El nuevo informe de A19 México y Centroamérica muestra la falta de garantías para un periodismo libre e independiente, resultado del declive de las condiciones democráticas que ha marcado a la región.
Este artículo fue publicado originalmente en articulo19.org el 22 de abril de 2024.
Posterior al informe Bajo Sentencia: la Censura en Cuba, Guatemala y Honduras, publicado en el año 2020, ARTICLE 19 presenta su segundo informe regional titulado Normalizar la Excepción. El Estado de la Libertad de Expresión en Cuba, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras, producto de la documentación, registro y análisis del estado que guarda la libertad de expresión en la región en el año 2023.
El informe muestra la falta de garantías para un periodismo libre e independiente, resultado del declive de las condiciones democráticas que ha marcado a la región. La violencia desde el Estado, la incapacidad u omisión de este para proteger a periodistas y el uso de la ley, junto a sus mecanismos institucionales para minar al periodismo independiente, se han vuelto prácticas recurrentes que diversos gobiernos utilizan para sostenerse de modo autoritario o beneficiar a determinados grupos que se resisten al avance de la democracia en la región y vulneran la cultura de respeto y garantía de los derechos humanos.
Durante 16 años, ARTICLE 19 ha sido testigo de cómo en México la prensa oscila ante la disyuntiva de “la plata o el plomo”, con personas y medios que pese a todo se mantienen resilientes y continúan con su labor periodística de forma independiente. Durante cinco años, en Centroamérica hemos documentado las derivas autoritarias que se han vivido en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, mientras que en Cuba hemos monitoreado el uso del aparato de Estado para controlar los flujos informativos, la diversidad de voces y de pensamiento, para silenciar y castigar.
No importan los signos políticos, si se declaran de “derecha” o “izquierda”, la deriva autoritaria de países como Guatemala y Honduras es indiscutible. Por otro lado, El Salvador, prometiendo una sociedad libre de la violencia que genera la corrupción, la impunidad y el crimen organizado, avanza en el cierre del espacio cívico.
En esta área, Nicaragua es el país que se consolida como dictadura con el cierre de su espacio cívico. El régimen encabezado por Daniel Ortega no solo encarceló a cientos de personas, también ha decidido desterrar a las voces críticas que se atrevieron a cuestionar la deriva autoritaria de la clase gobernante. El estado cubano, aunque sea difícil de creer, continuó profundizando las leyes para reprimir cualquier voz que cuestione el sistema socialista.
Los gobiernos, electos en procesos electorales transparentes y democráticos o no, no aceptan al periodismo como un contrapoder y, ante esto han optado por obstaculizar su ejercicio, en el marco de la cultura política autoritaria que priva en América Latina y el Caribe.
Sin embargo, en la región también hemos documentado la resistencia de personas defensoras de derechos humanos, comunicadoras comunitarias y periodistas, que muestran su compromiso de informar a la sociedad para que cuente con los elementos suficientes en el ejercicio de sus derechos fundamentales, a pesar de los altos costos que tienen que pagar: cárcel, destierro, exilio forzoso, y, lamentablemente, la vida.
En el informe Normalizar la excepción, damos cuenta de la deriva autoritaria que intenta volver regla la excepción: la suspensión de los derechos humanos, el uso de las leyes y del aparato del Estado para silenciar al periodismo y a las voces críticas como norma en nuestros países. Pero no es normal que la ciudadanía en Honduras y El Salvador viva en regímenes de excepción ante la incapacidad de las instituciones del Estado para garantizar la paz de sus habitantes sin la suspensión de derechos. Tampoco es normal, como ha sucedido en Guatemala, el ejercicio abusivo del poder de las instituciones, como el Poder Judicial y el Ministerio Público, para criminalizar periodistas y revertir los resultados electorales. Tampoco es normal que en Nicaragua y Cuba periodistas, disidentes y activistas se encuentren en prisión, forzadas al silencio o al exilio por expresar críticas o difundir información contraria a la narrativa oficial. Nada de esto es normal pero la sistematicidad de los ataques contra la libertad de prensa nos quieren obligar a normalizarlo.
