La censura y las amenazas figuraron como los principales tipos entre, al menos, 33 violaciones y 12 casos relacionados con libertad de expresión que ocurrieron en el mes de noviembre.
Este artículo fue publicado originalmente en espaciopublico.ong el 3 de diciembre de 2022.
La censura y las amenazas figuraron como los principales tipos entre, al menos, 33 violaciones y 12 casos relacionados con libertad de expresión que ocurrieron en el mes de noviembre.
Un total de 15 medios de comunicación fueron víctimas de violaciones a la libertad de expresión en todo el mes, representando el 62% de los casos que documentamos. Las otras víctimas fueron tres periodistas, dos particulares, un reportero gráfico y en tres casos fue afectada la ciudadanía en general.
Las instituciones del Estado fueron victimarias en seis oportunidades en todo noviembre, junto con dos que involucraron a funcionarios y uno de un cuerpo de seguridad.
Continúan los cierres
Al menos cinco emisoras radiales del estado Zulia salieron del aire el 2 de noviembre por órdenes dadas vía telefónica por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Activa 88.3 FM, Buenísima 106.3 FM, Fiesta 101.1 FM y Sabrosa 102.3 FM en la ciudad de Cabimas, y Citojense Stereo 94.3 FM, en Ciudad Ojeda, fueron las emisoras cerradas, de acuerdo con reportes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
El 5 de noviembre, las emisoras Deportiva 104.3 FM y W Radio 99.7 FM, de La Grita, estado Táchira, también salieron del aire por órdenes de Conatel. La periodista Fabiola Barrera informó que la medida obedeció, presuntamente, a falta de actualización del proyecto radioeléctrico ante el organismo oficial.
La salida de emisoras del aire ha sido constante durante los últimos dos meses, contabilizando un total de al menos 80 radios que han dejado de transmitir información en el 2022. Los procesos ante Conatel carecen de transparencia, los tiempos de entrega se extienden indefinidamente y los costos de los proyectos son elevados, generando dificultades adicionales para obtener los permisos necesarios.
Conatel debe garantizar el debido proceso antes de proceder al cierre de emisoras, además de velar por el uso del espacio radioeléctrico por concesionarios diversos y plurales, lo que beneficia el debate público y es necesario para la libre circulación de información y para la democracia.
Agresión y detención de ciudadanos
Cuatro estudiantes de la Universidad de Los Andes (ULA) fueron hostigadas y agredidas físicamente por cinco hombres vinculados con el gobierno. El hecho ocurrió el 3 de noviembre durante una protesta en la que exigían mejores condiciones en la casa de estudios.
Las estudiantes protestaban pacíficamente con pancartas exigiendo respeto a la autonomía universitaria. Aseguraron ser agredidas por personas que participaban en un acto del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en la plaza de Toros de Mérida, frente a la ULA.
El 13 de noviembre, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) informó sobre la detención de los ciudadanos Denys Custodio y Roberto Yánez por unos presuntos comentarios publicados en redes sociales en contra del presidente del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), Antonio “El Potro” Álvarez.
Recordamos que la protesta pacífica es un derecho protegido por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales que el Estado venezolano tiene obligación de respetar. Por otra parte, las autoridades y personas públicas están expuestas a un mayor escrutinio y deben tolerar la crítica; la persecución a personas por opiniones o comentarios en redes sociales son también una violación a la libertad de expresión, promueven la autocensura y reducen la posibiliad de que exista una democracia.
Periodistas intimidados
La periodista de Reporte Confidencial, Ana Carolina Arias, fue intimidada y fotografiada por una persona desconocida el 3 de noviembre mientras cubría una protesta de pescadores en el municipio Península de Macarao, del estado Nueva Esparta.
Arias llegó al lugar de la noticia y notó la presencia de funcionarios de seguridad, aunque fue una persona particular, sin identificación, quien comenzó a tomarle fotos. Cuando lo abordó, el desconocido le dijo que le tomaba fotos “por si acaso”.
Durante una protesta de militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en la parroquia Montaña Verde del municipio Torres, estado Lara, la periodista Yanitza Martínez fue abordada por un vigilante que le impidió acceder a la sede del partido.
El bloqueo de acceso pretendía silenciar la situación dentro del PSUV, como una medida restrictiva a la libertad de expresión ejercida a través del hostigamiento. Los militantes descontentos reclamaban que habían ganado las elecciones internas de la “UBCh”, pero le dieron la credencial a la plancha que perdió.
El 17 de noviembre la fotógrafa Tairy Gamboa y el periodista Alberto Torres, ambos del medio Crónica Uno, fueron intimidados por personal de la Integral de Mercados y Almacenes (Inmerca), ente adscrito a la Alcaldía de Caracas, mientras investigaban y registraban precios en el mercado Guaicaipuro, en Caracas.
Los funcionarios le recriminaron al equipo de prensa que necesitaban autorización para tomar fotos en el establecimiento y les acusó de publicar información falsa sobre lo que habrían registrado en el mercado.
Internet
Entre cinco y diez horas estuvieron sin internet zonas de occidente y oriente del país el 23 de noviembre, con Falcón, Lara y Zulia como los estados más afectados. Ese mismo día hubo otra caída que afectó a los estados Bolívar y Monagas, bajando sus conectividades a 36 % y 38 % de sus valores normales, respectivamente.
Estas interrupciones afectan el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en la posibilidad de buscar, recibir y difundir información; además impiden en muchos casos el ejercicio de otros derechos como la asociación, educación y acceso a servicios como la banca o a la realización de trámites ante entes del Estado.
