Tras un año caracterizado por la propagación de la Covid-19, al menos 4.262 evidencias de censura en la red se registraron en Venezuela; así lo reveló “Acceso denegado”, el Reporte anual de Derechos Digitales 2020 que IPYS Venezuela presenta en el marco del Día Mundial de Internet.
Este artículo fue publicado originalmente en ipysvenezuela.org el 16 de mayo de 2021.
Las limitaciones a las libertades informativas en el país han quedado nuevamente de manifiesto en los entornos web. Tras un año caracterizado por la propagación de la Covid-19, al menos 4.262 evidencias de censura en la red se registraron en Venezuela, así lo reveló “Acceso denegado”, el Reporte anual de Derechos Digitales 2020 que IPYS Venezuela presenta en el marco del Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, o Día Mundial de Internet.
El informe, que profundiza en tópicos como Ciber-censurados, Perseguidos en la red e Internet incierto, evidencia que los episodios de censura digital afectaron a 153 medios de comunicación, entre los cuales están 67 nacionales y 86 extranjeros. Además, detalla que los bloqueos se ejecutaron bajo las modalidades DNS, HTTP y TCP/IP. Las restricciones también afectaron a organizaciones de la sociedad civil y trabajadores de la prensa, quienes fueron víctimas de ataques, campañas de agravios y discursos estigmatizantes a través de plataformas digitales como las redes sociales.
“Acceso denegado” también destaca que 78 denuncias de violaciones a los derechos digitales de los venezolanos fueron registradas por IPYS Venezuela durante 2020, mediante su sistema de monitoreo de alertas. Con respecto a 2021, el reporte señaló que se han contabilizado 36 casos contra medios de comunicación, periodistas y organizaciones de la sociedad civil en los primeros cuatro meses del año.
IPYS Venezuela finalmente propone una serie de recomendaciones para que el Estado venezolano garantice los derechos de los ciudadanos en el entorno web. Entre las exhortaciones, están: la eliminación de prácticas y normativas que deriven en bloqueos y censura de contenidos en Internet, y la elaboración de un plan articulado de políticas públicas para la promoción del acceso a un Internet de calidad de amplia cobertura nacional.
