El cuarto mes del año cerró con 43 casos que suman 110 violaciones a la libertad de expresión, entre las que se repiten de forma más frecuente la intimidación, censura y las restricciones administrativas.
Este artículo fue publicado originalmente en espaciopublico.ong el 7 de mayo de 2020.
El cuarto mes del año cerró con 43 casos que suman 110 violaciones a la libertad de expresión, entre las que se repiten de forma más frecuente la intimidación, censura y las restricciones administrativas. Las víctimas en su mayoría son periodistas, medios de comunicación y trabajadores de la prensa y del lado de los victimarios este mes, los cuerpos de seguridad, instituciones del Estado y funcionarios fueron los principales responsables.
Con la suma de abril se acumulan 442 violaciones al derecho, entre las que destacan 25 detenciones a periodistas y ciudadanos, número que evidencia la radicalización de los ataques en contra de quién realiza la labor de buscar, recibir y difundir información sobre todo en un contexto de pandemia.
Detenidos por expresarse
Durante el mes de abril registramos 25 detenciones motivadas a la busqueda y difusión de información, la mayoría de estas fueron realizadas a ciudadanos por hacer comentarios en redes sociales, y en el caso de periodistas, por la publicación de información referente al COVID-19.
Uno de estos casos es el de la bioanalista del hospital Pedro Emilio Carrillo, Andrea Sayago, quien fue detenida por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), por advertir sobre casos de COVID-19 en la entidad, el pasado sábado 4 de abril.
La detención se llevó a cabo luego de que la noche del 3 de abril Jacqueline Peñaloza, presidenta de Fundasalud Trujillo y esposa del gobernador de la entidad, Henry Rangel Silva, acusara a través de su cuenta en Instagram a la bioanalista de violar secreto médico y calificó a la profesional como «lamentable miseria humana», agregando que divulgar esa información «es un delito y como tal debe sancionarse. No basta una renuncia».
Se conoció que Sayago, de 30 años de edad y egresada como bioanalista de la Universidad de Los Andes, renunció a su cargo en el hospital centinela de Trujillo una vez que reconoció su error por haber hecho pública en su estado de WhatsApp, una orden médica para realizar pruebas de detección de coronavirus.
A la bioanalista se le otorgó una medida cautelar de arresto domiciliario luego de ser imputada por los delitos de «traición a la patria e instigación al odio».
En otro hecho, funcionarios de la Policía Regional de Yaracuy (Poliyaracuy), detuvieron al abogado y defensor de derechos humanos, Iván Virgüez, luego de que criticara a través de la red social Facebook, las medidas de aislamiento que el gobernador, Julio León y la alcaldesa Carmen Victoria Suárez aplican a los migrantes que regresan al país, el pasado 18 de abril.
«Mi hermano dió una opinión sobre la Aldea universitaria y eso parece que le incomodó a la ciudadana Alcaldesa y al ciudadano Gobernador» explicó Aner Virgüez, hermano de Iván.
Virgüez fue detenido en Chivacoa, municipio Bruzual del estado Yaracuy y tenía prevista la audiencia de presentación la tarde del 20 de abril en el Circuito Judicial Penal de la entidad. Sin embargo, su equipo legal informó que la audiencia fue celebrada a altas horas de la noche y fue oficiada por el Juez de Control Municipal, Nexal Bustillo.
Luego de realizada la audiencia, el tribunal ordenó arresto domiciliario y le impuso una medida con prohibición de hablar u opinar sobre asuntos del Estado, medida que próximamente sus abogados apelarán.
En el estado Guárico, detuvieron a Arnaldo Sumoza cuando reportaba sobre una protesta por falta de agua en el sectro El Sombrero. Sumoza es director de la TV regional Canal 15, locutor en 1300 AM (del circuito FM Center). Fue presentado en el Tribunal N° 14 de San Juan de Los Morros.
«El día de ayer 14 de abril, aproximadamente a las 5 de la tarde, habitantes de El Sombrero realizaron una protesta por el mal servicio del agua, un problema que lleva años ya. El periodista, Arnaldo Sumoza se acercó para grabar la situación y fue detenido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), junto con dos personas más Lisethe Rodríguez y Geanfranco Arocha«1.
A Sumoza lo investigan por los delitos de «Alteración al público e incumplimiento de la gaceta (medidas sanitarias por el Covid-19)», y fue excarcelado con un régimen de presentación en tribunales cada 60 días.
