11 periodistas, 10 medios de comunicación y tres organizaciones de la sociedad civil están entre las víctimas del discurso estigmatizante durante el primer trimestre de 2021.
Este artículo fue publicado originalmente en ipysvenezuela.org el 5 de abril de 2021.
- 11 periodistas, 10 medios de comunicación y tres organizaciones de la sociedad civil entre las víctimas del discurso estigmatizante durante el primer trimestre de 2021
- Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, José Brito, Leocenis García, la cuenta en Twitter de la Aviación Bolivariana de Venezuela y el portal Lechuguinos figuraron como los principales victimarios discursivos en ámbitos tradicionales y digitales
- La creación de matrices y los ataques contra la prensa y las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos dejan en evidencia los intereses malsanos de los actores políticos de ampliar el espectro de silenciamiento, fiscalización y persecución contra las voces informativas y críticas
La criminalización del trabajo periodístico y las campañas sistemáticas de desprestigio se convirtieron en el nuevo mecanismo de ataque contra los trabajadores de la prensa durante el primer trimestre de 2021. Desde los primeros días de enero, y ya avanzado el mes de marzo, los dirigentes políticos, funcionarios públicos, simpatizantes oficialistas y los medios de comunicación de tendencia oficial se apoyaron de los medios del Estado, las redes sociales y sus portales web para denigrar el rol informativo de medios digitales y periodistas.
Entre enero y marzo, IPYS Venezuela registró 14 casos de ataques discursivos y estigmatizantes, y campañas de agravios que se extendieron durante varios días, donde se vieron afectados 11 periodistas, 10 medios de comunicación y tres organizaciones de la sociedad civil posterior a que publicaran información de interés público o generaran denuncias en sus plataformas.
El autoritarismo estatal, la polarización política y el escenario general de la crisis previa, fortalecido por la emergencia sanitaria de coronavirus se ha convertido en caldo de cultivo para que las autoridades públicas y las figuras influyentes estigmaticen a los trabajadores de la prensa, cruzando la delgada línea entre la opinión y la persecución discursiva en su afán por minimizar los abordajes informativos de periodistas, organizaciones y medios independientes.
En cualquier escenario el amedrentamiento y la persecución por medio de las declaraciones de actores de poder, son la antesala a actos de violencia que incrementan los riesgos para ejercer el periodismo, tal como de forma reiterada ha denunciado IPYS Venezuela.
Incluso, en las últimas semanas ha quedado en evidencia que el silenciamiento y la censura se continúan consolidando como política de Estado, luego de que Nicolás Maduro anunciara una serie de leyes y reformas que se estarán aprobando en lo inmediato en el seno del nuevo parlamento, elegido en diciembre de 2020, bajo una larga lista de irregularidades que fueron denunciadas por diferentes países y organizaciones nacionales e internacionales.
La persecución y la estigmatización hacia quienes difunden, tratan y defienden la información parece no detenerse. Tal escenario ha desencadenado que entes y órganos como la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), además de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y otras, alerten sobre la reducción de los espacios democráticos y fijen postura para el cese de la persecución y el amedrentamiento.
Ataques desde Miraflores
El presidente de la República, Nicolás Maduro; el segundo del chavismo, diputado a la Asamblea Nacional (AN) y primer vicepresidente del partido de gobierno, Diosdado Cabello; y José Brito, diputado también a la AN, además de vicepresidente de la Comisión contralora del parlamento y presidente de la Comisión Especial de Investigación de acciones del legislativo del periodo anterior, figuraron como los funcionarios con más altos cargos de la administración pública que atacaron a la prensa durante el primer trimestre de 2021.
Otro punto en común de estos actores fue el uso de medios públicos para señalar a portales de noticias y periodistas. Solo Brito se diferenció de sus pares, atacando a los trabajadores de la prensa por medio de entrevistas vinculadas con sus funciones parlamentarias.
El martes 16 de marzo, en medio de un evento político llamado “Congreso Bicentenario de los Pueblos” que era transmitido por el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), Nicolás Maduro arremetió contra los medios internacionales The Miami Herald, The New York Times y la revista Semana de Colombia luego de que estos portales publicaran información vinculada con Venezuela.
“Miami Herald, la revista basura, la cloaca de la Semana, una cloaca. La Semana de Bogotá es una cloaca. Instrumento del uribismo contra los movimientos progresistas de América Latina y el Caribe, instrumento de la mentira, del paramilitarismo, la cloaca de la Semana, es una cloaca” (sic), dijo Maduro sobre el medio colombiano cuando se refería al año que ha transcurrido desde que su administración iniciara la cuarentena radical por la pandemia de Covid-19.
Luego, su discurso fue dirigido a atacar al The New York Times alegando que el medio estadounidense decía que “Venezuela iba a ser el epicentro del coronavirus mundial. Maldad, perversidad. Quien se mete con Venezuela, se seca, ¿oyeron? cloacas del mundo”, sentenció Maduro.
