Indonesia continúa manteniendo en la cárcel al menos a 18 opositores políticos papuanos por actos pacíficos de libertad de expresión y opinión, dijo Human Rights Watch en un informe, «Protest and Punishment: Political Prisoners in Papua» (Protesta y castigo: prisioneros políticos en Papúa), publicado el 21 de febrero de 2007. El informe de 42 páginas […]
Indonesia continúa manteniendo en la cárcel al menos a 18 opositores políticos papuanos por actos pacíficos de libertad de expresión y opinión, dijo Human Rights Watch en un informe, «Protest and Punishment: Political Prisoners in Papua» (Protesta y castigo: prisioneros políticos en Papúa), publicado el 21 de febrero de 2007.
El informe de 42 páginas documenta el uso que hace Indonesia de las leyes penales para castigar a personas que defienden pacíficamente la independencia en las provincias indonesias orientales de Papúa e Irián Occidental (conocidas como Papúa). Los prisioneros fueron condenados por traición o por difundir el odio contra las fuerzas gubernamentales en actividades no violentas como izamientos de bandera o asistir a asambleas pacíficas sobre la autodeterminación para Papúa.
El informe documenta que en casi todos los casos los tribunales impusieron sentencias más estrictas que lo que solicitó la fiscalía. «Los tribunales están siendo usados como una herramienta de represión política», dijo Brad Adams, director para Asia de Human Rights Watch.
Entre los activistas pacíficos en prisión están Linus Hiluka, sentenciado en 2000 a 20 años por traición y por difundir el odio por asociarse con una organización independentista, y Filep Karma y Yusak Pakage, sentenciados en 2005 a 15 y 10 años respectivamente por rebelión y por difundir el odio contra las fuerzas gubernamentales al organizar una celebración pacífica del día nacional de Papúa.
En 2006, Indonesia accedió a los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señaló Human Rights Watch. Pero las restricciones gubernamentales al acceso hacen que sea difícil inspeccionar la situación de derechos humanos en Papúa.
El informe también señala que en muchos casos, las acusaciones de que ciudadanos papuanos acusados de crímenes contra la seguridad del Estado se habían dedicado a la violencia o habían abogado por ella, no parecían tener un soporte sólido en la evidencia presentada.
En su informe anual 2006, Reporteros sin Fronteras (RSF) dijo que las autoridades se habían negado a levantar una prohibición que impide que la prensa extranjera trabaje en Papúa. Un equipo de la televisión australiana fue expulsado de la isla en 2006 y una veintena de periodistas indonesios han sido atacados por la policía en la provincia, dijo RSF.
En un caso más reciente, West Papua Action, una ONG irlandesa, informó que la policía indonesia arrestó a seis estudiantes activistas papuanos durante una demostración en apoyo de nueve prisioneros políticos fuera del edificio del parlamento provincial en Jayapura el 7 de febrero de 2007.
Para Indonesia como un todo, la Aliansi Jurnalis Independen (Alianza de Periodistas Independientes, AJI) dijo que 2006 fue un año de aumento en la intensidad de amenazas y violencia contra periodistas.
Visite estos vínculos:
– Human Rights Watch: http://hrw.org/english/docs/2007/02/21/indone15321.htm
– RSF: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=20786
– West Papua Action: http://westpapuaaction.bus.org/latest%20news3.htm#2
– SEAPA: http://www.seapabkk.org/newdesign/newsdetail.php?No=567
