Abril de 2024 en Europa y Asia Central: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión producido por el editor regional de IFEX, Cathal Sheerin, basado en informes de los miembros de IFEX y artículos periodísticos de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
La legislación sobre “agentes extranjeros” avanza en Georgia y entra en vigor en Kirguistán; Alemania reprime las manifestaciones pro-Palestina; otro avance bienvenido en la batalla contra las SLAPP; y Rusia sigue persiguiendo a los asociados de Navalny y a los activistas por la paz.
Por la senda del mal ejemplo de Rusia
Georgia
A principios de abril, el partido gobernante de Georgia volvió a presentar su proyecto de ley sobre “agentes extranjeros”.
El proyecto de ley, que ya fue aprobado en primera lectura en el parlamento (y que los legisladores votarían en segunda lectura el 30 de abril), había sido retirado el año pasado ante protestas callejeras masivas. Se han planteado varias teorías para explicar el reciente resurgimiento de esta iniciativa, entre ellas supuestas influencias del Kremlin y la intención del gobierno de invalidar a grupos de observadores electorales antes de las elecciones parlamentarias de octubre de 2024.
Quienes advierten su parecido con la ley de Rusia sobre “agentes extranjeros” se refieren a esta legislación propuesta – denominada oficialmente proyecto de ley “Sobre la transparencia de la influencia extranjera” – como “ley rusa”. Esta norma difamaría a los medios de comunicación y otros grupos de la sociedad civil que reciban más del 20 % de su financiación de fuentes extranjeras, catalogándolos de entidades controladas desde el exterior. Las organizaciones que cumplan estos criterios deberán inscribirse en un registro o enfrentar multas.
La reactivación del proyecto de ley desencadenó protestas masivas en las calles de Tbilisi que se prolongaron durante días y que la policía antidisturbios reprimió, hiriendo a por lo menos cuatro periodistas.
[Traducción: El partido gobernante de Georgia sostiene que el nuevo proyecto de ley no es una ley de “agentes extranjeros”, pero eso es exactamente lo que es. Las autoridades buscan frustrar la candidatura de Georgia a la UE sabiendo que el público apoya abrumadoramente la incorporación a la UE.]
Pero el proyecto de ley sobre “agentes extranjeros” de Georgia no es la única ley en ese país que imita la legislación rusa. A finales de marzo, el partido gobernante Sueño Georgiano presentó su propia versión de la ley rusa de “propaganda gay”, que, entre otras restricciones, prohibirá la promoción pública de relaciones entre personas del mismo sexo.
En declaraciones que recuerdan a las del presidente ruso Vladimir Putin, el primer ministro de Georgia, Irakli Kobakhidze, acusó a organizaciones de la sociedad civil de intentar iniciar revoluciones y de promover la “propaganda gay”.
Kirguistán
En abril, el presidente kirguiso Sadyr Japarov promulgó una ley sobre “agentes extranjeros” en su país. Al igual que su predecesora rusa, esta norma impondrá restricciones onerosas a los grupos de la sociedad civil que reciban financiación extranjera y participen en supuestas “actividades políticas”, lo que socavará gravemente tanto el trabajo como la reputación de estas organizaciones.
A mediados de mes, la organización Open Society Foundations anunció que a raíz de la nueva ley cerraría su fundación nacional en Kirguistán.
Manifestaciones pro-Palestina golpeadas por represiones, difamaciones y deportaciones
Crisis en el espacio cívico
En Europa, los intentos por reprimir las expresiones y protestas propalestinas ya llevan más de seis meses.
Un nuevo informe del Foro Cívico Europeo, publicado a principios de abril que cubre los seis meses transcurridos desde el 7 de octubre de 2023, brinda una descripción detallada de cómo los actos pacíficos de solidaridad con el pueblo palestino (incluidas protestas, reuniones, actividades culturales y el uso de imágenes o símbolos propalestinos) han sido prohibidos, restringidos o atacados de distintas maneras en varios Estados miembros de la Unión Europea (UE).
Según esta organización, en el período cubierto por su informe se prohibieron preventivamente las protestas a favor de Palestina o del alto al fuego en al menos 12 Estados de la UE: Alemania, Austria, Bulgaria, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Letonia, Polonia, República Checa y Suecia. La preocupación por el “orden público” o la “seguridad” fueron las razones más comunes dadas para justificar tales prohibiciones, muchas de las cuales fueron posteriormente revocadas por la justicia.
El informe destaca el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante la represión de las protestas en al menos siete Estados miembros. Entre otros excesos se recurrió al despliegue de perros policía, el uso de gas pimienta y gases lacrimógenos, agresiones físicas, tácticas de encapsulamiento y, en un caso denunciado, granadas paralizantes. El uso excesivo de la fuerza fue particularmente notable en Alemania, Francia, Grecia e Italia.