No es la primera vez que el mandatario ataca a portales y periodistas a través de transmisiones nacionales y en medio de actividades donde cumple su rol como presidente de la República. Durante el mes de febrero había desestimado una publicación de Semana donde se afirmaba la presencia, en territorio venezolano, de varios disidentes de la guerrilla colombiana.
En 2015 el medio neogranadino y su caricaturista Vladimir Flórez fueron atacados por Maduro luego que publicaran el escudo de Venezuela modificado en tono de crítica por las políticas económicas ejecutadas por la administración chavista. En ese momento, el presidente de Venezuela también dedicó palabras a Óscar Alarcón, articulista de la revista.
El hecho de que un mandatario nacional aproveche las transmisiones públicas a través de los medios del Estado para amedrentar y generar ataques contra la prensa bajo ese tipo de términos, deja en clara evidencia que para el Estado, y particularmente para el gobierno, los medios de comunicación son actores políticos que deben verse y señalarse como enemigos de la administración del victimario.
Agravios del número dos
El número dos de la administración chavista ha sido experto en atacar, agraviar y criminalizar el trabajo de la prensa a lo largo de los años. Su programa “Con el Mazo Dando”, transmitido por VTV, se ha convertido en la tribuna para que Diosdado Cabello semanalmente incurra en acusaciones y señalamientos a periodistas y medios independientes.
El miércoles 10 de febrero, en su programa número 330, Cabello sugería al Ministerio Público iniciar una investigación contra Efecto Cocuyo, por un tweet que fuera publicado por el medio, que hacía referencia a la investigación de Semana sobre los movimientos de miembros y líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio venezolano.
“En verdad esto debería ser motivo de una averiguación de parte del Ministerio Público y que ellos demuestren que eso fue aquí en Venezuela, (…) ni siquiera tienen el detalle de decir supuestamente en Venezuela. Ellos aseguran que es en Venezuela. Si aseguran eso, deberían tener pruebas”, dijo el también diputado a la AN luego de leer el tweet del medio independiente.
José Brito, el diputado estigmatizante
Con cuatro casos registrados por esta organización, Brito se ubicó como el principal funcionario público que ha aprovechado sus redes sociales y las ventanas que ofrecen los medios de comunicación tradicionales para atacar, fustigar y criminalizar la labor informativa de diversos reporteros venezolanos.
Desde que la Asamblea Nacional surgida de los comicios del 6 de diciembre se instalara el pasado martes 5 de enero, y Brito asumiera un curul, luego de separarse de la oposición venezolana, la línea discursiva del parlamentario ha estado focalizada en atacar a quienes lo adversan, al igual que contra periodistas, quienes cumpliendo con su deber de informar, preguntar e investigar, han sido sometidos al escarnio público y han sido objeto de señalamientos por parte del diputado.
Roberto Deniz, reportero y editor del portal de investigación Armando.Info, ha sido uno de los más perjudicados por los señalamientos del representante legislativo. En emisiones de dos programas radiales del circuito Unión Radio Noticias, uno del 8 de febrero y otro del 23 del mismo mes, Brito señaló a Deniz como “sicario mediático”, y como “títere de Leopoldo López”. En ambos casos, ni las locutoras de los espacios informativos, ni la emisora conminaron al dirigente a detenerse.
Por estas declaraciones, tanto Deniz como Ewald Scharfenberg, ambos editores del portal de investigación, reprocharon la venia de la emisora ante las declaraciones del parlamentario contra el equipo de Armando.Info, y recordaron la autocensura a la que recurre el circuito radial en temas de interés público por temor a represalias oficiales.
Brito, por medio de la Comisión Especial creada por la nueva AN también ha criminalizado la labor de otros dos comunicadores. Alejandro Hernández, director del portal La Gran Aldea y Alberto Federico Ravell, director de La Patilla y del Centro de Comunicación Nacional, espacio informativo creado por el equipo de Juan Guaidó, fueron señalados por el parlamentario de ser investigados por aparentes delitos contra el patrimonio de la República.
En declaraciones reiteradas a los medios, el dirigente acusó a Alejandro Hernández de ser el presunto testaferro de Julio Borges, comisionado presidencial para Relaciones Exteriores de la administración de Guaidó. “Los bienes de Julio Borges están en poder de este señor Alejandro Hernández. Con él viene una investigación” dijo Brito.
La Gran Aldea, portal que dirige Hernández, ha publicado en múltiples oportunidades reportajes que muestran la actuación de Brito como funcionario público; tales declaraciones del diputado podrían representar acciones persecutorias e intimidantes con el objetivo de silenciar el trabajo del medio de comunicación. Ante los señalamientos, el portal destacó en su sitio web que “el régimen, a través de sus distintos voceros y ejecutores, pasa de la persecución al hostigamiento y de allí a la difamación, siempre como formas de estructurar la censura en Venezuela”.
