La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) fue incapaz de descifrar los esquemas que utilizaron dos grupos mediáticos en Ecuador para concentrar frecuencias y consolidar así, imperios de la comunicación en el país.
Este artículo fue publicado originalmente en fundamedios.org el 19 de febrero de 2021.
Es oficial. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) fue incapaz de descifrar los esquemas que utilizaron dos grupos mediáticos en Ecuador para concentrar frecuencias y consolidar así, imperios de la comunicación en el país.
Los resultados finales de la recalificación ofrecida por ARCOTEL, que significaron un aplazamiento del concurso público para la adjudicación de frecuencias de dos meses, ratificaron como ganadores de frecuencias a empresas que ya fueron identificadas como parte de la red de Ángel González y del alcalde de Quito, Jorge Yunda.
Fundamedios constató a través de una investigación que “El Fantasma” competía por nueve matrices: Tropicálida Stereo (91.3), Fabu Stereo (105.7), Galaxia Stereo (88.5), La Tuya (104.5), Alfa Stereo (104.1), Platinum FM (90.9), La Fabu (97.3), Metro Stereo (88.5) y Joya Stereo (96.1). La mayoría de emisoras tiene presencia nacional, su matriz se ubica en Quito o Guayaquil y suma 19 repetidoras en provincias.
Según los resultados finales y las listas de la ARCOTEL, de las nueve frecuencias que forman parte del imperio mediático de Ángel González, solamente RIDALTO RIDALTOSA S.A, La Fabu (97.3), no cumplió los requerimientos, según el Informe Jurídico Final, permitiendo así que 8 empresas pasen a formar parte del imperio mediático de Ángel González en América Latina.
En el caso de ECUADORADIO S.A., por ejemplo, constan como accionistas el Grupo El Comercio C.A. y Telecomunicaciones Globales de Entretenimiento Televisivo Holding Telglovis S.A. Sin embargo, Telglovis S.A., accionista mayoritaria del Grupo El Comercio, es de propiedad de la empresa uruguaya BLACKSTER S.A. presidida por Juan Carlos González Sáenz, sobrino de Ángel González, y según ARCOTEL no está inmersa en ninguna prohibición, cuando en realidad más del 49% del paquete accionario está en manos de extranjeros.
En el caso del alcalde de Quito Jorge Yunda es similar. Desde Fundamedios alertamos que a través de un esquema de entrega de acciones de las radios a familiares y amigos cercanos, prácticamente, Yunda logró mantener un control sobre ocho frecuencias que entraron a concurso, sin ser señalado por concentración.
Ahora, con la venia del Informe Final de la ARCOTEL, la familia del Alcalde de la Capital también consolidará un imperio mediático, con la entrega de siete frecuencias y 21 repetidoras en provincias. En estas listas constan: La Otra FM (91.3), Armónica (98.9), Radio Canela (90.5), Radio Canela Ibarra (92.7), Canela Chimborazo (94.5), RadioEventos (89.3) y Komunikest (94.5).
El 12 de enero el ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Andrés Michelena, conjuntamente con el director Ejecutivo de la ARCOTEL, Xavier Aguirre, anunciaron en la ciudad de Guayaquil, que en marzo próximo empezará un nuevo concurso público para la concesión de 2 347 frecuencias de radio y otro concurso para la concesión de 3 016 frecuencias de televisión abierta, a escala nacional, a partir del mes de abril.
Michelena resaltó que en el nuevo concurso para la concesión de las restantes frecuencias de radios FM, podrán participar, entre otros, quienes fueron descalificados en el actual concurso, por no cumplir los requisitos mínimos, pero “antes tendrán que corregir sus errores”.
Desde Fundamedios ratificamos nuestro rechazo al uso de los procesos públicos competitivos para consagrar la concentración de frecuencias en el Ecuador y alerta para que las autoridades públicas que tiene la obligación de velar por el buen uso de los recursos del Estado, como las frecuencias radio y televisión, actúen con la inmediata revisión de loa actuado por ARCOTEL.
Finalmente, anunciamos que estaremos pendientes de los nuevos procesos que se realicen, así como de mantener informada a la sociedad sobre las irregularidades que se puedan cometer y que afecten la libertad de expresión o de información.
