Entre otros puntos, la nueva normativa aumenta los límites de las licencias para servicios de radio y TV que se pueden acumular, al mismo tiempo que habilita una mayor extranjerización del sistema de medios.
Este artículo fue publicado originalmente en observacom.org el 8 de agosto de 2024.
El proyecto obtuvo la sanción definitiva en la Cámara de Diputados solamente con los votos de los partidos de la coalición oficialista, a pesar de contar con un amplio rechazo de entidades nacionales e internacionales y cuestionamientos por la inconstitucionalidad de algunos artículos
La nueva “Ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual” – conocida como Ley de Medios – fue aprobada en la madrugada de este jueves 8 de agosto tras obtener la sanción definitiva en la Cámara de Representantes del Congreso uruguayo, con 50 votos – sobre 91 diputados presentes – pertenecientes a los partidos de la coalición de gobierno.
El oficialismo pidió en la cámara baja tratar como “grave y urgente” el proyecto que deroga gran parte de la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 19.307 y, aunque la propuesta fue cuestionada por amplias entidades nacionales e internacionales y rechazada por la oposición, finalmente culminó su trámite legislativo y esperará por la promulgación del presidente.
Los cambios
Entre otros puntos, la nueva normativa aumenta los límites de las licencias para servicios de radio y TV que se pueden acumular, al mismo tiempo que habilita una mayor extranjerización del sistema de medios.
También deroga todas las disposiciones que establecían obligaciones de transparencia al gobierno, y suprime las audiencias y consultas públicas sobre procedimientos de otorgamiento de autorizaciones y licencias para prestar servicios de comunicación audiovisual. A la vez que elimina la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (Chasca), un organismo con el rol de control ciudadano frente a las decisiones gubernamentales en la materia.
A su vez, se quita la disposición que obligaba a los titulares de servicios de comunicación audiovisual comerciales que empleen espectro radioeléctrico -excluyendo los satelitales -, a pagar un canon por “el derecho a la utilización y aprovechamiento de frecuencias”, recursos que tenían como destino a un fondo de promoción audiovisual.
Artículos inconstitucionales
La ley contiene un artículo -el Nº 72- ampliamente cuestionado por establecer una censura a medios y periodistas, ser violatorio de la libertad de expresión e inconstitucional, incluso por miembros de la propia coalición de gobierno. El mismo dispone que los medios de comunicación deberán brindar “información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones” de manera “completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada”, bajo la pena de sanciones por parte del Estado.
El diputado del Partido Colorado – miembro de la coalición de gobierno -, Martín Melazzi, sostuvo que si bien no compartían el contenido del mismo, resolvieron votar el proyecto “con el convencimiento, la aspiración y la convicción de que este artículo no prospere posterior a esta votación”, haciendo referencia a un posible veto del presidente al artículo en cuestión, quien hasta el momento no se ha pronunciado sobre el mismo.
El diputado del Frente Amplio -principal partido de la oposición-, Gustavo Olmos, dio a conocer un documento de la División Jurídica del propio Poder Legislativo, donde se asegura que algunos artículos de la normativa violan la Constitución, puesto que refieren a crear cargos y gastos por fuera de las leyes de presupuesto y en periodo electoral.
Según manifestó el diputado del FA, Gabriel Tinaglini, “lamentablemente lo que llega del Senado es mucho peor que lo que el año pasado votó el oficialismo en esta cámara” y representa un retroceso “en materia de derechos humanos y transparencia”.
Grandes cuestionamientos
Desde el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) manifestaron que con la nueva ley se concreta un marco legal “contrario a los estándares interamericanos de libertad de expresión”.
Zuliana Lainez, vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas, por su parte, afirmó que la ley “acentúa la concentración mediática y pone opacidad en el otorgamiento de licencias para radio y TV”.
En línea con estas preocupaciones, la Relatoría Especial para la Libertad Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó tiempo atrás que la reforma «podría implicar censura previa y generar impactos en la concentración de medios, la transparencia y la participación ciudadana”.
La UNESCO y la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), habían advertido que la ley “es contraria a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”. Mientras tanto, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó públicamente el artículo 72 de la nueva ley, y había instado a que no se votara la iniciativa “por considerar que vulnera la libertad de expresión y de prensa”.