El informe también señala cómo varios Estados, entre ellos Alemania, Austria y Francia, han equiparado las críticas legítimas contra las políticas del gobierno israelí al antisemitismo. Esta equiparación ha llevado a la cancelación de cientos de eventos culturales y a boicotear a oradores, activistas e intelectuales, así como a despidos.
Esta reacción tan severa al ejercicio pacífico de los derechos de libertad de expresión y reunión suscitó desde un principio la condena de numerosos grupos de derechos humanos. En octubre, durante el estallido de protestas propalestinas en toda Europa, ARTICLE 19, Human Rights Watch y PEN International recordaron a los Estados la obligación que tienen de proteger estos derechos en una democracia plena.
La represión alemana
Aunque los esfuerzos por silenciar las voces propalestinas en Europa han bajado en intensidad en los últimos meses, en Alemania, donde la intolerancia del gobierno hacia las protestas pro-Palestina es particularmente fuerte, las represiones, arrestos y calumnias contra los manifestantes no han cejado.
¿Cómo se explica esto? En parte por la inusual y compleja relación de Alemania con Israel. Como responsable del Holocausto, Alemania ha hecho de su culpa por este casi inimaginable crimen el centro de su cultura nacional. Desde la infancia a los alemanes se les enseña sobre los crímenes de sus antepasados: a no olvidar jamás y que la lección debe ser nunca más. El gobierno alemán también ha hecho de la protección de Israel y los judíos su “Staatsräson” o razón de Estado. Aunque no está consagrada en ninguna ley, este concepto funciona como política de Estado: los políticos alemanes de todos los partidos reconocen esta singular obligación autoimpuesta.
No sorprende que la Staatsräson de Alemania se refleje en las actividades de sus legisladores y agentes del orden dentro del país. En 2019, por ejemplo, el Bundestag alemán aprobó una resolución en la que se calificaba de antisemita a la campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) contra Israel, retirándole la financiación a cualquier grupo que apoyara “activamente” dicha campaña. Frases como “Desde el río hasta el mar, Palestina será libre” han sido criminalizadas y se ha otorgado a los centros educativos la autoridad para prohibir las banderas y kufiyas palestinas.
En este clima, las críticas a las acciones de Israel se suelen tildar de antisemitas, y el control policial de eventos pacíficos críticos de Israel a menudo trasciende todo límite, llegando a pisotear los derechos de libertad de expresión y reunión. El mes de abril nos brindó varios ejemplos de esto.
El 12 de abril, una semana después de la publicación del informe del Foro Cívico Europeo, la policía alemana clausuró el Congreso Palestino convocado en Berlín, donde se habían reunido activistas por la paz para abordar el tema de la guerra de Israel contra Gaza. Las autoridades dijeron que estaban preocupadas por la posibilidad de que se pronunciaran comentarios antisemitas.
El evento había sido descalificado por algunos medios y políticos que lo calificaron de antisemita incluso antes de que comenzara y la policía prohibió la asistencia a prominentes oradores. Entre ellos se encontraba el Dr. Ghassan Abu-Sittah, rector de la Universidad de Glasgow y destacado cirujano de guerra que había trabajado recientemente en Gaza. Abu-Sittah fue detenido por efectivos de seguridad en el aeropuerto al aterrizar en Berlín y deportado al Reino Unido. Más tarde, cuando se mostró un video con un mensaje de Salman Abu Sitta (padre de Ghassan) en el evento, la policía antidisturbios irrumpió en el escenario y cortó el suministro eléctrico.
Otra reconocida personalidad a la que también se le impidió hablar en el Congreso fue el escritor y ex ministro de finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, a quien se le prohibió oficialmente el ingreso a Alemania e incluso la transmisión de su intervención por video.
Paralelamente, la policía alemana arrestó a Udi Raz, un destacado miembro de la organización de la sociedad civil berlinesa Voz Judía por una Paz Justa en Medio Oriente, que había organizado conjuntamente el evento.
Una semana después, en un incidente distinto (pero relacionado), las autoridades de Berlín clausuraron dos centros de servicios operados por la asociación feminista-queer Frieda Frauenzentrum, donde se ofrecía apoyo a mujeres, muchas de ellas jóvenes e inmigrantes, que enfrentan circunstancias difíciles de vida. En la notificación oficial de cierre emitida por las autoridades se citaban tres motivos principales: dos integrantes de la junta directiva habrían sido vistas en vigilias de solidaridad con Palestina supuestamente “provocando” a la policía; otra integrante de la junta habría “publicado múltiples declaraciones propalestinas en su cuenta de Instagram, así como dichos antisemitas y antisionistas contra Israel”; y por último, esta misma integrante habría participado como oradora en el Congreso Palestino de Berlín.
En la última semana de abril, la policía de Berlín desalojó violentamente un campamento de protesta (conocido como “Ocupación contra la ocupación”) que había sido instalado frente a la sede del parlamento alemán el 8 de abril por activistas por la paz que reclamaban que Alemania suspendiera sus exportaciones de armas a Israel. La policía sostuvo que los manifestantes habían cometido delitos, entre ellos incitación al odio y uso de símbolos anticonstitucionales y lemas prohibidos. En las redes sociales se compartieron varias instancias de agentes de policía empleando fuerza excesiva contra activistas no violentos.
