El juez denegó el pedido de la defensa de la periodista Paola Ugaz que solicitó a ese despacho autorización para que en la audiencia participen en calidad de observadores dos representantes del Center for Human Rights de la American Bar Association (ABA).
Este artículo fue publicado originalmente en ipys.org el 27 de octubre de 2020.
El Juez Rómulo Chira Cabezas denegó el pedido de la defensa de la periodista Paola Ugaz que solicitó a ese despacho, considerando la relevancia de la causa judicial, autorización para que en la audiencia del 27 de octubre de 2020 participen en calidad de observadores dos representantes del Center for Human Rights de la American Bar Association (ABA).
El juez argumentó su decisión señalando que por ser una causa judicial privada, únicamente pueden asistir a este tipo de audiencias testigos y abogados de las partes.
El abogado Roberto Pereira, asesor jurídico de IPYS, señaló que el juez está errado en su decisión: “porque si bien es un delito de acción privada, no quiere decir que la materia que se discute sea reservada o «privada» en el sentido de privacidad. Todo lo contrario. Las audiencias en los delitos de querella son públicas”, señaló, citando el inciso 4 del Artículo 139º de la Constitución: «Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, y por los delitos cometidos por medio de la prensa y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución, son siempre públicos».
La audiencia, que se está desarrollando hoy, responde a uno de los cinco procesos judiciales contra la periodista, acusada de difamación tras sus investigaciones por abusos cometidos por curas del grupo religioso Sodalicio Vida Cristiana.
«Ugaz es periodista y la querella es por contenidos difundidos en el ámbito de su actividad periodística. En consecuencia, ese tipo de controversias gozan de una protección reforzada de publicidad conforme a la norma constitucional que citada», concluyó Roberto Pereira.
