure el respeto de su derecho a la verdad, justicia y reparaciones”, sostuvo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “El Consejo de Derechos Humanos tiene la oportunidad y la responsabilidad de crear un mecanismo que investigue los aberrantes abusos ocurridos en Venezuela, identifique a los responsables y, en lo posible, establezca la cadena de mando”.
El informe elaborado por la oficina de Bachelet documentó abusos que son consistentes con sus publicaciones anteriores, así como con los hallazgos de organizaciones venezolanas e internacionales de derechos humanos. Los abusos documentados incluyen detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y violaciones de los derechos a la alimentación y la salud. Estas conclusiones dejan en evidencia la necesidad de asegurar que los responsables rindan cuentas por sus actos. Es necesaria una comisión de investigación que pueda identificar a los responsables y romper el círculo de impunidad.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debería otorgar un mandato sólido y claramente definido a la comisión de investigación para que examine señalamientos de violaciones del derecho internacional de los derechos humanos en Venezuela. Esto debería incluir, sin carácter restrictivo, casos de torturas y trato inhumano, detenciones arbitrarias, discriminación, desapariciones forzadas y violaciones de la libertad de expresión, el derecho a la vida y los derechos a la salud y la alimentación, sostuvieron las organizaciones. Se debería dotar a la comisión de recursos suficientes para investigar e informar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre estas violaciones de derechos fundamentales dentro de un plazo determinado, y estipular que deberá transmitir sus hallazgos al Secretario General de la ONU y a organismos de la ONU pertinentes, incluidos el Consejo de Seguridad y la Asamblea General.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU es un ámbito que permite que países o un grupo de países, incluso a nivel regional, movilicen apoyos para abordar esta crisis de derechos humanos. El Grupo de Lima, integrado actualmente por 10 países latinoamericanos y Canadá, ha encabezado las iniciativas en Ginebra orientadas a abordar la situación de los derechos humanos en Venezuela y podría liderar los esfuerzos para crear una comisión de investigación.
Esta comisión no reemplazaría la investigación penal de delitos específicos. Sin embargo, la información que recabe la comisión podría ser pertinente para las autoridades que evalúen iniciar procedimientos penales, incluida la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, que inició un examen preliminar sobre la situación en Venezuela en febrero de 2018.
Si se crea una comisión de investigación, las autoridades venezolanas deberían cooperar plenamente con esta, entre otras cosas, brindándole acceso al país y respondiendo a los pedidos de documentación y de entrevistas con funcionarios pertinentes. No obstante, la eventual negativa de las autoridades de Venezuela a colaborar con la comisión no debería impedir que los comisionados lleven a cabo su tarea. Las comisiones de investigación sobre Corea del Norte, Myanmar y Siria han conseguido elaborar informes que documentaron minuciosamente violaciones de derechos humanos y delitos internacionales, a pesar de que los gobiernos de esos países se negaron a cooperar.
El documento conjunto fue preparado por Acción Solidaria, Amnistía Internacional, el Centro Derechos Humanos – Universidad Católica Andrés Bello, CEPAZ, Civilis Derechos Humanos, COFAVIC, Espacio Público, Global Centre for the Responsibility to Protect, Human Rights Watch, la Comisión Internacional de Juristas y PROVEA.
Para acceder al documento de preguntas y respuestas sobre la necesidad de crear una comisión de investigación de la ONU sobre Venezuela, visite:
