Karisma lanza sitio web que pone a disposición de periodistas, jueces y academia, un índice de artículos técnicos en los que la Fundación viene avanzando desde una perspectiva de derechos humanos como parte de su proceso de investigación en estos temas.
Este artículo fue publicado originalmente en web.karisma.org.co el 13 de julio de 2021.
Desde 2015, hasta la fecha, el Estado colombiano ha gastado más de 136 mil millones de pesos para la compra y el fortalecimiento de sistemas de identificación mediante el uso de tecnologías de reconocimiento facial [1][2]. Aunque prometen usarse para garantizar los derechos de las personas, en la práctica, podrían discriminarlas y violentarlas sistemáticamente.
En medio de los viejos y actuales retos en los que estas tecnologías aterrizan para contener la inseguridad, los procesos electorales, la pandemia por COVID 19, las jornadas de protesta social y los procesos migratorios de personas desde Venezuela, el excesivo gasto deja de ser el único problema y el uso de estos mecanismos se ensombrece ante su abuso, inutilidad, desproporcionalidad y falta de objetivos claros.
Afanan procesos de veeduría ciudadana, control social e institucional y un debate más abierto y participativo para analizar y regular el impacto de estas tecnologías a la luz de sus normas, políticas y discusiones éticas, para establecer los límites y alcances de su uso desde un enfoque de derechos humanos.
Bogotá, 13 de julio de 2021. Hoy, la Fundación Karisma lanza su sitio web: Identidad Digital en Colombia, un proyecto que pone a disposición de periodistas, jueces y academia, un índice de artículos técnicos en los que la Fundación viene avanzando desde una perspectiva de derechos humanos como parte de su proceso de investigación en estos temas.
Con esta plataforma de contenidos sobre los más recientes proyectos de identidad digital y biometría que desarrolla el Estado colombiano, Karisma propone un debate articulado y actualizado para fortalecer escenarios y voces críticas para discutir los efectos de la digitalización de nuestros sistemas de identificación.
Algunos de los proyectos que las personas podrán encontrar en esta plataforma son: el reconocimiento facial en las bases de datos de la Registraduría, el Sistema biométrico facial, palmar y dactilar para “individualizar el crimen identificando a las personas en videos e imágenes (ABIS) de la Policía Nacional de 2017, el Registro Único de Migrantes Venezolanos para migrantes de Venezuela con permisos especiales de 2021 (RUMV) y el Sistema Integrado de Vigilancia Inteligente para Transmilenio (SIVIT) en 2015.
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[1]: Registraduría: $91,623,196,471.00, SIVIT Transmilenio: $11,758,251,357.00, ABIS Policial: $11,397,545,419.00, RUMV MIgración Colombia: $21,654,000,000.00
[2]: Determinar el monto exacto del gasto hecho por la Registradurìa es difícil porque el cambio del sistema tomó cuatro contratos e incluyò otros servicios como la administraciòn del sistema, la producciòn de cèdulas y nuevas aplicaciones para el Sistema Nacional de Identidad. Sin embargo, tomamos la cifra que le solicitó la Registraduría en 2019 al Ministerio de Hacienda para modernizar el sistema de 91 mil millones de pesos, pues los contratos desde 2018 hasta 2021 suman 189 mil millones de pesos. Ver Registraduría Nacional del Estado Civil, Adición 001 al Contrato 002 de 2020, Pág. 30.