Solo una semana después, el viernes 5 de febrero, en declaraciones a los medios, el dirigente fue contra Ravell y exhortó al Ministerio Público (MP) estudiar la posibilidad de incautar los bienes materiales a nombre del periodista en Venezuela por su presunta vinculación con el robo de bienes de la República en el extranjero y la incitación al odio.
No es la primera vez que figuras políticas hablan sobre la intención de incautar y expropiar los bienes de Ravell en el país. En 2019 los presentadores del programa pro oficialista “Zurda Konducta”, Pedro Carvajalino y Oswaldo Rivero, señalaron tener la intención de confiscar las propiedades del comunicador. “Hay una voluntad política que es pública (…) pero hace falta una decisión jurídica”, dijo Rivero, de acuerdo con una publicación del portal La Patilla.
A través de su cuenta en Twitter, José Brito también fue contra Gabriela González de El Pitazo, a quien atacó discursivamente el jueves 7 de enero, luego que ésta informara que el diputado asumiría la vicepresidencia de la Comisión de Contraloría de la AN, y encabezaría la comisión investigadora del actuar de los diputados del Parlamento electo en 2015. “Gabriela, no seas palangrista. Cuando uno hace una denuncia es porque tiene todos los elementos probatorios para tal acusación. Cualquiera puede señalar, por ejemplo yo te puedo señalar de ladrona, pero no tengo pruebas para tal acusación. No señalemos ni supongamos” fue la publicación que hizo el político en la red social.
Leocenis García, el dirigente del pro ataque
El coordinador del movimiento político Prociudadanos, Leocenis García, inició el 2021 con ataques contra la prensa a través de su cuenta de Twitter. El lunes 4 de enero hostigó y atacó discursivamente a Víctor Amaya de Tal Cual, Marcos Morin Aguirre de La FM de RCN, Johan Álvarez de Punto de Corte e Irene Sola, luego de arremeter contra la prensa venezolana por el aparente silencio de los medios de comunicación ante los hechos de corrupción en el país.
El dirigente se dio a la tarea de responder y mencionar cada una de las publicaciones de los periodistas para llamarlos “perdedores”, “acomplejados”, “fracasados” y “cobardes”, además de dirigir una amenaza de agresión física contra el reportero de La FM, medio colombiano presente en el país.
Portales y simpatizantes de la agresión discursiva
Los medios de comunicación con una clara línea discursiva progubernamental y los simpatizantes oficialistas también ejecutaron campañas de agravios que se extendieron durante varios días contra portales, periodistas y organizaciones de la sociedad civil entre enero y marzo de 2021, hechos que sumaron seis casos registrados por esta organización.
Sus redes sociales y las de diversos simpatizantes del gobierno de Maduro llevaron a cabo estos ataques contra Efecto Cocuyo, Radio Fe y Alegría, El Pitazo, Caraota Digital, El Estímulo, El Nacional y Reporte Ya. También contra los periodistas Roberto Deniz, Marianela Balbi y Luz Mely Reyes, y las organizaciones no gubernamentales Transparencia Venezuela, Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP) e IPYS Venezuela.
El portal chavista Lechuguinos articuló todos sus esfuerzos con el objetivo de amedrentar y atacar al reportero Roberto Deniz, quien desde el 1 de febrero no dejó de ser expuesto por las redes sociales de esta plataforma, que en unión con otras cuentas vinculadas con la campaña iniciada por el gobierno venezolano para exigir la liberación del empresario colombiano Alex Saab, detenido en Cabo Verde e investigado por actos de corrupción, han generado una persecución digital que se ha transformado en acoso contra el reportero y su familia.
Los ataques contra Deniz tomaron mayor auge cuando surgieron nuevos datos o hechos vinculados con la detención de Saab y su caso. Las guerrillas comunicacionales han trazado como objetivo desacreditar al reportero y a sus investigaciones y, en cambio, han buscado posicionar a Alex Saab como representante y emisario del gobierno venezolano para evitar que las autoridades de Cabo Verde ejecuten su extradición a Estados Unidos.
El 1 de febrero, al igual que los días lunes 8, 15 y el sábado 27 de marzo, y las fechas sucesivas, Deniz fue expuesto por las cuentas en Twitter del portal chavista y el bloque de las cuentas defensoras de Alex Saab. Incluso, a partir del sábado 27, la red de bots y troles posicionaron una etiqueta en la red social con el objetivo de amedrentar e intimidar al reportero por sus trabajos de investigación que han puesto sobre la mirada pública el entramado de corrupción que versa sobre el empresario colombiano.
