El 2020 fue el año de la distorsión, el discurso oficial alteró la percepción de la realidad sobre los derechos humanos en México.
Este artículo fue publicado originalmente en articulo19.org el 23 de marzo de 2021.
- El 2020 fue el año de la distorsión, el discurso oficial alteró la percepción de la realidad sobre los derechos humanos en México
- En el 2020 se registró una agresión contra la prensa cada 13 horas
- En este periodo ocurrieron 692 ataques contra medios de comunicación y periodistas; seis fueron asesinados
- La concentración publicitaria oficial continúa en diez empresas de información
- El trabajo del Legislativo se caracterizó por su vocación de censurar internet
Al presentar su informe anual sobre libertad de expresión en México, acceso a la información y respeto de derechos humanos, ARTICLE 19 reveló que, a dos años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, persisten dinámicas de estigmatización de la prensa, censura, violación de los derechos humanos y el debilitamiento o abandono de las instituciones creadas para hacer contrapeso al poder.
Bajo el nombre de Distorsión: el discurso contra la realidad el reporte pone en evidencia que en el 2020 se mantiene la desinformación desde el gobierno, existe un intento de control y censura de Internet y la violencia contra la prensa se mantiene al alza con 692 ataques contra la prensa, una cifra inédita.
Durante la presentación virtual del documento, Leopoldo Maldonado, director regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, consideró que durante el año pasado el sello de este gobierno fue utilizar la distorsión como mecanismo para alterar la percepción de las realidades al deformarlas mediante el discurso.
Aunque reconoció que es imposible cambiar en dos años un país cuyo deterioro de la vida pública data de hace 50 años, Maldonado alertó que se siguen sosteniendo “viejos anclajes autoritarios en materia de libertad de expresión”.
El permiso para agredir a la prensa
El informe establece que el ambiente de violencia contra la prensa se mantiene en ascenso, como ha sido en los últimos 13 años, y que colocan el 2020 como el periodo más violento contra la prensa desde que se tiene registro.
De enero a diciembre, se contabilizaron 692 agresiones contra medios de comunicación posiblemente vinculados con su labor, lo que representa un 13.6% más que en 2019. Una agresión contra la prensa cada 13 horas.
En poco más de dos años de la presente administración, 17 periodistas han sido asesinados por motivos posiblemente vinculados a su labor. Tan solo en 2020, se registró el asesinato de seis periodistas.
El año pasado, las entidades que más sufrieron estos ataques fueron Ciudad de México, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Oaxaca. En conjunto, sobrepasan 47% del total nacional de las agresiones.
El reporte sostiene que muchas de las agresiones vienen desde el mismo aparato estatal y se multiplican por la estigmatización de la prensa que se propaga desde el poder. Considera que esta situación alienta a autoridades locales a ejercer el mismo tipo de discurso contra los medios, y se envía un mensaje permisivo hacia particulares y otros poderes fácticos que encuentran en las narrativas estigmatizantes “un impulso para amenazar, agredir y asesinar periodistas sin temor a que haya alguna respuesta contundente del Estado”.
La vocación por censurar internet
El informe anual de la organización refiere que existe una vocación autoritaria para sobrerregular diversos aspectos de internet a fin de “menguar su potencial democratizador y evitar que la narrativa y del desempeño oficiales se sujeten a escrutinio y crítica sociales”.
Expone que, de manera paralela, desfilaron una serie de iniciativas legislativas mal hechas, las cuales brillan por sus deficiencias técnicas y por el impacto corrosivo que pueden llegar a tener en el acceso y uso de internet, así como sobre el ejercicio de la libertad de expresión en el ámbito digital.
Como ejemplo refiere las iniciativas promovidas por el senador Ricardo Monreal y otros actores públicos, las cuales están “alejadas de los principios y directrices establecidos en los estándares internacionales de derechos humanos, ya que, directa e indirectamente, contemplan medidas que interferirían con el acceso y uso de internet”.
