Las grandes empresas han adquirido un poder tan grande que varios aspectos de su comportamiento entran en tensión con algunas de nuestras intuiciones sobre cómo debería funcionar una democracia. Al mismo tiempo, los Estados utilizan la coyuntura para avanzar en políticas que fomentan la vigilancia y la represión de voces.
Este artículo fue publicado originalmente en adc.org.ar el 15 de julio de 2021.
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) tiene la misión de defender los derechos fundamentales mediante la contribución al diseño de políticas por parte del sector público y privado. Las respuestas por parte de los gobiernos deben promover un espacio público amplio y robusto en internet. Este deber implica asegurar la libertad de expresión de los usuarios, garantizar condiciones favorables para la creación de grupos online (libertad de asociación) y permitir el ejercicio del derecho de protesta en plataformas (libertad de reunión).
Al mismo tiempo, las empresas privadas también tienen la obligación de contribuir a dicha finalidad. Las grandes plataformas poseen un amplio poder para determinar las condiciones en que el discurso puede circular a través de Internet. La influencia de estas entidades es incluso mayor que la de muchos países y por lo tanto, su accionar puede impedir seriamente la circulación de ideas y opiniones. De este modo, el sector privado también se encuentra sujeto al deber de respetar los derechos humanos.
La crisis sanitaria producida por el Covid-19 y la intensificación de la polarización política alrededor del mundo -con la situación de Estados Unidos como ejemplo central- ha atraído la atención de la ciudadanía acerca del rol de los Estados y las plataformas para abordar fenómenos como la desinformación y el discurso de odio. Las acciones adoptadas por gobiernos y compañías deben ser sometidas a la más estricta evaluación ya que ellas van a influenciar la forma en que el debate público se llevará a cabo en el futuro.
Las recomendaciones que se brindarán tienen el objetivo de colaborar en la construcción de una respuesta que garantice el fortalecimiento del Estado de Derecho, la vigencia de una cultura democrática y el disfrute de un espacio cívico online inclusivo.