La organización Cazadores de Fake News denunció que la etiqueta “#DenizVendePatria” se ubicó en la primera posición de tendencias en Venezuela el sábado 27, con 8200 tweets, de los cuales el 89% de los mensajes eran retweets.
Otro dato que destacó la organización fue que la tendencia fue promovida, en gran medida, por “militantes oficialistas (39.9% de los tweets fueron publicados por cuentas con alguna de las siguientes palabras en bio: Chávez, chavista, Maduro, madurista, revolución, revolucionario/a)”
Lechuguinos también expuso durante el primer trimestre a Roberto Deniz a través de su página web con varias publicaciones que estaban sincronizadas con las menciones en Twitter. Producto de la denuncia de las violaciones y defensa de los derechos humanos, IPYS Venezuela y nuestra directora ejecutiva, Marianela Balbi, también fueron víctimas de los ataques discursivos del portal progubernamental y de cuentas en redes sociales con notoria simpatía con el oficialismo.
En una publicación del portal titulada “¡RECONÓCELOS! Sepa quién es la mano peluda que financia la ONG IPYS para mentir sobre Venezuela”, Lechuguinos acusó, bajo matrices de desinformación, a esta organización y a su directora de ser “financiadas” e incluso “entrenadas” por los EEUU.
En la nota, que luego fue divulgada una veintena de veces en la cuenta en Twitter del portal, y difundida por otros usuarios destaca, sin ningún fundamento que Balbi “extorsiona a periodistas, empresas, instituciones y dirigentes políticos, para no ser señalados en sus ‘informes’ y, por ‘sacarlos de la lista’, pide entre 5 y 10 mil dólares según sea el caso”. El texto además reza que todo esto es realizado para mentir sobre Venezuela.
Estos mismos ataques también fueron dirigidos hacia el SNTP y Reporte Ya, cuando brindaron su apoyo público a esta organización.
La articulación que existe entre las cuentas de Twitter de simpatizantes oficiales también desencadenó su fuerza contra el diario El Nacional luego que éste divulgara un especial del Financial Times sobre el uso de cuentas en esa red social por parte del gobierno de Nicolás Maduro para ejecutar la campaña en apoyo a la liberación de Saab.
Desde enero los portales Globovisión, El Universal, Misión Verdad, nuevamente Lechuguinos y la cuenta en Twitter de la Aviación Bolivariana de Venezuela, habían sido artífices de una campaña de descrédito contra Efecto Cocuyo, su directora Luz Mely Reyes, Radio Fe y Alegría, el SNTP, Transparencia Venezuela, y los portales digitales El Pitazo, Caraota Digital y El Estímulo, posterior a una publicación del medio británico Declassified UK (Daily Maverick), el 6 de enero, donde acusaban a Efecto Cocuyo y a organizaciones de la sociedad civil de recibir cooperación internacional del gobierno británico para influir en la agenda informativa venezolana.
El discurso de los medios con línea editorial abiertamente progubernamental estuvo dirigido a señalar a los portales informativos de ser financiados de forma “ilegal”, “para derrocar a Maduro” e “influir en la agenda de los medios en el país”, con el fin de llegar a un aparente dominio social.
A esta línea se sumó el canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, quien denunció “la grosera injerencia del gobierno del Reino Unido en los procesos internos de Venezuela”, declaraciones que tomaron mayor protagonismo a toda cuenta de que el gobierno local mantiene una disputa por activos venezolanos que se encuentran en territorio inglés.
Rápidamente representantes del gobierno de Gran Bretaña señalaron que no existe secreto en el apoyo y las actividades ejecutadas por la embajada de ese país en Venezuela para la mejora de las capacidades de los periodistas y el fortalecimiento de los valores democráticos y los derechos humanos.
Estos hechos se enmarcan en la campaña de estigmatización y hostigamiento contra medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos, humanitarias y de desarrollo social en Venezuela, en la que han participado activamente medios de comunicación privados con una línea editorial progubernamental, medios de comunicación oficiales y estatales, portales anónimos y activistas en las redes sociales así como altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro incluyendo representantes militares.
Preocupa que la insistencia de las autoridades nacionales y sus principales seguidores de señalar a las voces críticas y calificarlas como enemigos internos, constituye una acción que sistematiza los ataques contra la prensa con un objetivo claro: generar un mayor silenciamiento que puede verse fortalecido con la aprobación y aplicación de nuevas herramientas legislativas, producto de la actuación del actual parlamento de mayoría chavista.
IPYS Venezuela denuncia y alerta sobre estos mecanismos que socavan las desvencijadas bases democráticas y elevan el riesgo de la labor informativa en el país, que ya se encuentra perjudicada producto de las acciones autoritarias del Estado venezolano.
Para más imagenes de los mensajes amenazantes ver el comunicado de IPYS Venezuela.