[Traducción: La policía golpea a un manifestante en el suelo durante el desalojo del campamento de protesta palestino]
Bielorrusia: otro cumpleaños tras las rejas
En Bielorrusia, las autoridades han cancelado los nombres de dominio de al menos 20 sitios web de noticias calificados de “extremistas”, impidiendo el acceso a muchos de ellos. La Asociación de Periodistas de Bielorrusia (BAJ), que ya había cambiado su nombre de dominio en 2023 anticipando este tipo de acciones, ha publicado una lista de los sitios web afectados. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ha denunciado esta medida que describe como de “privación a medios independientes de sus nombres de dominio” y califica de “forma despiadada de censura”.
La persecución de periodistas independientes y aquellos presuntamente relacionados con las llamadas “organizaciones extremistas” continuó en este país: el 5 de abril, el Tribunal de Distrito de Stolin condenó a Aliaksandr Ihnatsiuk, bloguero y exeditor del periódico Vecherniy Stolin, a seis años de prisión luego de que fuera condenado por cargos dudosos de organización de protestas, difamación del presidente Alexander Lukashenka y extorsión; el 19 de abril, el Tribunal Municipal de Minsk condenó a Anastasia Matsiash, asesora lingüística que había trabajado para el medio de comunicación en el exilio Belsat TV, a dos años de prisión por participar en una “organización extremista”.
En abril, la líder de la oposición encarcelada, Maria Kalesnikava, debió pasar otro cumpleaños tras las rejas. Fue detenida en septiembre de 2020 en medio de las protestas contra Lukashenka que sacudieron Bielorrusia. Estuvo un año detenida antes de que se iniciaría un proceso judicial. En septiembre de 2021, fue declarada culpable de “conspirar para tomar el poder”, incitar a “acciones dirigidas a atentar contra la seguridad nacional” y formar parte de una “organización extremista”, y sentenciada a once años de prisión. Kalesnikava ha sufrido malos tratos y problemas de salud en prisión. Su familia no ha tenido noticias de ella desde febrero de 2023.
[Traducción: El 24 de abril es el cumpleaños de Maria Kalesnikava. Cumple años nuestra Masha, cuya radiante sonrisa se ha convertido en una fuente de apoyo para los bielorrusos y un símbolo de resiliencia para el mundo. Si el régimen “no está en guerra contra las mujeres”, entonces ¿cómo es que ya es el cuarto año que Masha pasa este día tras las rejas? … ]
En breve
Este mes marcó otro paso significativo en la lucha contra una de las mayores amenazas a la libertad de expresión y a los medios independientes en Europa. El 5 de abril, el Comité de Ministros aprobó la Recomendación del Consejo de Europa sobre las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP). Este avance fue recibido con entusiasmo por la Coalición Contra SLAPP en Europa (CASE), que describió la Recomendación como un “conjunto de estándares mucho más sólido y detallado que la Directiva de la UE y que se espera sea crucial durante la transposición y ayude a motivar a los países no pertenecientes a la UE a implementar sus propias protecciones significativas contra las SLAPP. CASE ha publicado un breve resumen de los puntos fuertes y las debilidades de la Recomendación, disponible aquí.
En Rusia, las autoridades continúan persiguiendo a activistas y periodistas que tuvieron alguna relación con el fallecido líder de la oposición Alexei Navalny. A finales de abril, los periodistas Konstantin Gabov y Sergey Karelin fueron detenidos por “participar en un grupo extremista”. Se les acusa de trabajar con la Fundación Navalny y podrían ser condenados a hasta seis años de prisión si son declarados culpables. A finales de marzo las periodistas Antonina Favorskaya y Olga Komleva fueron arrestadas y acusadas del mismo delito, en este caso, por su cobertura del juicio contra Navalny.
Los activistas rusos por la paz siguen en la mira: el 25 de abril, Lyubov Lizunova, de 17 años, fue condenada a 3 años y medio en un centro de detención juvenil por grafitis y publicaciones pacifistas en las redes sociales. Fue detenida en octubre de 2022, junto con Alexander Snezhkov y Vladislav Vishnevsky, quienes recibieron seis años de prisión y un año y medio de prisión, respectivamente. Los tres fueron acusados inicialmente de escribir “Muerte al régimen” en el muro de un garaje y, más tarde, de dirigir un canal pacifista en Telegram. Todos fueron condenados por cargos de terrorismo o extremismo.
El 5 de abril, falleció en prisión preventiva el activista por la paz Alexander Demidenko. Había ayudado a cientos de ucranianos a retornar a su país desde Rusia luego del inicio de la guerra y fue arrestado en octubre de 2023. Demidenko fue acusado de posesión ilegal de armas, aunque afirmó que había sido torturado para confesar dicho crimen.