R3D resaltó que los procesos de legislación a nivel federal y estatal para el combate a la violencia en línea se están centrando en un enfoque punitivista, dejando de lado otras herramientas que también se pueden proporcionar a la víctimas de este tipo de violencia.
Este artículo fue publicado originalmente en r3d.mx el 25 de noviembre de 2020.
Con la etiqueta #JusticiaNotFound, la organización Luchadoras presentó el informe Justicia en trámite: el limbo de las investigaciones sobre violencia digital en México, que aborda el avance histórico de las reformas para sancionar la difusión de imágenes sexuales sin consentimiento, su implementación a nivel local en las entidades del país, así como un análisis de los obstáculos que enfrentan las víctimas que optan por iniciar procesos penales.
La presentación del informe incluyó una mesa de diálogo titulada Las reformas sobre difusión de imágenes íntimas sin consentimiento: logros y retos, que puso a debate -al igual que el documento- la perspectiva del Frente Nacional para la Sororidad (principal promotor de las reformas penales agrupadas bajo el nombre de Ley Olimpia) con las críticas de otras activistas.
Al respecto, Agneris Sampieri, abogada de R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, resaltó que los procesos de legislación a nivel federal y estatal para el combate a la violencia en línea se están centrando en un enfoque punitivista, dejando de lado otras herramientas que también se pueden proporcionar a la víctimas de este tipo de violencia.
Sampieri reconoció que las iniciativas legislativas de las leyes Olimpia representan un avance en el reconocimiento de la violencia digital; sin embargo, advirtió que ha falta una armonización del concepto, pues la definición varía entre los distintos estados del país, e incluso con la iniciativa federal que se discutirá en la Cámara de Diputados.
La abogada señaló que la definición propuesta por la Ley Olimpia nacional es muy restrictiva, ya que se limita únicamente a la difusión de contenido sexual sin consentimiento, cuando existen otros tipos de violencia que deberían ser incluidos. Además, indicó que la ley no contempla mecanismos efectivos de preservación de pruebas, lo que puede conducir a la revictimización, debido a que la remoción del contenido puede provocar la pérdida de la evidencia de cara a un juicio.
Para mejorar las legislaciones locales actuales y la nacional, Sampieri propuso integrar el enfoque de prevención; hacer énfasis en la preservación de pruebas a través de mecanismos no revictimizantes; y ampliar las formas de reparación. La abogada considera que no todos los procesos deben concluir con personas en la cárcel, sino que existen formas de llegar a acuerdos conciliatorios y de reparación distintos que las víctimas pueden considerar.