Otro caso que destaca es el del periodista Eduardo Galindo Peña, resultó detenido por funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), quienes le solicitaron que les acompañara para que ofreciera declaraciones sobre contenido publicado en su portal web.
“Me trajeron una citación para declarar sobre una nota publicada en el portal Senderos de Apure y bueno voy a declarar para el Conas porque en estos momentos llegaron a mi casa para ver entonces la situación”, explicó Galindo en sus redes sociales.
La detención fue realizada sin ningún tipo orden de allanamiento ni orden de aprehensión, tampoco contó con la presencia de ningún fiscal, lo que viola el debido proceso.
Villanueva, en entrevista con Espacio Público, indicó que mucho antes de llegar a esa alcabala comentó a otro funcionario que eran trabajadores de la prensa, y que se dirigían al cuerpo de bomberos de San Antonio del Táchira, donde está la sala situacional. Los funcionarios la dejaron continuar pero al llegar a Peracal dos oficiales de la guardia no nos dejaron pasar, pues según ellos debían tener autorización de algún organismo.
En medio de la pandemia, funcionarios de la PNB detuvieron al coordinador de la ONG Redes Ayuda, Luis Serrano, la noche del lunes 6 de abril, cuando recibía insumos médicos en su residencia en la urbanización San Bernardino, Caracas.
Serrano explicó que junto a la organización están donando material de protección como tapabocas, guantes y gel antibacterial para los comunicadores sociales que deben realizar su labor durante la pandemia y la cuarentena por el coronavirus. En el hecho también detuvieron a algunos trabajadores de la farmacia Farmarato, quienes hicieron la entrega a domicilio de los productos.
En el estado Portuguesa, funcionarios de la GNB detuvieron al concejal Heddye Antonio Cristancho, por grabarlos mientras vendían gasolina a los ciudadanos que hacían la cola en estación de servicio Cuatricentenaria, en la zona sur de Guanare, el pasado 22 de abril.
La detención fue denunciada por el Partido Comunista de Venezuela (PCV) a través de su cuenta en la red social Twitter, donde exigieron a Nicolás Maduro su liberación inmediata.
#22Abril 📢|
🔊 El PCV denuncia la detención ilegal del camarada Heddye Antonio Cristancho, Concejal de Guanare, estado #Portuguesa, por grabar irregularidades en una oficina de la @GNBoficial con la venta de gasolina.
📌¡Exigimos su inmediata liberación!@NicolasMaduro pic.twitter.com/fZ8N4vUcMI
— Partido Comunista de Venezuela ☭ (@PCV_Venezuela) April 22, 2020
Es notable el incremento de las detenciones arbitrarias por el ejercicio de la libertad de expresión, estas acciones alteran la dinámica y buscan reprimir la denuncia, convirtiéndose así en una práctica regular desde el poder para silenciar a los ciudadanos y periodistas.
Censura en Internet
Las restricciones en Internet se agudizaron este mes, entre bloqueos a páginas, denuncias de phishing y limitación del servicio en el país, los venezolanos cuentan con un ecosistema digital cada vez más reducido.
Muestra de esto es lo denunciado por el observatorio de Internet, Netblocks, que confirmó el 18 de abril la caída del servicio de Internet ABA de la empresa estatal, Compañía Anónima Teléfonos Venezuela (Cantv), en los estados Apure, Guárico, Aragua y Cojedes.
“Confirmado: un corte de Internet del operador estatal ABA CANTV ha desconectado varios estados de Venezuela, incluidos Apure, Aragua, Guárico y Cojedes a partir de las 8:40 p.m. hora local”, indicó a través de su cuenta en la red social Twitter, Netblocks.
Cada vez son más frecuentes las fallas que tiene la empresa Cantv. La falta de mantenimiento e inversión, deja en evidencia el estado en el que se encuentra el principal proveedor de las comunicaciones en el país.
Sumado a estas caídas, este mes se registró un incendio en la sede de la estatal Cantv, ubicada en Chacao, Caracas. El evento provocó fallas de Internet el 5 de abril en Táchira, Mérida, Barinas, Trujillo, Falcón, Lara y Zulia, según el Observatorio de Internet Ve Sin Filtro.
Además de las fallas, Cantv adelanta una serie de bloqueos selectivos a portales y medios que informan a Venezuela en medio de la coyuntura. El pasado 21 de abril, el monitor de Internet Netblocks confirmó el bloqueo de las plataformas de videos YouTube y servicios adicionales tras la publicación de los videos de la sesión del día.
