La desaparición forzada e incomunicación, la detención arbitraria y la imputación de delitos por terrorismo a Roland Carreño, forman parte del patrón de vulneración de derechos de los periodistas por parte del Estado, marcado por la manipulación de pruebas, la creación de expedientes penales y las violaciones al debido proceso.
Este artículo fue publicado originalmente en ipysvenezuela.org el 30 de octubre de 2020.
La desaparición forzada e incomunicación, la detención arbitraria y la imputación de delitos por terrorismo al periodista y activista político del partido Voluntad Popular (VP), Roland Carreño, forman parte del patrón de vulneración de derechos de los periodistas por parte del Estado venezolano, marcado por la manipulación de pruebas, la creación de expedientes penales y las violaciones al debido proceso.
Roland Carreño, periodista de larga trayectoria en el diario El Nacional, las televisoras Venevisión, Globovisión, Televén y VTV, y más recientemente coordinador operativo de Voluntad Popular, fue detenido arbitrariamente la tarde del lunes 26 de octubre, luego de que dos vehículos negros y sin identificación lo abordaran en las inmediaciones de su vivienda cuando se encontraba con Elías Rodríguez y Yeferson Sarcos, quienes también fueron detenidos e incomunicados durante 24 horas, hasta la noche del martes 27, cuando estos últimos fueron liberados y se pudo conocer de manera oficial que habían estado recluídos en la comisaría en Maripérez, municipio Libertador de Caracas.
El fiscal general de la República, designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, informó el día martes a través de su cuenta en Twitter sobre la detención del periodista, media hora después de que la información fuera publicada por el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, en sus redes sociales.
Durante el lapso de la desaparición forzada de Roland Carreño, fue incomunicado sin la posibilidad de ver a sus abogados y familiares y su vivienda allanada. Más de 20 efectivos policiales ingresaron a la propiedad del periodista en la urbanización Valle Abajo, donde sustrajeron documentos, además de llevarse a uno de los vecinos, en calidad de testigo. En este período, el Estado no suministró información sobre el lugar de detención arbitraria, el estado de su condición física, ni los motivos de la detención.
Posteriormente, de acuerdo con la publicación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la cuenta de Facebook, Carreño y los otros dos ciudadanos fueron detenidos “en flagrancia” por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes presuntamente incautaron “un fusil desarmado modelo AM-15 calibre 5.56 con 17 municiones”, y 12.000 dólares, tal y como había señalado previamente Tarek William Saab en redes sociales.
El proceso judicial contra Carreño se produjo días posteriores a la salida del país del dirigente de VP, Leopoldo López, hecho al que lo han vinculado acusándolo de supuestamente coordinar “el financiamiento de la logística empleada en el plan de fuga” de López desde la embajada de España en Venezuela, y de ser “operador financiero con el objeto de que se ejecuten planes conspirativos y terroristas en contra del Ejecutivo Nacional”, según señala el texto del TSJ.
Luego de ser presentado en el Tribunal Estadal 4º de Primera Instancia en Funciones de Control con Jurisdicción Nacional y competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo, Roland Carreño fue imputado por los delitos de financiamiento al terrorismo, conspiración contra la forma política y tráfico ilícito de armas de guerra, delitos contemplados en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y en Código Penal.
Joel García, abogado de Carreño, publicó en su cuenta de Twitter -pasada la medianoche del 29 de octubre- que el juez impuso prisión preventiva contra Carreño mientras perduren las investigaciones, por supuesto riesgo de fuga. Posteriormente informó que la actuación contra Roland Carreño “está basada en un expediente de contrainteligencia en el que lo acusan de terrorista y de financiar eventos golpistas y en contra de las elecciones previstas para el 6 de diciembre”.
Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigieron el apego a garantías judiciales.
Desde IPYS Venezuela, alertamos sobre las violaciones al debido proceso y condenamos el procedimiento arbitrario y ajeno al respeto de los derechos humanos contra el periodista Roland Carreño, así como la construcción de expedientes para la imputación de delitos penales. Y en consonancia con lo establecido en los estándares internacionales, exigimos al Estado venezolano el cese de las actuaciones judiciales contra periodistas.
