Villavicencio era custodiado por miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y protegido por procedimientos ordenados por el Consejo Nacional Electoral para los presidenciables. El asesinato se produce pese a todo esto y eso agrava y acrecienta exponencialmente la responsabilidad de las autoridades estatales, electorales y policiales.
Este artículo fue publicado originalmente en fundamedios.org.ec el 10 de agosto de 2023.
La tarde del 9 de agosto, el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado luego de un mitin político. Se trata de un magnicidio en toda regla, perpetrado mientras era custodiado por miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y protegido por procedimientos ordenados por el Consejo Nacional Electoral para los presidenciables.
El asesinato del candidato presidencial se produce pese a todo esto y eso agrava y acrecienta exponencialmente la responsabilidad de las autoridades estatales, electorales y policiales que aparecen como negligentes o cómplices en el crimen político más grave que se haya perpetrado en la Historia del Ecuador.
La noche de este 9 de agosto, la democracia ecuatoriana fue herida de gravedad. Este magnicidio recuerda los asesinatos de Luis Carlos Galán, en Colombia, en el año 1989, perpetrado por el Cartel de Medellín en alianza con políticos y agentes policiales, y el de Luis Donaldo Colosio, en México, en 1994, y se da a 11 días de que se realicen las elecciones generales anticipadas. Este acto deliberado del crimen organizado y las mafias políticas ligadas a la corrupción socava gravemente el proceso electoral del próximo 20 de agosto.
El ataque tiene todos los agravantes posibles, pero la responsabilidad estatal es innegable, pues este magnicidio, el peor crimen político en Ecuador, evidencia que el crimen organizado puede atacar impunemente en el corazón de la capital de la República a un candidato presidencial, que puede morir uno de los sospechosos del sicariato (mientras estaba, igualmente, bajo la custodia de agentes del Estado), que se puede atacar la sede de campaña del líder político asesinado y dejar artefactos explosivos cerca de la clínica en la que fue ingresado el cuerpo sin vida del candidato.
Todo se produjo en una sola noche, mientras las autoridades, en lugar de adoptar medidas efectivas ante el ataque de las mafias, ofrecían tibias condolencias a los familiares y adoptaban medidas formales que, como se ha demostrado hasta la saciedad, tienen un impacto mínimo en el combate contra la inseguridad.
Las organizaciones, medios, periodistas, académicos y personalidades que firmamos este comunicado exigimos que inmediatamente las altas autoridades del Estado: Ejecutivo, Consejo Nacional Electoral, Fiscalía, Policía y Función Judicial ofrezcan contundentes respuestas ante sus responsabilidades frente a este atroz asesinato, y los consecuentes hechos de violencia, adopten las medidas inmediatas y efectivas para que el crimen organizado deje de operar a sus anchas, e investiguen las posibles complicidades y la penetración de las mafias en los cuerpos de seguridad del Estado y en el Sistema de Justicia.
Si no se actúa con la urgencia que reviste el caso, Ecuador se sumirá aún más en una espiral de violencia como la que envolvió los magnicidios de Galán y Colosio.
Hacemos un llamado a las/os candidatos a consolidar un frente amplio por la paz, la seguridad y la libertad. Además, expresamos nuestra solidaridad a la esposa, hijas y demás familiares de Fernando Villavicencio, y a todas las familias ecuatorianas que pierden a sus seres queridos a causa de la violencia.
Desde nuestros lugares, no admitimos la impunidad como norma y reiteramos nuestras exigencias de investigación, sanción y procuración de justicia y verdad.
