Desde hace cinco meses se discute en la Cámara de Diputados de Uruguay el proyecto de la “Ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual”, presentada por el oficialismo en mayo de este año para modificar la Ley de Medios vigente.
Este artículo fue publicado originalmente en observacom.org el 29 de octubre de 2020.
Desde hace cinco meses se discute en la Cámara de Diputados de Uruguay el proyecto de la “Ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual”, presentada por el oficialismo en mayo de este año para modificar la Ley de Medios vigente, aprobada en 2014 durante el gobierno de José Mujica. En los debates que se desarrollaron en la Comisión de Industria, OBSERVACOM y otras organizaciones como CAinfo advirtieron que, de aprobarse, el proyecto agudizará la concentración mediática y afectará el pluralismo informativo.
En los cuatro encuentros organizados en la Comisión de Industria, sintetizados por el diario La Mañana Uruguay, es posible distinguir dos posturas. Legisladores oficialistas, representantes del Poder Ejecutivo y sectores de radiodifusión comercial (ANDEBU) plantearon, de modo general, la necesidad de “flexibilización” de las reglas de concentración para “dinamizar los negocios en un escenario de convergencia tecnológica”. Por su parte, organizaciones de la sociedad civil se centraron en los riesgos de la concentración y extranjerización de los medios de comunicación, así como en la eliminación de mecanismos de transparencia.
OBSERVACOM, quien participó en la sesión del 7 de octubre, señaló que la iniciativa presentada por el Presidente Luis Lacalle Pou promueve más concentración, menos pluralismo y cercena la libertad de expresión a través de distintos mecanismos como triplicar la cantidad de medios que puede acumular actualmente una misma persona o empresa al pasar de 3 a 8 licencias, eximir de los límites de acumulación a quienes tienen menos del 30% de capital accionario en cada medio; derogar todas las disposiciones anti concentración en la TV paga; promover la extranjerización de la propiedad de las empresas de TV paga; eliminar la prohibición de propiedad cruzada entre TV y acceso a Internet, congelar y eternizar la propiedad a los dueños actuales y bloquear cualquier ingreso de nuevos operadores, entre otros aspectos.
“Estamos muy preocupados por este tema. Creemos que algunas disposiciones del proyecto de ley a estudio -y lo que deroga tácitamente- contradicen principios importantes para la democracia y el ejercicio pleno de la libertad de expresión, favoreciendo una excesiva concentración del poder en una élite empresarial del país”, dijo Gómez de acuerdo con el diario La mañana de Uruguay.
En el mismo sentido, desde el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), Daniel Lema advirtió que “los cambios propuestos en materia de regulación anticoncentración implican un retroceso importante en materia de pluralismo y diversidad de los medios del país. Además, se afectan las recomendaciones y los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión”.
Además, planteó que el proyecto de Ley atenta contra la participación ciudadana y la transparencia al eliminar la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA) y la realización de audiencias públicas para la asignación de frecuencias.
Cabe recordar que la Coalición por una Comunicación Democrática de Uruguay también había denunciado a través de un comunicado que el proyecto del oficialismo generará un retroceso en materia de derechos, de promoción de la producción nacional y límites a la concentración, la transparencia y la participación ciudadana.