La concentración y clausura de la información
Respecto a la publicidad oficial, ARTICLE 19 revela que se mantiene la ausencia de criterios claros para la asignación de sus recursos, así como una concentración publicitaria en pocos medios: “el 54% del total ejercido se repartió en diez empresas de comunicación, mientras que otros 387 apenas alcanzaron el 46%”, señala el estudio.
Distorsión: el discurso contra la realidad consigna que el año pasado el presidente siguió centralizando la comunicación de su gobierno y, desde las conferencias ‘mañaneras’, “el titular del Ejecutivo pontifica, juzga, moraliza, estigmatiza, informa y desinforma”.
Califica de preocupante que los “otros datos” que el presidente dice tener -sobre todo en materia de derechos humanos- parecen no existir en los acervos documentales oficiales, ya que, al solicitar a Presidencia vía transparencia el sustento de la información, las respuestas de “incompetencia” pasaron de 0 en 2019 a 329 en 2020.
La desigualdad informativa en la pandemia
Se documenta que en 2020 casi cien periodistas murieron a consecuencia de la COVID-19, lo que visibilizó la falta de medidas mínimas para garantizar los derechos laborales y de seguridad social que enfrentan miles de comunicadores en este país. Las carencias laborales de los periodistas contribuyen a “un mayor estado de vulnerabilidad y en ello convergen las responsabilidades de Estado y los dueños de los medios de comunicación.”
Para ARTICLE 19 la propuesta de política pública para disminuir la brecha digital se quedará corta para garantizar el derecho constitucional de acceso a internet para todas y todos, en un contexto donde la falta de acceso a las telecomunicaciones la padece el 55% de la población mexicana con un estrato económico bajo, y el 53% de la población rural.
El desmantelamiento de la protección de derechos
La organización lamenta la pretensión del gobierno de concentrar y clausurar la información con el amago de desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que constituye un contrapeso frente a la opacidad que caracteriza el actual gobierno. El presidente justificó esta decisión señalando lo oneroso del INAI, aunque México Evalúa dio a conocer que sólo representa un centavo de cada cien pesos del presupuesto público.
Sobre las descalificaciones y el desmantelamiento que el actual gobierno federal ha emprendido de instituciones como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, bajo el pretexto de corrupción y opacidad, el reporte recuerda que hasta el día de hoy se sigue sin presentar evidencia de ello. “Una vez más, los derechos de las víctimas quedan en entredicho y son letra muerta en un país asolado por la violencia criminal y de Estado”.
La disculpa por el pasado y la negación del presente
Otro factor que ARTICLE 19 expone es la negación pública de la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos como tortura, desapariciones y masacres, lo que impacta en la garantía plena del derecho a la información que asiste a las víctimas y a la sociedad.
Y aunque el actual gobierno ha realizado actos de disculpas públicas por hechos documentados de violaciones a las garantías individuales, “no se han instrumentado mecanismos suficientes para garantizar justicia en todos los casos, ya sea del pasado o los cometidos durante la actual administración”.
Agenda mínima 3.0
Por último, Leopoldo Maldonado dio a conocer que se propone una agenda mínima de 36 acciones en materia de libertad de expresión e información, entre las cuales destacan:
- Regular el uso de la publicidad oficial con base en estándares internacionales en materia de libertad de expresión y derecho a la información.
- Eliminar las restricciones legales al ejercicio de la libertad de expresión
- Desarrollar una política integral de prevención de la violencia contra la libertad de expresión.
- Asegurar la protección de las y los periodistas ante la pandemia de COVID-19.
- Combatir la impunidad de las agresiones contra la prensa y garantizar el derecho a la verdad.
- Abstenerse de utilizar las redes sociales para estigmatizar a periodistas, activistas y cualquier persona de la sociedad civil que ejerza su derecho a la libre manifestación, reunión o asociación, tanto en el espacio digital como en el físico.
- Abstenerse de promulgar legislaciones restrictivas de los derechos digitales.
- Equilibrar la protección de los datos personales, la privacidad y el derecho al honor con el ejercicio de la libertad de expresión e información en internet.
- Promover y garantizar el derecho de acceso a internet sin discriminación.
- Garantizar el ejercicio de la libertad de expresión para las mujeres en el entorno físico y digital.
