En la Declaración, los representantes de AMARC en América Latina y el Caribe hacen un llamado al estado para garantizar los derechos de libertad de expresión y comunicación y poner fin a las prácticas discriminatorias contra los medios comunitarios.
(AMARC/IFEX) – 30 de noviembre de 2011 – En la Declaración de Lima, los representantes de AMARC en América Latina y el Caribe hacen un llamado al estado para garantizar los derechos de libertad de expresión y comunicación y poner fin a las prácticas discriminatorias contra los medios comunitarios.
La Declaración de Lima: El trato a las radios comunitarias es parámetro del respeto a los derechos humans por parte de los estados
Los y las representantes nacionales de catorce países latinoamericanos, junto al Consejo Regional y el Programa de Legislaciones y derecho a la comunicación de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias – América Latina y Caribe (AMARC ALC) reunidos/as en Lima, Perú, los días 25 y 26 de noviembre de 2011, hemos revisado la situación de las radios comunitarias de la región a la luz de los Principios para garantizar la diversidad y el pluralismo en la radiodifusión y los servicios de comunicación audiovisual formulados en 2010 por nuestra organización.
Tomando en consideración:
a. La situación de los medios de comunicación en general y de los medios comunitarios en particular en la República de Honduras, caracterizada por un ambiente hostil a la actividad comunicacional, informativa y periodística, en la que se pone en riesgo en forma cotidiana la vida de las personas y la integridad de las instalaciones.
b. La existencia de medidas cautelares determinadas por los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos respecto de tales hechos ocurridos en Honduras.
c. La situación de violencia contra el periodismo que se verifica en la República de México.
d. El marco legal discriminatorio contra los medios comunitarios mexicanos, que se suma a una deuda histórica que se manifiesta en las modificaciones y los vacíos que aún subsisten tras la declaración de inconstitucionalidad de partes sustantivas de la reforma a la Ley Federal por parte de la Corte Suprema.
e. La existencia de varios centenares de personas bajo proceso penal en Chile, Brasil, México y Guatemala, países donde las condiciones legales impiden acceder a la concesión o licencia de un medio de radiodifusión, con agravantes tales como exigir para la procedencia de medidas de «probation» la entrega del equipamiento a las emisoras comerciales o sus cámaras societarias.
f. La verificación en varios países del continente de la vocación de los sectores concentrados de la radiodifusión, en alianzas con sectores políticos, de obtener reformas legales que garanticen la inamovilidad de los actuales propietarios de los medios en el espectro radioeléctrico, por vías tales como la entrega de las licencias a perpetuidad, prórrogas automáticas sin constatación alguna del cumplimiento de las leyes, o aumento de los plazos de asignación de licencias o concesiones, determinando así la equiparación de las mismas a la entrega de un derecho de propiedad sobre un recurso caracterizado como patrimonio común de la humanidad, implicando un privilegio inadmisible en el sistema democrático del Estado de derecho, circunstancias de ocurren en Chile, México, Guatemala y Honduras.
g. La constatación de la permanencia en los regímenes legales en países como Honduras y Guatemala de mecanismos de asignación de frecuencias por vía de subasta, contrariando las advertencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
h. La insistencia del Congreso paraguayo en adoptar reglas discriminatorias y criminalizantes de los medios comunitarios.
i. La inexistencia de reglas jurídicas que admitan el funcionamiento de los medios comunitarios como tales en varios países de la región o bien que sólo los admiten en condiciones de discriminación que las condena a la extinción o escasa visibilidad social.
j. La aún inconclusa discusión de nuevas y más democráticas reglas para la actividad en Uruguay y Brasil.
k. La subsistencia, pese a los reclamos del Sistema Interamericano, de las previsiones legales de sanciones penales a quienes no pueden acceder legítimamente a la posesión de una licencia o concesión para operar servicios, lo que significa amenazar con la pérdida de la libertad personal a quienes quieren ejercer el derecho a la comunicación.
Declara:
1. Su repudio a las regulaciones y prácticas administrativas discriminatorias contra los medios comunitarios y de la sociedad civil.
2. Su rechazo a los actos de violencia contra los/as trabajadores/as de los medios comunitarios, ya sea a través de violencia institucional o delincuencial que buscan acallar a las organizaciones de la sociedad civil.
3. Su preocupación y rechazo por la adopción de reglas antidemocráticas destinadas a mantener situaciones de privilegio en la actividad radiodifusora a favor de los sectores más poderosos de nuestras sociedades.
4. Su rechazo absoluto a la existencia de reglas penales que castigan a los medios de comunicación comunitarios que no tienen posibilidad de regularizar su situación en condiciones democráticas y accesibles.
AMARC ALC hace un llamado a los Estados de la región y a los órganos del Sistema Interamericano para concretar:
– La sanción de reglas jurídicas más democráticas y compatibles con los Estándares Interamericanos de libertad de expresión y derecho a la comunicación.
– El cese de las prácticas discriminatorias contra los medios comunitarios y la abolición de las leyes que las permiten.
– El cese de las prácticas facilitadoras del aumento de la concentración y los monopolios en la radiodifusión.
Lima, Perú, 25 de noviembre 2011
Firman,
Carlos Aparicio, Vicepresidente de AMARC ALC
Perla Wilson, Vicepresidenta de la Red de Mujeres de AMARC ALC
Liliana Belforte, Subregión Cono Sur
Ana Limachi, Subregión Andina y representante de AMARC en Bolivia
Oscar Pérez, Subregión Centroamérica y representante de AMARC en El Salvador
Arthur William, Subregión Brasil y representante de AMARC en Brasil
Sócrates Vázquez, Subregión México y representante de AMARC en México
Juan Ortega, representante de AMARC en Chile
Alfredo López, representante de AMARC en Honduras
Geovanni Acate, representante de AMARC en Perú
Alcides Villamayor, representante de AMARC en Paraguay
Rogelio Suárez, representante de AMARC en Venezuela
Cándido Rodríguez, representante de AMARC en Guatemala
Juan Carlos Duarte, representante (a.i.) de AMARC en Nicaragua
Carlos Regueyra, representante de AMARC en Costa Rica
Fabián Romero, representante de AMARC en Uruguay
Gabriel Cena, representante de AMARC en Argentina
Damián Loreti, Asesor Legal de AMARC ALC
Carlos Rivadeneyra, Coordinador Regional de AMARC ALC
