Carlos Fernando Chamorro, director de "CONFIDENCIAL", precisó que se encuentran ante una “confiscación que está prohibida por la Constitución” y que “... seguiremos informando sobre las violaciones a los Derechos Humanos, y fiscalizando la corrupción del régimen”.
Este artículo fue publicado originalmente en ipys.org el 23 de diciembre de 2020.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo notificó –a través de varios rótulos en los inmuebles– que las propiedades de la sala redacción de CONFIDENCIAL, el canal 100% Noticias, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas) y la Fundación Popol Na, ahora “pertenecen al Ministerio de Salud”. Un hecho de facto que “oficializa su crimen” y envía “un mensaje nocivo” a la sociedad nicaragüense, afirmaron los afectados.
Carlos Fernando Chamorro, director de CONFIDENCIAL y Esta Semana, precisó que se encuentran ante una “confiscación que está prohibida por la Constitución”. Dicha situación demostraría que “en Nicaragua no hay ley, no hay Constitución, no hay Corte Suprema de Justicia” que valga. Por el contrario, el régimen está reconociendo que “ellos asaltaron un medio de comunicación hace dos años y están admitiendo el crimen, admiten que han intentado matar a un medio de comunicación, pero nunca lo han podido callar”, afirmó Chamorro.
Fernando Chamorro precisó que “los periodistas de Esta Semana y CONFIDENCIAL seguiremos informando sobre las violaciones a los Derechos Humanos, y seguiremos fiscalizando la corrupción del régimen” y demandando la restitución de las libertades.
ANTECEDENTES
El 13 de diciembre de 2018, la Policía asaltó sin orden judicial la redacción de CONFIDENCIAL y Esta Semana. Un día después, el atropello continuó con la ocupación permanente del edificio. Desde entonces, Chamorro junto a los periodistas de este medio de comunicación han agotado todos los recursos legales ante la Corte Suprema de Justicia para que ordene la suspensión de esta ocupación, sin obtener ninguna respuesta.
Después de casi dos años de negación de justicia, “Ortega decidió hoy por los magistrados de la Corte Suprema”, afirmó Chamorro.
Asimismo, el director de CONFIDENCIAL estimó que además de oficializar la ocupación ilegal, el régimen está mostrando a la sociedad nicaragüense “que en Nicaragua no hay ley”. Lo que Ortega quiere “es que se arrodillen los inversionistas, los empresarios, que se arrodille la sociedad civil, las iglesias, para aceptar la supresión de la libertades” e imponer una farsa electoral sin transparencia ni competencia política, subrayó.
100% NOTICIAS
El periodista Miguel Mora, propietario de 100% Noticias, valoró que al oficializar la confiscación el régimen se está colocando “un cuchillo en el cuello”, porque este tipo de acciones “representan un mensaje nocivo” para los inversionistas y la sociedad en general.
Mora, quien fue encarcelado y cuyos bienes fueron ocupados el 21 de diciembre de 2018, aseguró que en el edificio de 100% Noticias “lo único que le pertenece a la dictadura es el rótulo”. Esa propiedad “le pertenece a los periodistas de 100% Noticias y es un robo a mano armada porque ni siquiera es legal”, continuó el periodista haciendo referencia al artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua que prohíbe la confiscación de bienes en este país.
Desde que el edificio de 100% Noticias fue tomado por la fuerza “no hemos recibido ninguna notificación judicial”, precisó Mora. Sin embargo, los propietarios del inmueble “interpusimos un Recurso de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia que no ha fallado” y por tanto “interpusimos una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( junto a CONFIDENCIAL y otros medios de comunicación por este tipo de robo”, para que sea tramitada en la Corte Interamericana de Justicia, precisó.
A juicio del propietario de 100% Noticias la ocupación de ese medio de comunicación “es un robo” por parte del Gobierno de Ortega, porque “para ser una confiscación primero tendría que estar en la legislación y eso está literalmente prohibido”. Por otro lado, si se tratara de vicios de legalidad “tendría que haber un documento, algún juicio para quitarte tu propiedad”, explicó Mora.
