La Fiscalía General de la República entregó a la ministra Carmen Lucia de la Corte Suprema un informe sobre el procedimiento iniciado para investigar la noticia de que los organismos federales estarían actuando para ayudar a defender al senador Flavio Bolsonaro.
Este artículo fue publicado originalmente en vocesdelsurunidas.org el 22 de enero de 2021.
El lunes 18 de enero de 2021, la Fiscalía General de la República (PGR en portugués) entregó a la ministra Carmen Lucia de la Corte Suprema un informe sobre el procedimiento iniciado para investigar la noticia de que los organismos federales estarían actuando para ayudar a defender al senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ).
En el documento enviado a la Corte Suprema, Augusto Aras, Procurador General de la República, incluyó la solicitud hecha el 14 de enero de 2021 para que el autor del reportaje que reveló el caso, Guilherme Amado, columnista de la revista Época y vicepresidente de Abraji, entregara los documentos que sustentaban la noticia.
En diciembre de 2020, Amado reveló la existencia de informes supuestamente elaborados por la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) y la Oficina de Seguridad Institucional (GSI) para orientar a los abogados del senador, que fue denunciado por la Fiscalía de Río de Janeiro por el esquema de ‘cracking’ en la Asamblea Legislativa. El propio abogado de Flávio Bolsonaro afirma en el informe que los documentos fueron enviados al senador por el director general de Abin, Alexandre Ramagem.
Tras el informe de Época, la ministra Carmen Lucía accedió a la petición de los partidos políticos Rede y PSB, en el marco de una acción directa de inconstitucionalidad (ADI) sobre los límites de los organismos de inteligencia, y ordenó a la Fiscalía General de la República investigar los hechos presentados por el columnista.
La ministra también pidió información a Alexandre Ramagem y al ministro de GSI, el general Augusto Heleno, que ocupan cargos de confianza en el gobierno del presidente Jair Bolsonaro (sin partido).
Aunque no pidió que se rompiera el secreto de la fuente, lo que sería inconstitucional, tal y como establece el art. 5, inciso XIV, la notificación de Aras es una intimidación al libre ejercicio del periodismo.
Abraji considera el gesto como una iniciativa equivocada para minar el trabajo de la prensa. Al recurrir a los mecanismos judiciales, la Fiscalía revela su incapacidad para entender el papel del periodismo investigativo. No compete a los periodistas presentar al Ministerio Público las pruebas de las infracciones, sino a PGR proceder a sus propias investigaciones.
