El Estado debe cesar la política de persecución por motivos políticos contra la disidencia real o percibida y cooperar con una justicia genuina ante su expediente por crímenes de lesa humanidad.
Este artículo fue publicado originalmente en espaciopublico.ong el 20 de noviembre de 2024.
Las organizaciones abajo firmantes condenan enérgicamente la citación policial cursada al defensor Oscar Murillo, Coordinador General del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), por una supuesta investigación al amparo de la “Ley contra el odio”, como parte de una escalada represiva del régimen de Maduro dirigida a criminalizar y aplacar la defensa de derechos humanos en Venezuela.
La citación policial no especifica el origen ni el fundamento de la alegada investigación que llevaría a cabo el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) por un “delito de odio” en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira. Este acto es consecuencia de la ola de amenazas e intimidaciones encabezadas por el Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, contra las personas defensoras y organizaciones que pidieron una investigación imparcial sobre la muerte del dirigente opositor, Edwin Santos. El 30 de octubre Cabello había cuestionado por televisión la labor de PROVEA y amenazado con llevar a la justicia a todos aquellos “que denunciaron que había testigos” sobre la detención del dirigente opositor a manos de agentes del Estado.
Entre el 2020 y 2024, la CIDH determinó que los integrantes de PROVEA se encuentran en una situación de riesgo en el marco de sus labores como defensores de derechos humanos considerando los constantes señalamientos en su contra, la vigilancia y los seguimientos por parte de agentes estatales. Entre otros mecanismos, el informe sobre intimidaciones y represalias contra quienes colaboran con la ONU del Consejo de Derechos Humanos, incluyó casos de 42 países, entre los que figuró Venezuela y PROVEA.
Tras las cuestionadas elecciones presidenciales del 28 de julio, Venezuela entró en un nuevo ciclo de violencia política de una escalada y repercusión inéditas que, combinando la represión dura con métodos blandos como reseña la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, busca instalar el terror en la sociedad. La citación a Oscar Murillo no sólo es un ataque individual o a una ONG, sino que representa un intento por socavar a la sociedad en su conjunto, censurando el cuestionamiento al poder y cualquier reclamo por justicia y transparencia en medio de la represión postelectoral. En ese sentido, el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil es fundamental y debe estar plenamente garantizado, así como el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión.
El Estado debe cesar la política de persecución por motivos políticos contra la disidencia real o percibida y cooperar con una justicia genuina ante su expediente por crímenes de lesa humanidad que continúa sustanciándose ante la Corte Penal Internacional. La documentación, denuncia y difusión de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela continuará de la mano de las organizaciones del país y regionales e internacionales que la respaldarán hasta que exista respeto a la soberanía popular y rendición de cuentas. Son por las miles de víctimas por las que prevalece esta misión.