Según el monitoreo se presentaron interrupciones de red intermitentes, en el que 50% de las solicitudes a YouTube y otros dominios fallron después de que el video de la Asamblea Nacional se publicó en línea. Confirmaron la existencias de interrupciones con filtrado SNI.
Netblocks analizó los sitios restringidos en el país después de la sesión de la Asamblea Nacional del día y logró evidenciar que los servidores backend de YouTube, Bing, Google Translate y Android estaban restringidos por la operadora estatal ABA CANTV, que coinciden con los incidentes similares de censura.
Este no es el único ataque que tuvo la Asamblea Nacional (AN), la organización VE sin Filtro denunció que Cantv y el proveedor privado Movistar, bloquearon el acceso a los dominios relacionado con la web de la gestión del presidente de la AN, Juan Guaidó y la reciente plataforma de teleconsultas sobre el Coronavirus, el miércoles 15.
El observatorio de Internet detalló que Cantv aplica un bloqueo DNS a pvenezuela.com, mientras que Movistar aplica un bloqueo DNS también a teleconsulta.presidenciave.org. A estos se suman a otros bloqueos que soporta el mismo portal impulsado por la Asamblea Nacional de Venezuela.
Otra denuncia realizada por el obervatorio de Internet Ve Sin Filtro fue la aplicación de ataques cibernéticos, bajo la modalidad de phishing, a la plataforma Héroes de la Salud de registro de personal médico, llevada adelante por la gestión Guaidó, el pasado 26 de abril.
El ataque fue identificado por VE Sin Filtro, quien detalló el hecho como un ataque cibernético. Detallaron que los usuarios del proveedor estatal CANTV llegaron al sitio malicioso gracias a la manipulación de los servidores DNS de esta empresa del estado, que es el principal proveedor de internet en Venezuela. «Es posible que este sitio malicioso también haya recibido visitas de usuarios engañados al hacer click en links engañosos» expresan en su nota.
Héroes de la Salud es una plataforma impulsada por la gestión de Juan Guaidó para asistir económicamente al personal de salud en el país en el marco de la pandemia de Covid-19, como respuesta a las precarias condiciones en las que trabajan y los bajos sueldos que perciben por su labor.
Cuarentena sin radios
Conatel lleva adelante medidas que limitan la pluralidad y restringen el derecho consagrado en la Constitución Nacional que garantiza que todos los venezolanos puedan acceder a la información utilizando la opción de su preferencia. Un ejemplo de esto es el cierre de la emisora Kariñosa 106.1 FM, ubicada en el municipio Guanipa del estado Anzoátegui, fuera del aire desde el pasado 7 de abril por funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Según el testimonio de Efraín Arocha, director de la emisora, los funcionarios llegaron a la sede de Kariñosa en horas de la mañana bajo la excusa de que realizarían un procedimiento de rutina, proceso que se prolongó durante al menos siete horas.
Arocha detalló que pasada la tarde uno de los funcionarios de Conatel informó que buscaría unos papeles para formalizar la inspección, pero regresó acompañado de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes lo obligaron a apagar los equipos y procedieron al decomiso total de los mismos.
Arocha fue amenazado con que no podía poner resistencia porque “tendría que entenderse” directamente con los funcionarios de la GNB que se encontraban en las afueras del medio de comunicación.
Kariñosa 106.1 Fm contaba con más de 13 años al aire y en ocasiones anteriores Conatel había realizado revisiones de rutina. Esta vez alegaron que la emisora se encontraba funcionando de forma clandestina, motivo por el cual la cerraron y confiscaron todos sus equipos.
No solo Anzoátegui se quedo sin una de sus radios, el estado Mérida tambien se vió afectada con la baja de dos emisoras radiales: Rumberísima 91.9 FM y ULA 107.7 FM quienes quedaron fuera del aire luego de que las constantes fallas en el servicio eléctrico quemaran sus equipos de transmisión.
Este 13 de abril, el racionamiento del servicio eléctrico y las constantes fluctuaciones ocasionaron la quema del transmisor de Rumberisima 91.9 FM quien deberá estar fuera del aire mientras logran reparar su equipo averiado.
Esta misma situación afectó uno de los módulos receptores ubicado en la antena principal de ULA 107.7 FM, la emisora de la Universidad de Los Andes en Mérida, lo que causó que saliera del aire desde el pasado jueves, 16 de abril.
Referencias
1. | ↑ | Entrevista telefónica con María Donalde, realizada el 15 de abril de 2020 |