En este informe Espacio Público recoge testimonios que son una muestra de un ecosistema informativo mucho más limitado y amenazado, que intenta adaptarse y, sobre todo, mantenerse en pie ante la creciente represión.
Este artículo fue publicado originalmente en espaciopublico.ong el 6 de noviembre de 2024.
Ejercer el periodismo en Venezuela tuvo un cambio después del 28 de julio. De un contexto represivo sostenido y de larga data, se concretó un avance en prácticas más violentas, como la masificación de las amenazas y el incremento de detenciones arbitrarias con encarcelaciones de mayor tiempo.
El endurecimiento de la represión obligó a los periodistas a cambiar sus rutinas, suspender parcialmente labores, o incluso renunciar a sus trabajos y cambiar de oficio.
El pasado 28 de julio se registraron 34 denuncias, una cifra comparable al 7 de octubre de 2012. Sin embargo, al revisar el contexto anterior o los meses previos al evento, la incidencia de casos relacionados con las elecciones en 2024 es significativamente mayor que hace doce años, con 98 denuncias de violaciones a la libertad de expresión frente a las diez registradas en 2012.
Entre el 28 de julio y el 31 de octubre, registramos 49 detenciones en represalia por ejercer el derecho a la libertad de expresión e información.
Estas detenciones afectaron a infociudadanos, manifestantes y a un total de 21 periodistas y trabajadores de medios de comunicación. Las detenciones arbitrarias se dieron hacia varios perfiles, incluyendo fotógrafos, camarógrafos y comunicadores de medios nacionales e internacionales.
En muchos casos, las detenciones derivaron en el inicio de procesos judiciales, y más de la mitad de las detenciones arbitrarias hacia periodistas y trabajadores de la comunicación resultaron en encarcelamientos. En todos los casos, se observó un patrón de incomunicación formal, prohibición de visitas regulares, negación de una defensa de confianza y acceso limitado a expedientes e información de los procesos judiciales.
Todos estos datos aparecen compilados en el reciente informe que presentamos este 6 de noviembre, el cual revela un escenario actual mucho más adverso: “Represión y censura postelectoral en Venezuela: el impacto de la violencia estatal en la libertad de expresión y de prensa desde la elección del 28 de julio de 2024”.
En estas elecciones, activistas y la ciudadanía que expresaron públicamente su apoyo a María Corina Machado y al candidato Edmundo González, o medios de comunicación y periodistas que hicieron cobertura de las movilizaciones de ambos, fueron víctimas recurrentes de represalias.
Este deterioro de las libertades durante los períodos electorales tiene un impacto negativo en la democracia, ya que impide que las y los ciudadanos participen plenamente en el proceso electoral y limita su capacidad para tomar decisiones informadas.
Además, crea un clima de miedo y autocensura que inhibe la discusión abierta sobre temas de interés público.
Tras el 28 de julio, más de 2 mil personas resultaron detenidas y al menos 20 asesinadas en el contexto de protestas, se registraron bloqueos masivos de redes sociales, operativos estatales para ampliar la persecución política, y hubo un aumento de la vigilancia física y digital.
En vista de las circunstancias actuales, el periodismo adopta medidas para intentar preservarse: se omite la firma de los artículos; se eluden las coberturas de calle de naturaleza política o se evita abordar temas políticos, especialmente si están relacionados con la oposición; las fuentes se mantienen en silencio en un intento de protección; se recorta o suspende la programación informativa; e incluso se abandona temporalmente el ejercicio del periodismo.
En este informe recogemos testimonios que son una muestra de un ecosistema informativo mucho más limitado y amenazado, que intenta adaptarse y, sobre todo, mantenerse en pie ante la creciente represión y siguen comprometidos con su labor y con la defensa de los derechos humanos.
Los y las periodistas siguen informando sobre los acontecimientos en Venezuela, incluso a riesgo de su propia seguridad. Esta labor es esencial para documentar la crisis humanitaria y exigir responsabilidad al Estado.
Descarga el informe en este enlace.
Si tienes inconvenientes, también lo puedes descargar acá.
